Ciudad de México, México.— En México se acentuó la crisis de derechos humanos en el país en 2018 como el año más violento en más de dos décadas por los homicidios registrados, aceptó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
“Durante 2018, México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, por el contrario, se acentuó en varios aspectos como lo fue el número de homicidios que, con independencia de la clasificación que se les quiera dar, representa la cifra más alta de personas que perdieron la vida en 22 años, siendo el año más violento en la historia del país”, comentó al presentar su informe de labores 2018.
El ombudsman señaló que la voluntad política de cambiar este estado se expresó de manera recurrente por distintas autoridades, pero las acciones realizadas no fueron adecuadas o simplemente no se llevaron a cabo.
“Muestra de ello es la falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, las cuales formalmente se aceptan, pero en los hechos presentan grados considerables de incumplimiento, campo en el que podría actuar el Poder Legislativo”, externó.
González Pérez indicó que hubo una disminución de quejas recibidas vinculadas al sector seguridad, al pasar de 2 mil 292 en 2015 a mil 734 en 2018, lo cual podría verse como algo positivo,
Sin embargo, “no resulta suficiente, en tanto los hechos denunciados en este ámbito, frecuentemente implican las conductas más graves en materia de derechos humanos”.
El número de quejas presentadas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo una disminución respecto de 2017, al pasar de 415 a 382 quejas, lo cual no fue suficiente para dejar de estar entre las cinco autoridades con mayor número de quejas.
La Secretaría de Marina (Semar) vio incrementado el número de casos de 259 a 284, mientras que la Policía Federal de 425 en 2017 a 356. En tanto, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) de 422 a 375.
Indicó que las 10 instituciones con mayor número de quejas en 2018 fueron: IMSS, con 2 mil 532 casos; ISSSTE, con mil 215; SEP, 746; Instituto de Migración, 587; Sedena, 382; PGR, con 375; Policía Federal, 356; Sedesol (ahora Secretaría de Bienestar), 311; Semar, con 284, y el Infonavit, con 212 casos.
Respecto a presuntos hechos violatorios de derechos humanos considerados de mayor impacto, se registraron 696 expedientes de queja, de los cuales 25 fueron casos de privación de vida, 39 de desaparición forzada, 57 de tortura, 255 de tratos crueles, dos de ejecución sumaria y 318 por detención arbitraria.
“Es preocupante el aumento en los casos de desaparición forzada que se incrementaron en casi un 180 por ciento, al pasar de 14, en 2017, a 39 ,en 2018, registrándose, de igual forma, un aumento menor en los casos de tortura, que fue de 50 a 57”, indicó.
El ombudsman apuntó que la CNDH emitió, el año pasado, ocho recomendaciones por violaciones graves, que representan el 42 por ciento del total que se han formulado bajo tal calificación.
“Estas recomendaciones fueron dirigidas a 40 autoridades, siendo tres instancias que recibieron más recomendaciones de este tipo de violaciones graves: la PGR con seis casos, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina con tres casos cada una”.
González Pérez reiteró a los legisladores su llamado de no inclinarse por las Fuerzas Armadas en materia seguridad pública, y subrayó que la propuesta de reforma a la Guardia Nacional, aun con el mandato administrativo civil que se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo.
“(La creación de la Guardia Nacional) generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales que nuestro país estaría obligado a cumplir”.
“Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios aun en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”, externó.
El funcionario señaló que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en la Constitución Política, como se propone el Congreso de la Unión, no garantizará que el Ministerio Público cumpla con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente.
“Subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente, o bien que gente injustamente imputada permaneciera privada de su libertad indebidamente”, consideró.
Ante este panorama, resulta fundamental garantizar, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes, la implementación y operación de las 33 fiscalías autónomas.
Dos quejas, por explosión de ducto de Pemex
El presidente de la CNDH enfatizó que si se fortalecen las fiscalías, con el andamiaje normativo necesario y los recursos necesarios, las investigaciones sobre casos como la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el pasado 18 de enero, tomarían cauces institucionales y habría certeza de llegar a verdades no sujetas a intereses políticos.
“Lo cierto es que tales dichos deben de estar sustentados en los hechos de una investigación objetiva, integral, profesional, exhaustiva, sustentada en elementos técnicos científicos irrefutables. Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas. No podemos permitirnos entrar a una época de verdades oficiales”, dijo.
En posteriores declaraciones a la prensa, comentó que la CNDH abrió una queja de oficio por el caso de la explosión, sin prejuzgar los hechos o las conductas de ningún servidor público, y “ahorita hay una queja más que interpuso un ciudadano”.
