Demanda congresista terminar con nómina dorada en Cámara de Diputados con enmienda a ley orgánica

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Ciudad de México, México.– Al considerar que en los últimos 10 años los partidos mayoritarios convirtieron a la Cámara de Diputados en un botín, Javier Hidalgo Ponce, legislador de Morena, exhortó a acabar con la nómina dorada y aplicar medidas de austeridad para fortalecer la capacidad de este poder como ente transformador de las leyes mexicanas.

A través de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Hidalgo Ponce propuso adelgazar la nómina legislativa y desaparecer cargos creados innecesariamente.

Esto permitirá eficientar el manejo administrativo de la Cámara con la unificación de los Centros de Estudio en uno sólo.

Así como reducir los cargos burocráticos al fusionar facultades y no exigir una plaza bien remunerada para cada una. Además de transparentar con máxima publicidad las subvenciones de los grupos parlamentarios, con miras a regularlas y reducirlas.

Criticó que en los últimos años, hablar de la Cámara de Diputados era sinónimo de un lugar donde se creaban y repartían cargos innecesarios, con altísimos salarios, a costa del erario público y con fines absolutamente políticos.

Expuso que, de acuerdo a un análisis de las plazas y remuneraciones de la alta burocracia en la Cámara de Diputados, un Secretario General ganaba 315 mil pesos mensuales brutos; 3 secretarios de servicios recibieran 275 mil pesos al mes, cada uno; 24 Directores generales ganaban en promedio 240 mil pesos al mes; 66 Directores de área con un salario promedio de $170 mil pesos mensuales.

Lo anterior sin considerar a las decenas de Coordinadores, subdirectores, jefes de unidad, homólogos, todos con sueldos de cientos de miles de pesos. Por tal motivo señaló que la austeridad y transparencia en el recinto legislativo debe ser una necesidad de suma importancia.

Entre las reformas planteadas por Javier Hidalgo en su iniciativa también está que los nombramientos de los titulares de los servicios parlamentario y administrativo y financiero se regularán por las disposiciones del estatuto; y la permanencia y promoción de los funcionarios se sujetará a los resultados de la evaluación anual que se realice en los términos que establezca el estatuto.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen.