Ciudad de México, México.– Morena buscará aprobar el mayor número de dictámenes y reformas pendientes esta semana, entre ellas, la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, a fin de cerrar un periodo ordinario marcado por el intenso trabajo legislativo que trazó el rumbo de la Cuarta Transformación del país, afirmó su coordinador, Mario Delgado Carrillo.
Asimismo, planteará que el o los periodos extraordinarios en el Congreso de la Unión, se convoquen después de haber desarrollado el proceso electoral, a partir de la segunda semana de junio próximo.
“Estamos cumpliendo a lo que vinimos, a lo que nos comprometimos”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en un comunicado.
El líder parlamentario sostuvo que acompañarán la política de austeridad que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para acabar de una vez con abusos y evitar la “fantochería” en la función pública.
“Esta reforma es muy importante ya que contempla cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para regular y atender la ejecución del gasto público con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y honradez”, subrayó.
En ese sentido, apuntó que Morena agotará todas las vías del diálogo con las demás fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, para conciliar las diferencias y que antes de concluir el periodo se apruebe en el Pleno esta ley.
“Los servidores públicos deben vivir en la justa medianía, similar a la de administraciones austeras, como la del Presidente Benito Juárez. En la Cuarta Transformación las medidas de austeridad republicana son nuestra base y a través de ellas planteamos el uso eficiente, racional y transparente de fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos”, aseveró.
Sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Delgado Carrillo expuso que se analizará de forma inédita en la Cámara baja, pues se trazó una ruta para su discusión que contempla que una vez recibido dicho documento, se turnará a todas las comisiones ordinarias, quienes tendrán un plazo de hasta 30 días para emitir sus conclusiones en los temas competentes.
“Por primera vez hemos diseñado un acuerdo para establecer reglas claras y precisas sobre el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual debe dar legitimidad y apertura a todas las voces, con el fin de enriquecer este documento”, destacó.
Comentó que será la Conferencia para los Trabajos Legislativos y la Jucopo, mediante acuerdo y con base en las propuestas de las comisiones ordinarias quienes establecerán criterios para celebrar con un carácter abierto, regional, inclusivo y representativo, reuniones audiencias y foros de Parlamento Abierto con la sociedad interesada y los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno en la discusión del PND.
“Las conclusiones de las comisiones ordinarias deberán determinar si el PND incluye o no los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución. Asimismo, la Mesa Directiva recibirá estas observaciones y las tunará a su vez a la Conferencia para los Trabajos Legislativos para que ésta elabore un documento donde señale si el PND cumple o no con los términos de la Ley de Planeación”, detalló.
Una vez que esto suceda, agregó, el presidente de la Conferencia podrá exponer ante el Pleno el acuerdo, mismo que será sometido a discusión entre todos los grupos parlamentarios en el proceso legislativo correspondiente, en caso de que la asamblea determine que el PND no incluye los fines del proyecto nacional, se remitirá al Ejecutivo para las adecuaciones necesarias.
El líder parlamentario dijo que buscará un encuentro con los senadores de la República para definir los temas que podrían ser discutidos en periodo extraordinario, con el fin de atender los pendientes que hay en el Congreso de la Unión y continuar avanzando hacia la Cuarta Transformación.
Comentó que necesariamente debe haber un periodo extraordinario para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y en ese mismo se podrían abordar las leyes secundarias de la Guardia Nacional, así como otros temas que se consensen con el Senado de la República.
