Ciudad de México, México.— En México, la violación de derechos humanos en los tres niveles de gobierno es un problema sistémico que trasciende a la inseguridad, señala el Senado de la República. Aclara que la Constitución mandata a las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar las garantías elementales.En un trabajo de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), señala que a pesar de que la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica, la vulneración de los derechos fundamentales en México es una práctica recurrente que se manifiesta en los tres niveles de gobierno y en los diferentes sectores gubernamentales, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
La investigación titulada “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, realiza un análisis cuantitativo de los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las recomendaciones dirigidas por este organismo a las autoridades mexicanas entre 2000 y 2018.
De este análisis, se desprende que la violación de los derechos humanos en México es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto civiles, como militares, refiere el estudio.
La investigación revela que en el periodo 2000-2018, la CNDH registró un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1,285 instrumentos recomendatorios a distintas autoridades.
De acuerdo con el estudio, las instituciones más señaladas por la presunta violación de derechos humanos en este periodo fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 23,005 quejas; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 12,338; la Procuraduría General de la República (PGR), con 10,774; la autoridad federal responsable de los centros penitenciarios del país, con 10,661; el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 8,057; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 7,311; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 7,109; la Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva), con 6,680; el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con 3,258 y la Secretaría de Marina (SEMAR), con 3,249 y quejas.
En cuanto a las recomendaciones, los entes a los cuales se dirigió un mayor número de instrumentos en el mismo periodo fueron: el IMSS (153), la SEDENA (134), la dependencia responsable de la seguridad pública y centros penitenciarios (126), la PGR (83), el ISSSTE (62), el INM (53), la SEMAR (52), el Gobierno de Guerrero (46), el Gobierno de Chiapas y la SEP (37), señala el documento del IBD.
El análisis comparativo por sexenios arroja que en cada administración aumenta considerablemente el número de quejas. Así, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el promedio anual de quejas fue de 4,168.5; con el presidente Felipe Calderón fue de 7,608.3 y con el presidente Enrique Peña Nieto fue de 9,197.3. Para el caso de las recomendaciones, la administración del presidente Calderón registró el mayor promedio anual, con 81.5 instrumentos. La administración del presidente Peña Nieto tuvo un promedio anual de 73.3 recomendaciones, mientras que en el gobierno de Fox se emitieron un promedio de 54.6 recomendaciones por año.
En el problema de las violaciones a los derechos humanos, un hecho particularmente preocupante es que las instituciones más señaladas por violar derechos son también las que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades esenciales, entre ellas la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la vivienda. Entre 2000 y 2018, el 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones registradas por la CNDH señalaron a autoridades civiles. Así, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos ocurre por las acciones y omisiones de las autoridades civiles en la prestación de servicios públicos, en la atención a la ciudadanía y, en general, en el (mal) trato hacia las personas, se lee en el documento del IBD.
De forma paradójica, comentan los investigadores del IBD, las instituciones más señaladas por la violación de los derechos humanos en la coyuntura política actual, la SEDENA y la SEMAR, han sido también las que en los últimos años han disminuido de manera significativa su número de quejas y recomendaciones; ello no obstante que su presencia, actividades y responsabilidades han ido en aumento. Particularmente, entre los periodos 2007-2012 y 2013-2018, el promedio anual de quejas del Ejército disminuyó casi en un 60%, al pasar de 1,335.5, a 551.8 señalamientos por año. La SEMAR, por su parte, pasó de tener 495 señalamientos en el 2011, a tener un promedio anual de 267 quejas en los últimos tres años.
La investigación concluye que, por su complejidad, magnitud y características, la crisis de derechos humanos en que nos encontramos constituye un problema del Estado mexicano, que debe ser reconocido en todas sus dimensiones y atendido de forma transversal, sin minimizar la gravedad de los abusos cometidos por los elementos castrenses, pero ubicándolos en perspectiva, como parte de un problema global sobre el cual es necesario reflexionar.
Decir que la falta de respeto a los derechos humanos se restringe a una deficiencia de la política criminal del Estado o a los excesos de las Fuerzas Armadas sería una mentira, sostiene el documento. Apunta que las violaciones a los derechos fundamentales en nuestro país son cometidas por todo tipo de servidores públicos y sus consecuencias repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas.
En ese sentido, afirman los investigadores, la discusión sobre la Guardia Nacional ofrece una oportunidad para promover una discusión de fondo que nos permita comprender a la vulneración de los derechos humanos, en tanto un problema sistémico que involucra a todas las instituciones del Estado, cuya atención requiere de acciones legislativas, así como políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, que generen condiciones objetivas para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
