Ciudad de México, México.– La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso local turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia las iniciativas para reformar el Código Penal local, mismas que provienen de la Jefatura de Gobierno, así como de los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León (MORENA); Mauricio Tabe Echartea, Diego Orlando Garrido López y Héctor Barrera Marmolejo, del PAN.
Las propuestas de los legisladores van en el sentido de limitar los beneficios a delincuentes reincidentes, y endurecer las penas por robo de celulares, así como sancionar la omisión de servidores públicos en la impartición y procuración de justicia.
La propuesta del diputado José Luis Rodríguez tiene como propósito limitar los beneficios judiciales a los delincuentes reincidentes, “ya que la reincidencia ocurre con frecuencia en la Ciudad de México, debido a que la normatividad vigente da pie a que quienes delinquen en las calles, cometiendo delitos que no alcanzan penas más allá de los cinco años de prisión, salgan en libertad, por medio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena”.
En la propuesta, el legislador indica que uno de los delitos cometidos con mayor frecuencia por los reincidentes es el robo, mismo que para alcanzar una pena mayor de cuatro años y hasta 10 años de prisión, debe ser porque el objeto hurtado tenga un valor de más de 750 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.
Por ello, la propuesta es para reformar y adicionar una fracción al artículo 89 del Código Penal local y especificar que los reincidentes no podrán tener el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La redacción de la adición es: “que el sentenciado no haya reincidido en dos ocasiones anteriores en el mismo delito”.
También en el tema de reincidencia, los diputados Mauricio Tabe, Diego Garrido y Héctor Barrera, del PAN, presentaron una iniciativa de modificación al mismo ordenamiento.
“La propuesta consiste en el castigo severo a la reincidencia, no como una teoría sustentada en el potencial peligro para la sociedad, sino como parte de la obligada regulación de un peligro real, de delincuentes que han probado que no se detienen para hacer un enorme daño, a través de conductas de gran impacto por su cercanía con las víctimas en la convivencia social, que ya cumplieron una condena y al salir de prisión cometen nuevamente conductas delictivas, que además de atentar contra bienes agregan entre los componentes violentos y modos de operar, la afectación a la integridad física y la vida de sus víctimas”, añade la propuesta.
La pretensión es reformar el Código Penal: Adiciona un artículo 24 BIS para determinar la definición procesal de reincidencia; adicionar la fracción II, del artículo 30 para considerar a la prisión vitalicia dentro del catálogo de penas aplicables; además, se busca modificar el párrafo primero, adicionar un párrafo segundo, y modificar el párrafo tercero.
Asimismo, se adiciona una fracción VIII, al artículo 72 y se recorre la subsecuente, para considerar como criterio de aplicación e individualización de la pena, a la reincidencia. Se adiciona un párrafo al artículo 84, para determinar que, en caso de reincidencia, no aplica la sustitución de penas.
Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Héctor Barrera impulsa la propuesta de reforma a la fracción II del artículo 223 y adicionar un artículo sexto transitorio al Código Penal local, en materia de robo de teléfonos celulares.
Necesario tipificar la omisión del servidor público, cuando se abstenga de iniciar una investigación
El parlamentario José Luis Rodríguez también entregó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la iniciativa para reformar y adicionar la fracción XIII al artículo 293 del Código Penal, con el objetivo de fortalecer la justicia en favor de las víctimas.
De acuerdo con la propuesta turnada para su análisis y dictaminación, el sistema de procuración e impartición de justicia atraviesa por una crisis de falta de legitimidad y desconfianza de la ciudadanía.
“Son pocos los mexicanos que confían en la capacidad y la ética de los Ministerios Públicos federales y locales. La Ciudad de México no es la excepción, la percepción de victimización delictiva no favorece la legitimidad, credibilidad y confianza en la procuración de justicia”.
“Por ello, existe la necesidad de que se tipifique la omisión del servidor público cuando se abstenga de iniciar una investigación, afectando los derechos de acceso a la justicia de las personas; así como tipificar la comisión de actos de corrupción que motiven el inicio de carpetas de investigación aun cuando no existan elementos suficientes para hacerlo, o bien su integración sea negligente”, señala la iniciativa.
