Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Todavía no cesan los reproches en su contra dentro de Morena a su decisión de retirar en San Lázaro el artículo cuarto del dictamen de creación de la Guardia Nacional, que obligó a Ricardo Montreal a enfrentar una dura negociación y a otorgar concesiones insospechadas a la oposición en el Senado, y ya Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados promueve “un cambio profundo en la autonomía” de universidades y centros de educación superior en el país.
Sin precisar ni motivaciones ni objetivos claros, el ya cinco veces diputados y una senador, quien es considerado incluso por sus cercanos como un riesgo latente por sus proclividad a usar triquiñuelas y malas artes en la tarea legislativa aprovechó ayer un encuentro con académicos del Instituto Politécnico Nacional para introducir el tema de una reforma a la autonomía de las instituciones de educación superior.
Ahí habló de la necesidad de ir por “un cambio profundo en la autonomía” de las instituciones de educación superior, evidentemente incluida la UNAM.
Gómez indicó que esta reforma a la autonomía universitaria debería estar “vinculada a la democracia y al desarrollo de la ciencia”.
Y agregó:
“… (las universidades y demás instituciones de educación superior en México) tienen leyes que les impiden ejercer la autodecisión y autogobierno, además de impulsar aumento de los recursos”.
Solo, según él, una reforma a la autonomía de estas instituciones “podrá garantizar una mejor preparación académica para entrar a las grandes corrientes de la ciencia y técnica que se desarrollan en el mundo, porque otra vez México se está quedando atrás, por falta de presupuesto e ingenieros y técnicos dedicados a la investigación”, indicó.
Según él, esta reforma a la autonomía de instituciones de educación superior, llevaría a “conectar la democracia y ciencia (lo cual es) es vital, porque se ejercería la autonomía de forma real, como la capacidad de gobernarse con sus propias leyes, traducida en la facultad de profesores y estudiantes para nombrar directivos, participar en la definición de planes de estudio y administración de recursos, así como promoción de docentes y personal a través de un consejo o junta, sin injerencia de ninguna autoridad”.
En su participación dentro de la conferencia “Autonomía para los Centros de Educación Superior”, Gómez consideró que el IPN debe ser una institución que se gobierne a sí misma y construya, como quiera y pueda, su propia democracia.
“… para que ningún presidente de la República designe al director o sus planes de estudio”.
Recordó que desde 1968 se planteó la autonomía al IPN pero que esa propuesta nunca se concretó.
“Una institución de este tamaño y la más popular en todos sentidos, que no tenga autonomía, debe analizarse. Es un hecho anómalo completamente”, subrayó.
Desde que llegó la nueva Legislatura, hay comentarios respecto de que Morena impulsaría cambios a la autonomía universitaria para darle cauce así a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda intervenir para cambiar sus formas de ingreso y permitir una mayor inscripción sin pasar por exámenes como los que hoy producen miles de rechazos.
Ayer Gómez puso por primera vez en la mesa esta posibilidad.
PARLAMENTO ABIER EN EL SENADO
Consolidado como el gran negociador político en la actual Legislatura, el zacatecano Ricardo Monreal anunció ayer que el Senado de la República replicará el mecanismo de Parlamento Abierto en las negociaciones de las siguientes iniciativas y dictámenes.
Así, una vez resuelta la creación de la Guardia Nacional por unanimidad, el coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta pretende aplicar este método para sacar adelante las iniciativas pendientes en las que hay unas 6 reformas constitucionales y media docena de reformas ordinarias.
Vienen un proceso complicado y difícil como la eliminación del fuero y la disminución de presupuestos a los partidos políticos; la reforma a la Ley de Confianza Ciudadana; modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la flagrancia en la comisión de delitos y adecuaciones al Código Penal Federal, en materia de encubrimiento así como reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Reformas al Código Agrario y a la Ley del ISSSTE, así como la controvertida reforma de regulación de las comisiones bancarias y la despenalización sobre el uso de la mariguana.
Otros cambios, como el de la regulación del esquema de call-center, que son oficinas donde se brinda atención al público a través del servicio telefónico, también forman parte de la lista de pendientes.
Y ni que decir que en este período se deberá tramitar además lo de la revocación de mandato y revocación de la reforma educativa, además de reformas en materia laboral que vienen de Cámara de Diputados.
Están pendientes también las adecuaciones al Sistema Nacional Anticorrupción y la Reforma a leyes reglamentarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que ver con la rotación de jueces.
MEADE SE COLÓ
Desde hace meses, luego de la derrota del 1 de julio, José Antonio Meade a quien hasta López Obrador reconoce como una persona excepcional, podría estar involucrado junto con Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Mikel Arriola en la formación de una Consultoría del más alto nivel para asuntos económicos, de políticas de Gobierno y políticas sociales.
Ayer, mientras en el círculo de López Obrador se debate y prepara una reforma que pretende impedir que ningún funcionario público pueda trabajar para ninguna empresa privada en un término de 10 años posteriores a su salida del Gobierno, Meade ya se le fugó.
Su excontendiente priísta ya es miembro del consejo de administración del grupo financiero británico-chino HSBC, considerado el mayor banco en el mundo.
“Meade también será nombrado miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo. Actualmente de la Comisión Global de Adaptación y realiza actividades de consultoría, financiamiento de proyectos y actividades académicas”, informó el banco en un comunicado.
En esta posición Meade no entraría con un contrato de servicio con HSBC Holdings sino que se le pagará una tarifa de director de 110,000 libras por año.
“Estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a José Antonio a la Junta. Trae consigo una gran cantidad de experiencia adquirida en una serie de áreas políticas clave y su experiencia y conocimiento del latín”, dijo Mark Tucker presidente del Grupo HSBC.
Difícilmente hay un personaje tan preparado y con tanta información estratégica sobre México, información adquirida por su paso dos veces como secretario de Hacienda, como Secretario de Desarrollo Social y como titular de Relaciones Exteriores y como candidato a la presidencia de la República.
Nunca otro exfuncionario mexicano contratado por el sector privado internacional o nacional ha tenido la preparación y conocimiento como el que representa hoy Meade.
Claro que Tucker, está encantado con este fichaje que representa un valor incuestionable para el desarrollo de HSBC no sólo en México, sino en la región.
El nombramiento de Antonio Meade será por un período inicial de tres años que expirará al concluir la Junta General de Accionistas de 2022. Es obvio que la contratación de Meade es un golpe severo a la visión de AMLO de descalificar a funcionarios que pasan a la IP.
