Por José Vilchis Guerrero
Ciudad de México, México.– Frente a una crisis que deriva de la ausencia del Estado, hay que reconstruir las instituciones públicas y a la sociedad, que pone al descubierto sus peores valores cuando, por ejemplo, llega una caravana de migrantes: xenofobia, discriminación y racismo, afirmó Alejandro Encinas Rodríguez, próximo subsecretario de Derechos Humanos.
Encinas Rodríguez reveló que a partir del 1 de diciembre se iniciará una renovación completa del Instituto Nacional de Migración y se creará la Comisión de Investigación por la Memoria y la Verdad en Ayotzinapa. Para ello se pedirá la colaboración de las universidades para que los jóvenes egresados de derecho, psicología y ciencias forenses ayuden en las labores de apoyo a víctimas.
“Al Instituto Nacional de Migración tendremos que sacudirlo, porque es la institución del Estado que más violaciones a los derechos humanos comete; está ligada con la delincuencia organizada, con el tráfico de armas, drogas y personas, prostitución y pornografía. No será fácil ni cambiará de la noche a la mañana”, enfatizó el exjefe del Gobierno del Distrito Federal.
En el segundo día de actividades del Seminario Internacional “La transformación Histórica del régimen mexicano en el contexto global: los retos para el próximo sexenio”, en el que también participaron el padre Miguel Concha, Abel Barrera y John Ackerman, dijo Encinas que el principal objetivo, enfatizó, será hacer valer, garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, expresados en el artículo 1 de la Constitución.
Ante estudiantes y académicos reunidos en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM remarcó que según el último reporte, en el campamento de migrantes en la Magdalena Mixhuca, Ciudad de México, se alberga a cuatro mil 814 personas, principalmente hondureños.
Reconoció que el fenómeno de las caravanas migrantes llegó para quedarse y se diversificará; recordó que en Piedras Negras y Nuevo Laredo hay mil 500 migrantes provenientes del Congo y Nigeria, que podrían ser rechazados por Estados Unidos, convirtiéndose en apátridas que el Estado mexicano deberá atender.
El país, añadió, se ha convertido en una gran fosa: más de mil 100 fosas clandestinas ubicadas, en las que no se ha hecho trabajo de exhumación porque no existe la capacidad para rescatar los cuerpos. Por ello, resaltó, el 1 de diciembre se creará la Comisión de Investigación por la Memoria y la Verdad en Ayotzinapa, en la que intervendrán comisiones de naciones unidas, expertos, padres de las víctimas y los afectados.
Encinas Rodríguez lamentó que la violencia se haya extendido al hogar, pues la mayoría de los feminicidios y agresiones contra la mujer se cometen en el hogar, la familia y sus círculos más cercanos, problema que ha llevado a una descomposición y ruptura del tejido social.
De ahí la importancia de que un eje rector de la política sea la defensa de los derechos humanos, la atención a las víctimas, rescatar la memoria de la verdad y justicia. Entre las estrategias a seguir acentuó la de generar un cambio cultural en la sociedad para que sea copartícipe en esta asociación y ayude a superar la crisis.
Generadores de ideas críticas
En entrevista, John Ackerman, titular de Diálogos por la Democracia y organizador del seminario, explicó que más allá de la investigación y la academia, la UNAM tiene un papel clave como generador de ideas y una posición crítica, y con este seminario asume su responsabilidad de contribuir al debate público ante procesos como la transición política que se vive.
En el encuentro se han debatido temas como la migración y el futuro de América del Norte, las elecciones del 1 de julio como fenómeno histórico, la democracia mexicana y seguridad pública. “Sabíamos que las cosas estaban mal, pero al acercarse a la realidad uno se percata de la gravedad del problema. No se trata de que la UNAM sea subordinada del gobierno, sino que ocupe su posición de aportar análisis serio y crítico”, enfatizó el politólogo.
El objetivo del seminario es ofrecer puntos de vista críticos sobre los problemas, y de ahí que en las discusiones también participen tomadores de decisiones como Zoe Robledo, próximo subsecretario de Gobernación; Elena Álvarez Buylla, próxima titular del Conacyt; Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, y Santiago Niego, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En su oportunidad, el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, coincidió en que México llega al 2018 como un cementerio, lo que denota que el país “está sobrediagnosticado con una severa crisis de derechos humanos, enfrascado en el dolor y la violencia y sin respuesta eficaz ni oportuna en los últimos sexenios”.
A su vez, el antropólogo Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que al exigir el respeto a los derechos humanos no se puede ceder ni aceptar que se siga militarizando la seguridad pública. “El dolor revoluciona, y quiere evolucionar a estadios de mayor respeto de los derechos humanos. Por eso les decimos: los pueblos indígenas son baluartes y la autoridad moral de un país en crisis, sometido por criminales y supeditado a intereses empresariales”.
Claudia Mendoza, de la Facultad de Derecho y moderadora de la mesa, comentó que el pasado 7 de noviembre se realizó la tercera revisión de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde se leyó un reporte elaborado por organizaciones civiles que destacan el hecho de que nuestro país vive una crisis de corrupción e impunidad, poniendo énfasis en que no se han cumplido las aproximadamente 207 recomendaciones de evaluaciones hechas en 2009 y 2003.
Compromiso con las demandas sociales
Héctor Castillo Berthier, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y fundador del Circo Volador, reiteró la responsabilidad de la academia respecto a la conformación de un gobierno realmente comprometido con las demandas sociales.
Raúl Romero, también del IIS, instó a atender la importancia de “no corporativizar las insurgencias”, e invitó a identificar que los dos pilares de los agravios generalizados en nuestro país son la economía del despojo y el crimen organizado. Además, sentenció, “el gobierno entrante requiere acabar con pactos de impunidad”, y que frente al actual panorama de disputa en la arena pública, un reto pendiente proviene de la sociedad, que debe repensar las altas expectativas que tiene respecto al cambio de gobierno y sumarse a la construcción de alternativas junto a los movimientos que ya existen.
En tanto, Lucía Álvarez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, destacó que en el contexto actual de deslegitimación de los movimientos y de institucionalización de la participación, el panorama sugiere un momento para la construcción de una nueva hegemonía en la que gobierno y ciudadanía gestionen, en conjunto, las demandas sociales.
Sergio Zermeño, del IIS, afirmó que Morena se enfrenta también a la necesidad de una revolución epistémica, una que permita “establecer escaleras hacia abajo”: reconstruir lo social, articular, bajar recursos y acercar, sobre todo, a las juventudes universitarias hacia las transformaciones necesarias en zonas intermedias.
Sobre la calidad de la democracia, Jorge Gómez Naredo, de la Universidad de Guadalajara, afirmó que pese al triunfo democrático de Morena, queda aún un largo camino por recorrer para asegurar que en un país como México el tema del fraude no vuelva a ser un pendiente.
Finalmente, Rosa María Mirón Lince, directora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, afirmó que “la única manera de garantizar la democracia es con más democracia”, enfatizando este camino en dos vías: la democratización del poder y una ciudadanía vigilante y activa.
