Ciudad de México, México.– Legisladoras y legisladores capitalinos coincidieron con especialistas en materia judicial y de procuración de justicia en la necesidad de dar
mayores oportunidades educativas, laborales, culturales y recreativas a niños y jóvenes, y mejorar la infraestructura social, con parques, escuelas y bibliotecas, como estrategias para resolver de fondo los problemas de inseguridad en la Ciudad de México y elevar los índices
de desarrollo humano de la población.“Aspiramos a dar no solamente las leyes que se necesitan, sino los beneficios sociales que nuestro pueblo requiere para desarrollarse y ser feliz”, expresó el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, organizador de la tercera_ Mesa de análisis y coordinación interinstitucional, casos de éxito.
El legislador del grupo parlamentario de MORENA explicó que ésta es una iniciativa para la búsqueda de soluciones que contribuyan a resolver el problema de la delincuencia en la capital, con la participación de especialistas en materia judicial y de procuración de
justicia, y la revisión de casos de éxito interinstitucional en seguridad.
“El fin último del Estado mexicano, y de cualquier Estado en el mundo -dice la doctrina política- es el bien común y la felicidad de sus gobernados. Partiendo de esa premisa, la aspiración de los ciudadanos es vivir felices, en paz, con armonía y bienestar. Si no lo logramos vamos a llenar las cárceles de ciudadanos frustrados, que no lograron
alcanzar su desarrollo y esplendor”, expresó el diputado Salgado.
Durante su mensaje inaugural, la diputada de MORENA, Leticia Varela Estrada, aseguró que el tema de seguridad e impartición de justicia no se limita “al policía y el ladrón, sino que concluye con las y los jueces”.
“Nosotros en la Comisión de Seguridad queremos terminar con los índices de impunidad porque lo que estamos viendo es que los ladrones tardan más en entrar que en salir de prisión y para ello es necesario fortalecer las acciones en materia de seguridad, así en la procuración e impartición de justicia”, indicó.
Varela Estrada, presidenta de esta comisión, aseguró que escuchar a los jueces mediante estas mesas de trabajo, dota de elementos a los legisladores para enriquecer el análisis y elaboración de las iniciativas de ley, en este caso la propuesta de la Jefa de Gobierno en
materia de seguridad, la cual, dijo, “se dictaminará próximamente en un periodo extraordinario”.
El diputado Ricardo Fuentes Gómez, de MORENA, resaltó la necesidad de resolver el fenómeno de “la puerta giratoria”, es decir, delincuentes que son detenidos y liberados al poco tiempo, para evitar la reincidencia y reducir los índices delictivos.
El legislador lamentó que con el actual Código Nacional de Procedimientos Penales y el nuevo Sistema Penal Acusatorio “cada vez hay menos reincidencia, porque hay menos sentencias”.
En tanto, María Magdalena Sánchez Alba, juez Cívico en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, indicó que la nueva Ley de Cultura Cívica pone énfasis en la concienciación de las personas sobre la importancia de la cultura cívica y “ser buenos ciudadanos”.
Asimismo, indicó que la característica principal de dicha ley, es implementar una nueva forma de acercamiento de los ciudadanos con las autoridades y fomentar la participación activa de los habitantes de la Ciudad de México en la construcción de una sociedad justa,
igualitaria, equitativa y en paz.
Sánchez Alba aseguró que es indispensable incorporar en las escuelas y los centros de educación materias con contenidos cívicos y de cultura de la legalidad, especialmente en el nivel básico. “Esta educación debe realizarse con programas publicitarios dirigidos especialmente a la niñez”.
Destacó la importancia de impulsar dentro de todas las áreas de la administración pública local, políticas públicas y programas referentes a valores y principios de la cultura cívica y el pleno reconocimiento de los derechos tanto por parte de los ciudadanos como de
los servidores públicos. “Promover los valores de la cultura cívica a través de diferentes espacios, es lo que va a enriquecer a la sociedad”.
Andrés Miranda González, juez Penal especializado en Ejecución de Sanciones Penales, presentó una ponencia sobre los retos y perspectiva en la Ciudad de México del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
Analizó los avances en la aplicación del nuevo Código Penal local, contrastados con los principios generales del Derecho y los derechos fundamentales que establece, como la presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento, garantía de que no queden impunes los delitos, acceso a una justicia completa, gratuita e imparcial, reparación del daño a las víctimas, y exhaustividad y coherencia para las resoluciones.
Sugirió el desarrollo de mecanismos para verificar los datos personales de los detenidos, sin violar sus derechos humanos, para evitar que se identifiquen falsamente, y desarrollar una base de datos real de los infractores. “Hemos intentado quitar esta idea de la puerta
giratoria”.
Álvaro Quiroz Cabrera, juez de Ejecución de Sanciones Penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio, se refirió a la percepción social de la inseguridad y a la necesidad de establecer mecanismos para la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias de
seguridad pública y procuración de justicia para la prevención del delito y el cambio en la percepción de la ciudadanía.
En este sentido, estableció la necesaria coordinación entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo “para atender a una ciudadanía sedienta de justicia”, y aseguró que el nuevo Sistema Penal Acusatorio, como eje del Poder Judicial, ha permitido dar mayor certeza jurídica a la población, protección y mejor acceso a la justicia.
Aseguró que una adecuada aplicación de la justicia se traduciría en una disminución de los índices delictivos, y que sólo con el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los delincuentes se puede lograr la reinserción social, por lo que solicitó “no criminalizar la
pobreza” y dar mayores oportunidades educativas, laborales y de esparcimiento a las personas que viven en condiciones de pobreza.
Tras las ponencias de los especialistas, la diputada Leticia Varela cuestionó su opinión sobre cómo prevenir el robo de celulares y si consideran adecuado el incremento en la penalización de este delito, a lo que Álvaro Quiroz respondió que a nivel internacional se ha
comprobado que el aumento en las penas y la construcción de más reclusorios no ayudan a disminuir la delincuencia.
“Considero que la forma de combatir la delincuencia se debe trabajar desde la base del aspecto social, y de ofrecer un mayor desarrollo a los niños y jóvenes. Que no vean a la delincuencia como el único camino para lograr sus sueños”, concluyó el maestro en ciencias penales.
