Ciudad de México, México.– Reto del Gobierno Federal es allegarse de más recursos y aplicarlos de manera eficiente para cumplir con las promesas de campaña, como impulsar un programa de pensiones para la gente de la tercera edad o construir 100 universidades, pero sin que ello implique dejar de apoyar a las ya existentes, de las cuales al menos una decena ha declarado estar atravesando por severas crisis económicas.
Más allá de inaugurar un centenar de universidades a lo largo de un sexenio, el verdadero desafío es incrementar la cobertura y hacerlo con calidad. “No se trata de llegar a más jóvenes simplemente abriendo escuelitas que difícilmente puedan ser llamadas universidades”, expuso Alejandro Márquez Jiménez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.
Sobre la necesidad de no dejar desprotegidas a instituciones que ya llevan tiempo trabajando e impulsando el desarrollo del país, el académico fue puntual: “Entidades como la UNAM, la UAM o el IPN nos hacen competitivos a nivel mundial. Son el parámetro que debería observar toda nueva institución de educación superior. El modelo está ahí y no podemos bajar la calidad sólo por atender a sectores con los que se adquirió un compromiso”.
Al referirse a uno de los compromisos de campaña del Ejecutivo federal, en cuanto a poner en marcha 100 nuevas universidades, el universitario indicó que una de las inquietudes suscitadas por el proyecto es el aspecto presupuestal.
“La formación superior es más cara que la básica o media, en especial en áreas como ingeniería, arquitectura o medicina. También es cierto que hay carreras menos costosas, así que determinar los montos destinados al renglón nos obliga a pensar qué país deseamos y qué recursos humanos se requieren para alcanzar ese ideal”.
Del 4 al 13 de diciembre de 1979, representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron en el entonces distrito federal para suscribir la llamada Declaración de México, en la que se comprometían “a dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación hasta destinar (a más tardar en 1999) no menos del siete u ocho por ciento de su producto nacional bruto a la acción educativa, con el objeto de superar el rezago existente y permitir que la educación contribuya plenamente al desarrollo y se convierta en su motor principal”.
Sin embargo, estamos en el siglo XXI y aunque el acuerdo se firmó hace cuatro décadas, apenas llegamos a un 5.3 por ciento del PIB y no hemos sabido elevar la cifra, por lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deberá hacer cálculos precisos para determinar de dónde sacar recursos para crear su centenar de universidades sin afectar el funcionamiento y tareas de las ya existentes, añadió.
Para Alejandro Márquez destinar más recursos a la formación de profesionistas es algo fácil de defender con palabras y difícil de justificar con números, por lo apretado del presupuesto federal.
“Según estimaciones de 2017, para cubrir todas sus funciones el gobierno necesitó del 23.8 por ciento del PIB. De este total, el 6.6 fueron gastos no programables, es decir, no se podían tocar a riesgo de poner en entredicho la confianza del Estado a ojos del mundo, pues sirven para pagar deudas y otros pendientes. Se trata de dinero ya comprometido.
“Ello hace que los gastos sí programables se reduzcan a un 17.2 del PIB. Si un 5.3 por ciento se va a educación, tenemos apenas un 11.9 para los demás rubros”.
Por ello, aunque hay voces que exigen elevar los montos para el desarrollo educativo y alcanzar el ocho por ciento sugerido por la UNESCO desde los años 70, hacerlo sin contemplar todas las variables involucradas sólo llevaría a desproteger flancos tan importantes como el de la salud, planteó el universitario.
A manera de conclusión, sugirió que el nuevo sistema de universidades sea una oferta de calidad para la población, de lo contrario se caerá en el criticable vicio de ofrecer formación de segunda o tercera para los más pobres.
