Ciudad de México, México.— En lamentable tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, las autoridades de los tres niveles de gobierno incumplieron con la Ley General de Protección Civil a fin de proteger la vida de la población, analizar la actuación de las fuerzas militares y deslindar responsabilidades, dijeron legisladores de oposición.
El bloque morenista, defendió la política del gobierno federal de combatir el robo de combustible y cerrar filas por esas tareas, para hacer justicia y combatir la corrupción, sino por el impacto social que se vincula con el huachicoleo.
Luego de que hubo una confusión en la votación de si se aprobaba la discusión de la explosión en el ducto de PEMEX, Morena y aliados estaban en contra y la oposición a favor, en la sesión de la Permanente, y de que algunos morenistas se molestaran como Lorena Villavicencio, quien abandonó el salón Verde por dejarse presionar por los opositores, la mayoría parlamentaria morenista aceptó subir a discusión de ese punto y acordar un orador por cada fracción parlamentaria.
Inició los comentarios, el proponente, senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que se debe analizar la capacidad de actuación de las fuerzas militares que, aseguró, tienen protocolos para enfrentar al crimen organizado y casos como éste, que “derivó en la irresponsable actitud de cientos de ciudadanos”.
Preguntó por qué Petróleos Mexicanos no cerró el ducto al detectar la fuga; cómo debió actuar la autoridad; si no existen protocolos para estos casos, o por qué no retiraron a la población aún contra su voluntad. Hizo votos para que la Fiscalía General de la República dé resultados sobre los hechos y responsables. “Esperaremos y confiamos en la actuación de la justicia mexicana, que es lo que pedimos para todas estas víctimas y sus familias”.
Del PVEM, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat aseguró que la única forma de prevenir estas situaciones es con la participación de la sociedad. Se pronunció por impulsar campañas de prevención y protección civil para publicar qué hacer desde la ciudadanía para salir avante en esta estrategia.
Dijo que el plan de combate al robo de combustible debe contemplar todas las aristas, desde cerrar ductos y transportar la gasolina en pipas, hasta prever qué va a pasar si hay civiles en un ducto perforado, o una banda robando el combustible, e incluso prever medidas de seguridad en carreteras ante el aumento del tráfico de vehículos transportando gasolina.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) planteó que las indagatorias de la Fiscalía General de la República sobre la tragedia de Tlahuelilpan se realicen con autonomía e independencia, a fin de deslindar responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios. Propuso crear una comisión de legisladoras y legisladores que dé seguimiento a las acciones que presenten los funcionarios y el gobierno federal.
Además, consideró que es urgente que la secretaria de Energía y el director de Petróleos Mexicanos expliquen los mecanismos de coordinación y actuación entre ambas dependencias ante la emergencia. Además, que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informen sobre las acciones para proteger a los habitantes, y digan por qué no enviaron el número de efectivos necesarios para contener a los pobladores, acordonar la zona y resguardar su integridad física.
Enseguida, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) exhortó a los actores políticos a actuar con responsabilidad ante “una tragedia que requiere la solidaridad de todos”, por lo que pidió generosidad política y respeto para el duelo de los familiares. Llamó a debatir con altura, sumando talentos, experiencias y propuestas, para evitar que se repita una situación como esa. Se pronunció porque la Fiscalía General de la República investigue y diga qué pasó, con prontitud y eficiencia.
Consideró que las fuerzas armadas no tuvieron responsabilidad en esos hechos, dado que “disuadieron y exhortaron a la gente a retirarse, pero las personas no hicieron caso. No vemos inacción por parte de las fuerzas armadas ni de los elementos de la Policía Federal. Racionalmente eran 25 los elementos del orden y más de 800 personas en el lugar de los hechos. Materialmente no era posible que el Ejército dispersara a la gente”.
