Ciudad de México, México.— El Estado mexicano debe brindar protección a los centroamericanos que han ingresado a nuestro país, aseveró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alfredo Femat Bañuelos al inaugurar el foro “Migrantes y Refugiados: retos para México como país de origen, tránsito y destino”.
Afirmó que llegan con temor de ser perseguidos por razones de raza, religión, género u opinión política en sus naciones, por lo que adquieren la calidad de refugiados.
Las condiciones en las que arriban al territorio nacional, llama a la responsabilidad y actuar del gobierno. El compromiso de la Cámara de Diputados, sostuvo, es ofrecer alternativas de solución y desarrollo para esas personas, a través de acciones coordinadas y complementarias con otros Poderes.
Femat Bañuelos, diputado del PT, aseveró que el desplazamiento humano no es un fenómeno aislado, pues “nos encontramos ante la mayor crisis de movilidad desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 68 millones de personas son obligadas a dejar sus lugares de origen”.
Indicó que los esfuerzos deben ser colectivos y con trabajo coordinado de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil; es un tema que debe atenderse desde una perspectiva de desarrollo, en virtud de que los migrantes representan casi 3 por ciento de la población mundial, y generan 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto global.
De acuerdo a la Agenda 2030, continuó, las personas en situación de desplazamiento tienen el potencial de contribuir al avance de las comunidades a las que llegan, a través del aumento de la fuerza laboral, inversiones y diversidad cultural.
El legislador consideró que por su condición geográfica y vocación, México tiene una tradición histórica de origen, tránsito y destino de personas; además, cuenta con un andamiaje jurídico robusto en la materia.
Destacó, por ejemplo, la reforma constitucional de 2011 que incorporó como principio normativo el respeto y promoción de los derechos humanos. Además, se emitieron dos normas relevantes: Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Por su parte, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alberto Villa Villegas (Morena), resaltó que nuestro país trabaja de manera permanente en la armonización legal, con los más altos estándares internacionales, a fin de garantizar los derechos fundamentales de connacionales y extranjeros.
Manifestó que un asunto sensible son los niños no acompañados; de 2012 a 2018, se ha detenido en México a más de 138 mil, de los cuales 65 mil viajaban solos. “En su intento por cruzar la frontera, esos menores son vulnerables a situaciones de explotación, trata y delincuencia organizada. La protección de sus derechos debe ser prioritaria”.
Ante fallas en los esquemas de salvaguarda de personas, resulta indispensable consolidar reformas legislativas que avalen de manera efectiva la promoción, respeto y protección de los derechos de migrantes y de quienes solicitan asilo, apuntó.
Precisó que, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en México se incrementaron mil 26 por ciento las peticiones de refugio entre 2013 y 2017. Al pasar de mil 296 a 14 mil 596 solicitudes, aunque la aceptación de personas disminuyó 27 puntos porcentuales.
Agregó que, en 2016, la mayoría de solicitantes de refugio eran provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Para 2017, bajó la demanda 59 por ciento, y las autoridades aceptaron a 2 mil 800 personas.
Detalló que, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), este año, el 45 por ciento de peticiones son de hondureños, 23 por ciento de venezolanos y 21 por ciento de salvadoreños; Chiapas, la Ciudad de México y Tabasco, son los lugares con más solicitudes.
El legislador estimó que ante la situación global de violencia, represión y persecución, México no puede permanecer ajeno o con un marco legal que violente más las garantías de las personas. “Estamos en una encrucijada al pedir el respeto de los connacionales en Estados Unidos, pues es lo que debemos ofrecer a quienes entran a nuestro país”, apuntó.
Finalmente, mencionó que es parte de la labor de los legisladores reforzar las normas para lograr el pleno respeto de todas las personas, sin importar su nacionalidad.
