Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
La confrontación entre poderes se inició casi con el arribo de la nueva Legislatura. Días después de iniciado el período en septiembre, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reducir a no más de 5 años la estancia de jueces y magistrados en una misma plaza o circuito.
El golpe mortal tomó en la lela a los miembros del poder judicial, muchos de quienes se eternizan en sus circuitos donde además colocan a hijos, esposa, sobrinos, amantes y otros familiares y cercanos creando verdaderas redes de corrupción.
La iniciativa de Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado estuvo acompañada por declaraciones del zacatecanos en las que advirtió que ese era apenas el primer movimiento para rediseñar al Poder Judicial.
Luego en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley que penaliza ganar más que el Presidente de la República.
Con ello, los magistrados que ganan hasta 600 mil pesos mensuales -lo cual ha sido calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como algo no sólo inmoral sino un abierto acto de corrupción-, se pintaron la cara de guerra y anunciaron una acción judicial conjunta para aplicar la figura de respeto a Garantías Constitucionales, y echar abajo esa Ley.
Hoy sin duda existe ya una guerra, sorda, pero guerra entre poderes que no presagia sino conflictos.
Ayer, para abonar a esa confrontación, en el marco del Parlamento abierto, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República encabezada por Ricardo Monreal conversó con al ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel y con Juan Carlos Pérez Góngora, integrantes de la Asociación México Justo A.C., quienes presentaron un proyecto de iniciativa para reestructurar al Poder Judicial de la Federación.
Así los coordinadores de todos los grupos parlamentarios integrados en la Jucopo senatorial escucharon la propuesta que pretende, dijeron, que la Suprema Corte se asuma como la institución idónea en el combate contra la corrupción y la impunidad.
Pero para ello, indicaron Góngora Pimentel y Pérez Góngora, los ministros deberán no sólo mejorar la impartición de justicia sino resolver el nepotismo que los invade a fin de recupere la confianza ciudadana.
Por lo pronto la propuesta recibida contempla que el Consejo de la Judicatura Federal sea un órgano plural, compuesto por 11 miembros, de los cuales 8 sean externos al Poder Judicial y 3 del mismo órgano judicial, estos últimos propuestos el CJF y ratificados por el Senado.
Este sería el segundo gran golpe a la impunidad en que navegan los magistrados quienes dentro de la Judicatura son juez y parte.
De aprobarse esta iniciativa, jueces y magistrados serían supervisados y sancionados por especialistas ajenos al Poder Judicial.
El rediseño del Poder Judicial bajo esta nueva estructura de vigilancia externa, permitiría que la administración, supervisión y disciplina se aplicara verdaderamente a todo el Poder Judicial.
Esta nueva estructura de vigilancia podría investigar las conductas y situación económica de ministros, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial, se indicó.
De igual forma prevé la realización de exámenes de oposición y concurso de méritos para cada nivel de la carrera judicial y se faculta al CJF impedir y controlar el nepotismo ya que deberá aprobar el nombramiento de funcionarios judiciales realizados por los ministros, magistrados y jueces.
El exministro Genaro Góngora -cercano a Andrés Manuel López Obrador y quien se vio envuelto hace algunos años en un grave conflicto de abuso familiar-, explicó a los coordinadores parlamentarios que la iniciativa modificaría los requisitos para designar ministros.
En lo adelante sería el Consejo de la Judicatura y no el Presidente de la República quien propondría al Senado el nombramiento de ministros cuya designación sería por mayoría calificada.
Y, dentro de la línea de la iniciativa presentada antes por Monreal, esta propuesta contempla la reducción en el cargo de 15 a 6 años, con posibilidad de ratificación, y obliga a los ministros actuales a sujetarse también a este procedimiento.
Al recibir la iniciativa, Ricardo Monreal se comprometió a analizarla y ofreció una próxima reunión, para que expliquen el documento ante integrantes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.
RECONOCIMIENTO
Ayer, legisladores de todos los partidos y miembros de la Jucopo, entregaron un reconocimiento a Roberto Figueroa por su desempeño al frente de la secretaria general de servicios administrativos del Senado de la República, luego de que éste presentara su renuncia al cargo.
CITAN A JIMENEZ ESPRIÚ
Los senadores miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron por unanimidad pedir la comparecencia de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, así como del director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerard Ferrando Bravo, para que expliquen todo lo referente al proceso de cancelación, construcción y contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
La petición fue a su vez ratificada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, aun cuando no se definió fecha de asistencia de los funcionarios del nuevo Gobierno.
Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes encabezados por el mexiquense Higinio Martínez consideraron necesaria esta asistencia para recibir información directa de los responsables sobre lo que está sucediendo con la construcción y los contratos del NAIM, cuyas informaciones últimas, dijeron, desconciertan.
INCONSTITUCIONALIDAD
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC en el Senado interpusieron un recurso de institucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual, dijeron, violenta la división de Poderes.
Encabezados por el exsecretario de Gobernación y hoy coordinador de la fracción tricolor en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong, los priístas indicaron que su recurso de ninguna forma es en favor de los salarios desmedidos de altos funcionarios, sino en defensa de derechos adquiridos.
Indicaron que hay que acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, pero que ello se debe realizar sin pretextos para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros Poderes.
Sobre todo, dijeron, no se debe lesionar los derechos humanos ni los laborales de las y los trabajadores.
La acción de inconstitucionalidad, fue suscrita por senadores de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por lo que cumple con el requisito del 33 por ciento de legisladores requerido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que fue presentado en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional.
Los senadores priístas consideraron que no será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo, -como la aprobación de la ley federal en cuestión-, la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores estadios de bienestar.
