Ciudad de México, México.– El diputado de Morena, Irineo Molina Espinoza, denunció las prácticas monopólicas del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), una asociación civil que tiene la atribución de avalar, a través de un pago, la certificación o recertificación que le permite a los médicos especialistas ejercer su profesión.
El legislador explicó que la Conacem o alguno de sus 47 Consejos de especialidades médicas, pueden llegar a cobrar hasta 17 mil pesos por dar una opinión favorable a la Dirección General de Profesionales, para que ésta, que sí es una autoridad del Estado mexicano, pueda expedirles su cédula profesional de especialista médico.
“No es objetivo que quien avale que los médicos especialistas cuentan con el entrenamiento necesario sea un grupo de asociaciones civiles. Sobre todo, se debe evitar que esta ‘certificación’ se convierta en un negocio monopólico. La atribución de certificar o recertificar a los profesionales en medicina debe ser ejercida por instituciones o dependencias públicas federales o locales, a través de un procedimiento transparente y bien determinado”, aseguró.
Debido a lo anterior, el diputado federal ha solicitado que la Comisión Federal de Competencia Económica realice una investigación a fondo para determinar si el Conacem -al ser el único comité que emite opinión a las autoridades educativas para que éstas expidan cédulas de médico especialista- genera o propicia prácticas monopólicas, o si ocasiona daño o condicionamiento al libre ejercicio de profesiones. Los resultados de dicha investigación, precisó, deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados.
Asimismo, en caso de que la investigación solicitada determine la existencia de alguna práctica prohibida, pidió se impongan las medidas que resulten eficaces para sancionarla y evitarla.
Finalmente, Molina Espinoza recordó que la atribución de certificar y recertificar fue una atribución que se le concedió a la Conacem y a sus 47 Consejos de especialidades médicas, mediante un decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial en septiembre de 2011, el cual “a todas luces presenta inconsistencias jurídicas y técnicas que deben corregirse en la presente administración”.
