Ciudad de México, México.– En una sesión histórica, el Congreso de la Ciudad de México avaló por primera vez una reforma constitucional federal para modificar los
artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de
dominio.
Con su voto en favor de la minuta con proyecto de decreto enviada por el
Congreso de la Unión, el Congreso capitalino forma parte después de
casi 200 años del constituyente permanente federal, establecido desde
1824.
El dictamen, aprobado en forma unánime por los legisladores de las
distintas fracciones parlamentarias, establece reformas al artículo 22
y la sección 30 del artículo 73, lo que permitiría al Estado retirar
la propiedad de inmuebles por delitos de corrupción, extorsión y robo
de hidrocarburos, entre otros ilícitos.
Al fundamentar el dictamen, presentado por las comisiones unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y
Procuración de Justicia, el diputado Nazario Norberto Sánchez,
presidente de la primera, destacó que por primera vez la Ciudad de
México tiene voz y voto en las grandes decisiones del país, como
corresponde al federalismo mexicano y su régimen democrático.
“Lo que se hizo fue algo histórico, ya que por primera vez en la
Ciudad de México, a raíz de la reforma política y la emisión de su
nueva Constitución, ha pasado a formar parte del proceso aprobatorio de
las reformas a la Constitución Federal, ha pasado a tener voz y voto en
las grandes decisiones de este país”, expresó el legislador
integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Norberto Sánchez explicó que con esta reforma se busca fortalecer la
figura de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado perseguir
con más fuerza actos delictivos y recuperar bienes y activos
financieros obtenidos mediante conductas ilícitas; “implica facultar
eficientemente al Estado para perseguir con fuerza los bienes de origen
ilícito y atacar medularmente la propiedad de tales bienes”.
Indicó que esta reforma constitucional establece nuevos delitos sobre
los que procederá la extinción de dominio, como delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, encubrimiento,
investigaciones derivadas sobre hechos de corrupción, delitos cometidos
por servidores públicos, extorsión y recursos de procedencia ilícita,
entre otros. “Estos delitos no se contemplaban en el texto
constitucional, que seguirá manteniendo las hipótesis como
delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de
vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito”, dijo.
“Esta reforma constitucional hace ambas cosas. Propone dotar de
mayores armas al combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, mayor
certeza a los ciudadanos de que sus derechos serán respetados bajo un
procedimiento civil y conceptualmente distinto al de la rama penal”,
aseguró.
Por su parte, el diputado Eduardo Santillán Pérez, titular de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, recordó que
por primera ocasión desde 1824 la Ciudad de México participa del
proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
“Este es un tema trascendental porque el día de hoy por primera
ocasión ejercemos nuestro derecho a modificar el texto constitucional
federal, una de las principales limitaciones que había tenido la Ciudad
de México desde 1824. El día de hoy, por lo tanto, hay un avance
fundamental”, señaló el legislador de MORENA.
Estableció que la figura de la extinción de dominio es un instrumento
legal que pretende que todos aquellos bienes o propiedades que hayan
sido obtenidos a través de la comisión de conductas ilícitas, sean
recuperados por el Estado mexicano y que se evite el aprovechamiento de
estos bienes por quienes han cometido ilícitos.
“Por ello es que el día de hoy, Fray Servando Teresa de Mier, que fue
el principal defensor en 1824 de los derechos de la Ciudad de México y
de los derechos políticos de sus habitantes, hoy sin lugar a dudas debe
de estar alegre, debe de estar satisfecho porque por primera ocasión la
República le reconoce sus derechos a la Ciudad de México y le hace
justicia política a sus habitantes”, concluyó.
Al destacar que el Congreso de la Ciudad de México está a punto de ser
parte de un acontecimiento histórico, la diputada Teresa Ramos Arreola
(PVEM) señaló que la “nueva figura de extinción de dominio abona de
manera importante al combate al crimen organizado, contra los hechos de
corrupción”. Agregó que los cambios planteados resultan
indispensables para la construcción de un mejor México con ciudades,
pueblos y barrios más seguros y tranquilos para las familias mexicanas.
“Hoy debemos estar a la altura de tan alta responsabilidad, hoy el
Congreso se erige en Constituyente permanente y lo hace con un proyecto
importante”, consideró el legislador Guillermo Lerdo de Tejada (PRI).
Expuso que las reformas aprobadas permitirán precisar y fortalecer la
figura de extinción de dominio como medida para enfrentar de manera
decida un conjunto de delitos que lastiman a la sociedad mexicana.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) mencionó los tres puntos de
acción en los que se concentran las reformas a los artículos 22 y la
fracción 30 del artículo 73 constitucionales: “La acción de
extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a
través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y
autónomo de tipo penal, la ley establecerá los mecanismos para que las
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de
dominio y el tercer punto es que será procedente en bienes de carácter
patrimonial cuya procedencia no pueda acreditarse y se encuentren
relacionados con las investigaciones derivadas de diferentes hechos”.
La legisladora Leonor Gómez Otegui (PT) consideró que la recuperación
de activos fruto de los ilícitos mediante la figura de la extinción de
dominio coadyuvará para que las instituciones de salud y seguridad
apoyen de manera directa y eficaz a las víctimas del delito. Además,
con la aprobación de la minuta enviada por el Congreso de la Unión
“se da un paso fundamental hacia la consolidación de una adecuada
regulación de la extinción de dominio con la finalidad de disminuir la
capacidad operativa de los delincuentes, salvaguardando en todo momento
los derechos patrimoniales de las personas que se consideran
afectadas”.
En tribuna, el diputado Diego Orlando Garrido, del Partido Acción
Nacional (PAN), indicó que después de más de un siglo y 234 decretos,
por primera vez el Congreso de la Ciudad de México podrá intervenir en
una reforma a la Constitución federal. “Por fin los capitalinos
serán escuchados gracias a la Reforma Política de la Ciudad de
México”.
Al referirse al dictamen, el congresista aseguró que ésta aportará
elementos suficientes a la autoridad para combatir delitos de alto
impacto social, y detalló que ahora la exención de dominio se
ejercerá por el Ministerio Público, además de que se suman delitos
como: corrupción, encubrimientos, extorsión, recursos de procedencia
ilícita y delitos en materia de hidrocarburos.
“Con esta reforma la legalidad, seguridad jurídica y el debido
proceso se fortalecen; ahora el ciudadano contará con procedimientos
ágiles y transparentes, sin corrupción e impunidad. Se le está
otorgando al gobierno federal herramientas sofisticadas para combatir a
la delincuencia organizada sin pretexto alguno. Ahora los recursos
procedentes del crimen organizado podrán ser invertidos en la
reparación del daño para todas las víctimas de estos delitos”,
aseguró el legislador de Acción Nacional.
Durante su posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario de MORENA,
el diputado Carlos Hernández Mirón aseguró que con la aprobación de
la reforma de extinción de dominio, el Congreso local está haciendo
historia y marca un precedente para las y los ciudadanos de la capital
del país, “quienes tienen la posibilidad de opinar a través de
nosotros”.
Al hablar de la reforma constitucional, planteó que ahora los recursos
obtenidos por la incautación de bienes de procedencia ilícita podrán
reintegrarse a la sociedad y servir en su beneficio. “Esta reforma
propiciará el recomponer el tejido social lastimado por la delincuencia
y el combate a la corrupción.
El Congreso de la Ciudad de México se ubicó como el Congreso local
número 12 que avala esta reforma a la Constitución federal, que
requiere la aprobación de 17 Congresos locales para quedar firme.
