Ciudad de México, México.— México registró 434 mil 612 personas, en su mayoría centroamericanos, en “tránsito irregular” al no acreditar su estancia legal en el país en los últimos dos años, aseguró la jefa de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Rocío González Higuera.
Ante integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, la funcionaria dijo que se detectó un incremento de menores en tránsito al pasar de 11.2 por ciento en 2013 a 19.3 por ciento en 2017, y mencionó que se presentaron 17 mil 116 solicitudes de refugio en 2018.
González Higuera, resaltó que se mantendrá una estrategia con respeto al Estado de derecho con énfasis en los grupos más discriminados: mujeres, indígenas, infantes, adultos mayores, comunidad LGTTTI y personas con discapacidad.
La presidenta de esta instancia legislativa, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), sostuvo que es primordial una política migratoria que integre lo establecido en el Acuerdo de Marrakech, firmado en diciembre, donde se busca que sea segura, ordenada y regular.
Enfatizó que lograr la construcción de un producto eficaz en la materia requiere comunicación y coordinación de los tres órdenes de gobierno, toda vez que se detectó que en la administración federal existen más de 40 dependencias con atribuciones en materia migratoria.
“Debemos tener una colaboración interinstitucional, entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones gubernamentales para poder sacar avante los temas pendientes sobre el tema migratorio”.
La diputada del PT, Claudia Angélica Domínguez Vázquez afirmó que la migración debe tomarse de manera natural, por lo que preguntó a la funcionaria si ya están listos los protocolos para brindarles empleos a los migrantes.
La diputada María Libier González Anaya (MC) sugirió a la funcionaria diseñar un programa para que se difundan las tradiciones e historia de México a los connacionales que viven Estados Unidos para que perfeccionen el español y felicitó el trabajo de la dependencia por llevar a cabo la migración de los centroamericanos de forma ordenada y legal.
El diputado del PES, Javier Julián Castañeda Pomposo dijo que en el marco de la revisión de la reforma laboral se debe analizar la posibilidad de aumentar el porcentaje de extranjeros que pueden trabajar en las empresas.
El diputado panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez indicó que el tema de las caravanas no es nuevo. En 1900 llegaron dos millones de chinos, también se trasladaron alemanes, italianos, españoles, chilenos, japoneses, entre otros.
Añadió que el tema que debe ser atendido es la migración interna, la cual se presenta por la violencia. Cada año son desplazadas medio millón de personas de una entidad a otra; lamentablemente, no hay medidas para proteger a estos ciudadanos.
Solicitó a la funcionaria aclarar si es verdad la desaparición de centroamericanos y qué se puede hacer para ayudar para protegerlos mientras encuentran un lugar para pasar a Estados Unidos o refugiarse.
El diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena) se congratuló en que se integren al capital humano de desarrollo a los migrantes, pues algunos son altamente calificados. Asimismo, cuestionó si existe la posibilidad de rentar una nave industrial para acondicionarla al uso de la caravana centroamericana.
La diputada Eugenia Leticia Espinosa Rivas (PAN) se comprometió a brindar su apoyo a todos los migrantes que ingresan al país por la frontera sur, pero consideró fundamental trabajar para integrar a los connacionales que son deportados de Estados Unidos.
El diputado Samuel Herrera Chávez (Morena) solicitó que se apoye a las clínicas jurídicas para la defensa de los migrantes, a fin de que se emitan credenciales de elector, acta de nacimientos y pasaportes y exhortó a la dependencia a solicitar a Estados Unidos desclasificar la información del programa de braceros y con ello conocer cuántos participaron y cuál fue su aportación, además preguntó de qué manera el gobierno federal atenderá a los dreamers (estudiantes de origen mexicano en Estados Unidos).
Su correligionaria, la diputada Maribel Aguilera Chairez preguntó si es posible generar un padrón para conocer cuántas personas salen del país y darles un seguimiento para saber a dónde se dirigen, esto para la seguridad, tanto de la ciudadanía como de los migrantes.
La jefa de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Rocío González Higuera, expuso que en 2017 se registraron 296 mil casos de tránsito irregular, nueve de cada diez personas eran originarias de Centroamérica, y en 2018 se presentaron ante la autoridad migratoria 138 mil 612 personas extrajeras por no acreditar su estancia legal en el país.
Añadió que en estas cifras se incrementó notablemente la participación de niñas, niños y adolescentes acompañados en la migración de tránsito, pasando de 11.2 por ciento en 2013 a 19.3 en 2017.
Detalló que en 2018 se devolvieron a su país de origen a 112 mil 317 extranjeros, el 97.4 por ciento fueron mediante retorno asistido, y el 2.6, vía deportación.
La movilidad documentada hasta el 2017 fue de 92 mil residentes, 55 mil 296 temporales y 37 mil permanentes, de estos últimos 453 corresponden a extranjeros con reconocimiento por refugio; principalmente, venezolanos, salvadoreños y hondureños.
En este sentido expresó que en 2018 se presentaron 17 mil 116 solicitudes de refugio. Ante este panorama la funcionaria dijo que la nueva política migratoria se construirá sobre siete componentes: responsabilidad compartida, movilidad y migración internacional segura, ordenada y regular.
Además de la atención a la migración irregular, el fortalecimiento institucional, la protección de connacionales, la integración y reintegración de personas en contextos de migración, movilidad internacional y desarrollo sostenible.
Reiteró que se incentivará el ingreso regular, a través de campañas de comunicación que oriente a los migrantes, instituciones y comunidades sobre los procesos de ingreso y diseñar un nuevo modelo de documentación.
De igual manera, buscar el regreso asistido con Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos, revisar los protocolos de identificación de víctimas de algún delito y homologar la validez de sistemas de educación.
Apuntó que otro aspecto primordial en esta estrategia es empoderar a las personas migrantes refugiadas para que sean integrantes plenos de la sociedad, destacar las contribuciones positivas y promover la inclusión y la cohesión social; es decir, hacerlos parte de los servicios de educación, salud y diversos programas sociales y desarrollo económico.
Crear puentes con los defensores de derechos humanos, sociedad civil y organismos internacionales, a fin de no romper el ejercicio de sus garantías, instituir la promoción de la paz y terminar con los discursos de odio que hay en contra de los migrantes.
La titular de la Unidad de Política Migratoria explicó que a los centroamericanos se les ha ofrecido trabajo en la parte norte del país; sin embargo, solicitó modificar los estatutos en materia laboral, porque en la actualidad las empresas sólo pueden contratar en su plantilla laboral al diez por ciento de extranjeros.
En el tema de desplazados, señaló que hace dos meses este asunto era desconocido por parte del gobierno federal, pero se reunieron con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes se comprometieron a abrir un capítulo de desplazados.
“Es una urgencia del Ejecutivo que la Unidad de Política Migratoria aborde el tema de desplazados, aunque es terrible reconocer este problema, hacerlo es admitir que el sistema de justicia no está funcionando, pues en el país existen más de 50 mil desalojados en su propio país”.