Por MC, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla propuso crear una comisión de investigación legislativa en la Cámara de Diputados, que coadyuve y complemente el esfuerzo de las instituciones jurídicas, para valorar qué acciones parlamentarias deben hacerse que eviten futuras situaciones. Además sugirió convocar a expertos nacionales e internacionales que establezcan protocolos para dar seguimiento a la indagatoria, a fin de enviar una señal de clara confianza a la sociedad y cumplir, como poder público, con sus atribuciones.
“No sólo se trata de comisiones para imputar responsabilidades, sino tomar las acciones que se deben de llevar a cabo y que puedan evitar y hacer frente a posibles nuevos hechos”. Pidió garantizar el derecho a la verdad y que las investigaciones sean transparentes y exhaustivas, con el propósito de fincar responsabilidades eventuales a servidores públicos por omisión o acción inadecuada e identificar las carencias en protocolos institucionales y las insuficiencias en las responsabilidades de las dependencias o recursos humanos, a fin de subsanarlas.
El senador del PT, Joel Padilla Peña sostuvo que en términos políticos como pragmáticos, la estrategia de combatir al huachicoleo y a la corrupción de quienes conducían un negocio millonario e ilegal a costa del bienestar de las y los mexicanos, llega en un momento pertinente y necesario. Aun cuando se cuestiona la estrategia, ha sido una de las mejores decisiones tomadas por la nueva administración.
Se han escuchado voces que sancionan la labor del Ejército y que buscan responsabilizar al gobierno federal por omisiones y responsabilidad de la explosión. Tratan de lucrar con la tragedia señalando que las fuerzas armadas y la Policía Federal no actuaron porque tenían conocimiento del riesgo de una explosión. Lo cierto es que trataron de evitar un enfrentamiento con civiles. Videos que circulan en redes sociales dan cuenta de que esas corporaciones exhortaban a la población a alejarse de la fuga, explicó.
De Acción Nacional, la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz aclaró: “no pretendemos entorpecer el trabajo del gobierno federal en su estrategia para combatir el huachicol, al contrario, queremos contribuir a hacer frente a esta situación tan compleja. Fue una terrible desgracia, y ciertamente la ordeña de ductos es un delito, pero criminalizar a las personas que estuvieron ahí, es equivocado”. Tampoco se puede ignorar una eventual negligencia por parte de la autoridad. ¿Por qué nadie cumplió la Ley General de Protección Civil?, que en su capítulo 15, artículo 73, indica, que, en caso de riesgo inminente, los tres niveles de gobierno ejecutarán las medidas de seguridad a fin de proteger la vida de la población.
“No se aplicó el protocolo del sistema de comando de incidentes para acordonar el área de riesgo e impedir el acceso. Pasaron horas, y protección civil nunca llegó con un explosímetro”. Pidió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorguen la calidad de víctima a las personas que acrediten daño por la posible omisión de autoridades, y que sean además integradas al Registro Nacional de Víctimas. Además, que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República investiguen las actuaciones de los servidores públicos, para que no se omita ninguna línea de investigación, a fin de deslindar responsabilidades.
La senadora de Morena, Minerva Citlalli Hernández Mora llamó a valorar el combate al robo de combustible de manera seria y cerrar filas, no sólo para hacer justicia y combatir la corrupción, sino por el impacto social de esta lamentable tragedia, vinculada al huachicoleo. Pidió a la población generar un boicot para romper esta cadena delictiva que lastima a los más necesitados. Muchos otros gobiernos decidieron no enfrentarlo de manera responsable y permitieron la pérdida millonaria a Pemex, pese a que se sabía cómo estaba todo el robo.
Reconoció que se necesitan mayores protocolos de actuación que eviten explosiones. Indicó que entre 2014 y 2015 Pemex tenía una estrategia para combatir el robo de combustible. “En Culiacán lograron inhibirlo en un 90 por ciento, con una estrategia de drones, muy puntual, pero ¿por qué Pemex al ver esos resultados, dejó de acompañar o de sostener esta estrategia?”, cuestionó.
