Ciudad de México, México.— El problema financiero que enfrenta una decena de universidades públicas estatales, por 15 mil millones de pesos, se debe a que sus sistemas de pensiones y jubilaciones “están técnicamente quebrados”, admitió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán.
Durante los últimos siete años hubo recursos extraordinarios para ellas, del orden de 100 mil millones de pesos, pero tuvieron que ir drenándolos para sostener sus sistemas de pensiones, informó durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo federal.
Adicionalmente, abundó, en esas casas de estudio se fueron generando otros problemas, como una generación muy baja de ingresos propios y un crecimiento de las prestaciones laborales de sus trabajadores, que no están reconocidas en el modelo establecido por la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la SEP.
Como ejemplo, refirió el funcionario federal, sus plantillas laborales ostentan aguinaldos de entre 70 y 90 días y primas vacacionales de entre 15 y 32 días.
“Tuvieron que ir drenando recursos para seguir sosteniendo la sostenibilidad actuarial de los sistemas de pensiones. (Los recursos) los pasaron de su presupuesto a los fondos de pensiones”, externó.
Granados Roldán abordó el tema a pregunta expresa del diputado Benjamín Robles Montoya (PT) sobre la situación de las 10 universidades que presentan un déficit presupuestal (de la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas).
Los rectores de estas universidades se han acercado a la Cámara de Diputados para encontrar una solución a su problema financiero.
El titular de la SEP también enfatizó que el modelo de educación superior de México “está entrando gradualmente en un serio problema”, relacionado con el crecimiento de la matrícula y las habilidades que los universitarios adquieren en esas instituciones.
Expuso que, en México, “de 1960 para acá (2018), la matrícula de educación superior creció 132 veces”.
Asimismo, apuntó que el 28 por ciento de los desempleados en el país tienen estudios de licenciatura y el 1.7 por ciento de maestría o doctorado, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales son datos preocupantes.
“Quiere decir que, entonces, lo que están recibiendo por esas carreras que están estudiando no le está dando las habilidades, las competencias, para insertarse efectivamente al mercado laboral”, consideró.
