Ciudad de México, México.– Especialistas, analistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil llamaron al Senado de la República a no aprobar la minuta que crea la Guardia Nacional y modificarla para integrar un dictamen que priorice el mando civil, el fortalecimiento de las instituciones y capacidades locales.
Lisa Sánchez, representante de la organización México Unido contra la Delincuencia, propuso que el mando sea de carácter civil, así como la adscripción, funcionamiento estratégico, operativo y administrativo, composición y control.
Consideró que aprobar la propuesta como ha sido presentada sería una contravención a las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Afirmó que existe evidencia que demuestra que mayor despliegue militar no es igual a más seguridad. Detalló que en el último sexenio el número de víctimas creció enormemente y llegó a 24.2 millones de víctimas. Mientras que los delitos graves superaron el promedio nacional, ubicándose entre 98 y 98.3 por ciento para casos de secuestro y extorsión.
A decir de Catalina Pérez Correa, la Guardia Nacional se construye sin rendición de cuentas, sin transparencia y sin controles. Se crea como institución de seguridad pública que se regirá bajo las reglas de seguridad nacional.
La especialista de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la minuta busca hacer frente a la delincuencia organizada utilizando operando de igual forma para delitos del orden local o federal.
Afirmó que la Guardia no es un cambio en la estrategia, “sino las mismas intervenciones federales en forma de operativos conjuntos”. Tampoco es un proyecto de desmilitarización, sino que buscan establecer en la Constitución la participación militar en tareas de seguridad pública.
En tanto, Alejandro Espriú Guerra destacó que las instituciones de seguridad y justicia con carácter civil deben ostentar un rol preponderante en el mantenimiento de la gobernabilidad democrática en el país. “La reforma policial debe originarse de políticas públicas de seguridad democrática y no al revés”, destacó.
Integrante del consejo ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla, Espriú hizo un llamado al Senado de la República a no aprobar el dictamen como fue recibido por la colegisladora y buscar una vía civil que tenga como eje rector el fortalecimiento de las instituciones y capacidades locales.
En el tercer bloque, Alejandro Hope, analista de temas de seguridad nacional, señaló que muchos países tienen cuerpos intermedios de origen y formación militar con fusiones permanentes de policía -Francia, España e Italia- como el que se propone. Sin embargo, tienen características que difieren ampliamente del proyecto de Guardia Nacional. Por ejemplo, complementan y no sustituyen a la policía, dijo.
Refirió que su implementación podría tener mayor impacto en el mediano plazo si se logran las metas de reclutamiento -50 mil elementos en tres años-, pero ello representa un esfuerzo “monumental”, comentó. Explicó que entre 1998 y 2018, el crecimiento neto de las Fuerzas Armadas fue de 34 mil elementos, es decir, lo planteado por la Administración Federal equivale a hacer en tres años, 50 por ciento más de lo que se hizo en los últimos 20 años.
Expuso que la argumentación sobre la Guardia Nacional es frágil y la aprobación de la reforma resolvería, en el mejor de los casos, el problema sobre la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero de una manera barroca y creando un problema de convencionalidad.
En dicho bloque también participaron Humberto Guerrero, de Fundar; Jorge Lara Rivera, del Buró de legalidad y seguridad financiera; y César Cruz Benítez, gobernador Hñahñu y representante del Movimiento Indígena Nacional.
