Por Javier Ramírez
Envuelto en nepotismo, compadrazgos, amiguismo, casos de corrupción, licitación amañada y dirigidas, tráfico de influencias y de exámenes, el poder judicial federal cuenta con un ejército de 48 mil 438 empleados, entre ellos ministros, chefs, magistrados y jueces con salarios de hasta 289 mil 215 pesos mensuales y un pago anual de riesgos por 554 mil 595 pesos, cuyos recursos marcan una diferencia abismal con los órganos de justicia estatales. Y dispuso de un presupuesto de 58 mil 510 millones de pesos para sueldos y prestaciones en 2018.
Desde que se inició el cambio en el poder legislativo con mayoría de Morena en el Congreso de la Unión y luego en el poder Ejecutivo y protestas de grupos ciudadanos por el presupuesto exagerado de salarios y prestaciones, el legislativo anunció que el judicial federal tenía que entrar en una mayor austeridad y reducción de sus emolumentos de los ministros de la SCJN y el resto de su personal por la nueva Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, y se llegó al extremo de que magistrados y jueces recurrieran al amparo para impedirlo, pese a que no pueden ser juez y parte.
El 8 de enero pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del ministro Arturo Zaldívar, acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 por ciento respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018, pero no las de los magistrados y jueces federales.
Y recordó que el artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Antes, en defensa del poder judicial federal, salieron magistrados y jueces federales. En las escalinatas del edificio del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, los juzgadores acusaron al Poder Legislativo de tratar de intervenir en la vida interna del Poder Judicial, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación, a raíz de la Ley de Remuneraciones.
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicio modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos”, leyó el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, que convocó al acto.
La ley de Remuneraciones no les gustó a los integrantes del poder judicial federal.
En su último informe del entonces titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, reconoció 7 mil quejas y denuncias iniciadas en contra del personal de ese poder, con sanciones a 36 magistrados de circuito, 49 jueces de distrito, 21 casos de suspensión, 8 casos de destitución y 4 de inhabilitación en 2018.
Ese día del informe, además rechazó que la designación de jueces de distrito o magistrados de circuito “sea cuestión de intereses, compadrazgos o consideraciones superficiales”.
Los escándalos en el máximo tribunal del país y en el Consejo de la Judicatura Federal no se han hecho esperar, pues, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal mencionó un estudio que señala a “hijos, parejas, padres y otros familiares de al menos 500 jueces y magistrados que ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros”. Y pidió a la misma PGR hiciera llegar cuántos carpetas de investigación se han iniciado por el personal del poder judicial federal que está dividido en la SCJN, Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un presupuesto millonario.
En diciembre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender a ocho de diez servidores públicos del poder judicial federal, a quienes se les inició “proceso disciplinario” por su probable participación en las conductas de filtración, obtención y comercialización de reactivos del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, sin dar más detalle.
El CJF, dio a conocer que como consecuencia del avance de las indagatorias administrativas relacionadas con la anulación del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), emplazó a procedimiento disciplinario a 10 servidores públicos por su probable participación en las conductas de filtración, obtención y comercialización de reactivos del citado concurso.
El líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal, propuso terminar con el nepotismo en el poder judicial federal y establecer sanciones para quienes, utilizando su cargo dentro del Poder Judicial, gestionen nombramientos, promociones y ratificaciones que conlleven un interés personal, familiar o de negocios.
En una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, se incluye a los cónyuges, parientes consanguíneos, por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles o terceros con quienes los jueces, magistrados o funcionarios tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios. También será aplicable a los socios o empresas de las que los servidores públicos formen o hayan formado parte.
También establece la obligatoriedad de hacer pública su declaración patrimonial y de conflicto de interés a quienes aspiren a ocupar cargos en el Poder Judicial; debe incluir los vínculos familiares y de afinidad con integrantes de cualquiera de sus órganos.
De acuerdo con lo expuesto por Monreal Ávila, el nepotismo es una práctica “aberrante” que propicia la desigualdad entre los profesionistas que, en una aspiración legítima, desean incorporarse al Poder Judicial.
El senador hizo referencia al estudio recientemente presentado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el cual se reveló que hijos, parejas, padres y otros familiares de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros.
Cabe mencionar que después de que se hiciera público el citado análisis, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, anunció la realización de una investigación para identificar los casos de relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos, e informar sus resultados al pleno.
El objetivo, dijo, es contar con información certera, confiable y verificable, y tomar las decisiones conducentes para fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia.
Una de las licitaciones que más llamó la atención en los últimos 40 días de su gestión en la gestión de Aguilar Morales al frente del Consejo de la Judicatura Federal, fue la supuestamente dirigida a la empresa estadounidense Cisco para comprarle “tecnología chatarra” por 2 mil 800 millones de pesos.
En un concurso fast track, el área administrativa del CJF movió con engaños a supuestos postores para contratar los servicios administrados multianuales telefónicos de la Red Privada Virtual del Consejo y ejercer de inmediato mil 400 millones de pesos y comprometer una cifra similar para los años siguientes.
En su presupuesto analítico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), garante de las leyes y constitucionalidad, con 3 mil 464 plazas ocupadas, entre ellas las de once ministros con su chef respectivo, de acuerdo a información proporcionada, y 121 vacantes, dispuso de un presupuesto de 4 mil 70 millones 236 mil 33 pesos para sueldos y prestaciones en 2018.
En el manual de remuneraciones del poder judicial de la federación, el Consejo de la Judicatura Federal con 43 mil 10 plazas ocupadas, entre magistrados y jueces de distrito, y 882 vacantes, disfrutó de un presupuesto de 51 mil 344 millones 285 mil 725 pesos para sueldos y prestaciones en 2018.
Mientras, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con mil 964 plazas ocupadas y 338 vacantes, gozó de un presupuesto de 3 mil 96 millones de pesos para sueldos y prestaciones.
