Ciudad de México, México.— Ante la falta de respeto del libre tránsito en las playas del país, es necesario castigar con una multa de aproximadamente 20 millones de pesos a propietarios o concesionarios de la zona federal marítima terrestre, de acuerdo a una propuesta de reforma a la Ley General de los Bienes Nacionales.
La diputada morenista Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena), integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, informó que impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de los Bienes Nacionales y un punto de acuerdo para garantizar el libre tránsito y acceso a las playas del país, incluidas las denominadas privatizadas.
Señaló que su propuesta busca adicionar diversas disposiciones en dicha ley para proteger las playas del país y combatir las prácticas de privatización que realizaron gobiernos anteriores.
Regalado Mardueño indicó que el documento establece que se castigue con multa de aproximadamente 20 millones de pesos a los propietarios o concesionarias de la zona federal marítima terrestre, incluyendo el retiro de su concesión en caso de que reincidan en la obstaculización o impidan el acceso a la libertad constitucional de tránsito hacia las playas que son de uso común y propiedad de la nación.
Comentó que también presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Turismo (Sectur), a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística para que diseñen e incorporen un buzón de quejas, a fin de recibir las denuncias de prácticas que limiten, obstaculicen o niegue el libre acceso de tránsito o disfrute de las playas de México.
Asimismo, dichas quejas serán insertadas en el Atlas Turístico Nacional.
Regalado Mardueño explicó que dicho buzón sería un mecanismo de participación directa de los ciudadanos y turistas que les permita informar, reportar o denunciar, ante la Sectur y el gobierno, aquellas prácticas que limiten el libre acceso de tránsito o disfrute de las playas del país.
“El problema de la privatización de las playas marítimas afecta directamente a la población local, visitantes nacionales y extranjeros; y como siempre, sólo benefician a un grupo reducido de personas donde se concentra la riqueza y (agrava) la desigualdad económica ante estas privatizaciones que por ley no están permitidas”, apuntó.
La legisladora de Morena aseveró que existen quejas y denuncias documentadas de ciudadanos, organizaciones civiles, académicos y de representaciones de poderes legislativos en todos los estados costeros del país.
“Sin embargo, no existe como tal un registro nacional donde la Secretaría de Turismo federal (Sectur), para que pueda llevar un control y seguimiento de las mismas por lo que es necesario que se establezcan los mecanismos para denunciar prácticas que limiten, obstaculicen o nieguen el libre acceso de tránsito o disfrute de las playas”, dijo.
Regalado Mardueño recordó que el pasado martes presentó otra iniciativa para reformar la Ley General de Turismo, a fin de crear parques públicos de playa destinados a la recreación, esparcimiento, educación y cultura de las personas protegidas por el Estado, bajo un régimen jurídico especial que obligue a la conservación y protección de la biodiversidad.
“Resulta de suma importancia la conservación y protección georeferenciada de la biodiversidad para beneficiar a pobladores que viven cerca de las zonas costeras con la creación de empleos”, detalló.
Señaló que el documento pretende delimitar y construir zonas prósperas e inclusivas que generen desarrollo con criterios integrales con una perspectiva a largo plazo, en donde la sustentabilidad ambiental sea uno de los principios rectores.
Regalado Mardueño aseveró que dicho proyecto tiene como fin atender el déficit de espacios recreativos y mejorar la calidad de vida de los habitantes
“Actualmente existen muy pocos parques públicos de playa, por lo que es necesario generar lugares públicos donde tanto los pobladores como los visitantes puedan llevar a cabo actividades de recreación y esparcimiento como lo señala nuestra Constitución”, dijo.
