Ciudad de México, México.– El presidente de la mesa directiva, Martí Batres, afirmó que el Senado de la República es un aliado para impedir la privatización del agua y garantizar el acceso de este recurso vital para todos los mexicanos.
Batres Guadarrama advirtió que el agua está en “grave riesgo” por la “lógica irracional e irrefrenable” de maximizar las ganancias y productividad de algunas empresas.
En este contexto, asentó el senador, la lucha por considerar el acceso al agua como un derecho humano y garantizar su abasto para todos los mexicanos “es de la mayor importancia”.
“Sabemos muy bien que no ocurrirá ningún proceso de privatización a lo largo del sexenio, pero debemos de estar seguros de que tampoco ocurra en los sexenios siguientes”, expresó Martí Batres en la inauguración del foro “El Agua es de Todos”, organizado por el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro Céspedes.
Dijo que la concesión a la iniciativa privada para el aprovechamiento del líquido se ha llevado a cabo en México en municipios o estados de la República sin la necesidad de una reforma profunda al marco legal
Existen otros mecanismos por los cuales grandes empresas se apoderan sigilosamente de los manantiales o de las reservas de agua, “porque simple y sencillamente se establecen en una superficie con grandes depósitos y no se sabe que se extraen grandes cantidades del recurso”.
A este tipo de situaciones, dijo, se suman las decisiones que se toman a nivel nacional: en la Cámara de Diputados ya se discutió un proyecto, pero “se detuvo a tiempo”. Pero al final del sexenio pasado se tomaron una serie de decisiones “para dejar una pequeña herencia de privatizaciones de las cuencas hidrológicas de diversos lugares del país”.
Es decir, “enfrentamos una gran cantidad de situaciones de hecho. Prácticamente se ha incorporado a los particulares en los procesos que tienen que ver con la utilización del agua en términos productivos o para el consumo de comunidades”, alertó.
En este contexto, agregó, en necesario “establecer un dique legal general, que nos permita ponerle límites a los procesos de privatización y revertirlos en la medida en que la correlación de fuerzas sociales y las decisiones públicas se vayan entrelazando para lograr estos objetivos”.
