Ciudad de México, México.— La regulación de opioides y otras drogas podría afectar intereses políticos y económicos globales, además de involucrar los riesgos a la salud, cuestiones relacionadas con el sistema de justicia y la situación de violencia e inseguridad a nivel nacional, advierte el Senado de la República.
Una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, considera necesario incorporar al debate público el estudio del mercado global y legal de opiáceos y opioides, así como el sistema de Naciones Unidas que lo regula, en el marco de la discusión sobre la regulación de los opioides y otras drogas, detonada por la iniciativa del Congreso de Guerrero que propone la legalización de la amapola -así como por declaraciones recientes del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y la próxima secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero.
El estudio titulado “Los opioides en Estados Unidos y el sistema internacional de fiscalización de drogas”, identifica tres antecedentes sobre la regulación de la amapola: 1) la llamada ‘crisis’ de opioides en Estados Unidos; 2) el control internacional de la producción global y del comercio legal de opiáceos y opioides, así como la estimación mercantilista de la demanda mundial por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas; y 3) una de las principales críticas a este régimen de control internacional a partir del uso terapéutico de las infusiones de amapola desde la perspectiva de la medicina tradicional en India y de libertades políticas en Estados Unidos, lo cual encuentra un correlato en los resultados de la regulación del cannabis, con respecto al consumo de opioides, en algunos estados del propio Estados Unidos.
La investigación del IBD apunta que la discusión sobre la prohibición, y la posible regulación nacional, de algunas sustancias controladas internacionalmente, es mucho más compleja de lo que comúnmente se supone en México, pues no sólo involucra los riesgos a la salud sino cuestiones relacionadas con el sistema de justicia y sobre la situación de violencia e inseguridad a nivel nacional.
Además, sostiene el documento del IBD, esta discusión requiere todavía de mayor apertura, pues la situación nacional se interrelaciona con la complejidad de los intereses políticos y económicos de los mercados internacionales. De especial relevancia, es necesario incorporar al debate público y político el estudio del mercado global y legal de opiáceos y opioides, así como el sistema de Naciones Unidas que lo regula.
El IBD recuerda que ya se han presentado a nivel nacional e internacional diversas propuestas, serias y rigurosas, para la regulación de la amapola (y en general, para la regulación de los mercados de drogas). En ese sentido, el Instituto indica que una tarea, todavía pendiente, consistirá en recopilar y sistematizar las propuestas ya presentadas públicamente.
El IBD señala que algunas de estas propuestas provienen de la Comisión Global de Política de Drogas, organismo internacional que ha puesto sobre la mesa diversas recomendaciones, entre las que destacan: considerar urgentemente las diferentes opciones para modernizar el régimen internacional de fiscalización de drogas, un tratado internacional unificado contemporáneo, la regulación de drogas actualmente prohibidas, así como buscar evidencia sobre la regulación legal de las drogas y deben abrir procesos participativos locales y nacionales para determinar las reformas.
