ÍNDICE POLÍTICO
Por FRANCISCO RODRÍGUEZ
Con bombo y platillo, en el furor del peñanietismo se anunció el nombramiento del zar antisecuestros, el campechano, Renato Sales, formado por Samuel del Villar en los sótanos de la Procuraduría de la capital nacional. Osorio Chong, su jefe, lo presumió como la cereza del pastel. La famosa Comisión Nacional Antisecuestros llegaba a marcar la línea.
La ubicación de la oficina de marras, en la esquina de Félix Cuevas y Patricio Sanz, presentaba una cara al público que prometía eficiencia y honradez. Los abogados litigantes de casos sonados de secuestro, al menos en la capital, empezaron a querer canalizar sus demandas y exigencias al nuevo zar peninsular.
Entre ellos, un grupo de habitantes de la colonia Narvarte que contrató los servicios del ameritado penalista Alberto Woolrich, pues estaban cansados de exigir justicia para un gran número de secuestros y levantamientos de vecinos y familiares que habían sido victimados en las inmediaciones de la estación del Metro Benito Juárez.
Woolrich solicitó una audiencia con el nuevo zar, lograda después de afanosos trabajos de cabildeo e intermediación con reputados miembros del foro jurídico. La cita se pactó y los vecinos acudieron al encuentro con el renombrado fruncionario, acompañados por su abogado de confianza. Empezaban con el pie derecho.
Segundo de a bordo, cerebro de todos los secuestros
Y como suceden estas cosas, cuando la secretaria informó a Sales que estaban en su antesala los agraviados, los monitores de las cámaras internas de la oficina reflejaron rostros y nombres de los quejosos. Como por arte de magia, Sales inventó un acuerdo importantísimo con Osorio Chong, se excusó de atenderlos y comisionó al segundo de a bordo para el efecto.
Los quejosos pasaron con el abogado Woolrich a la sala de juntas de la pomposa Comisión Nacional Antisecuestros, tomaron asiento esperando al gerifalte que iba a escuchar sus quejas, y cuando lo vieron aparecer, le suplicaron al defensor retirarse de inmediato de esa reunión. Woolrich accedió, y en la calle les preguntó por qué habían decidido no seguir con sus trámites.
Por más respuesta, los agraviados, que vivían a escasas cuadras de la Comisión Nacional Antisecuestros, le contestaron que la persona que iba a atenderlos por órdenes de Sales había sido el primer comandante de la judicial del DF durante el período en el que éste fungió como Subprocurador y era el cerebro de todos los secuestros en la Ciudad de México.
Lo habían identificado en el acto las mismas víctimas del primer comandante de la Comisión. Y en efecto, concluyeron, Sales se había excusado de atenderlos por la misma razón. Los dos jerarcas estaban inodados en los ilícitos. Formaban parte de la mismacopa. Eran gusanos de la misma guayaba.
Tras varios años, vecinos siguen ser atendidos
Parientes, esposas, maridos, hijos y familiares de la comunidad de la colonia Narvarte, colindante con el domicilio de la nueva Comisión Nacional Antisecuestros, habían sido las víctimas y eran objeto de los chantajes de Sales y del primer comandante que ahora era el subcoordinador de la Comisión de marras.
Hasta la fecha, los vecinos de la colonia Narvarte, afectados en primera persona por los más altos comisionados de la seguridad pública y ahora nacional, no han sido atendidos en una sola de sus demandas, ya que la sucesora del campechano, después de que éste fuera ascendido a titular de la Comisión Nacional de Seguridad, fue Patricia Bugarin, una recomendada y cómplice del infame campechano. Rateros de siete suelas.
Ascensos a base del reparto de moches del soborno, del chantaje
El primer comandante de la judicial del entonces DF, quien era el segundo de a bordo de Sales, hoy es un prócer de la seguridad nacional que no se deja ver ni en el organigrama. Son demasiado importantes. Lograron sus ascensos a base del reparto de moches del soborno, del efecto demoníaco del chantaje.
Mucho ha sufrido la sociedad mexicana en materia de procuración e impartición de justicia, en todos los niveles y en todos los sexenios pripanistas. Y mucho más, después de ese engendro del sistema penal acusatorio que promovió el hombrecito campechano como panacea de todos los problemas.
Problemas agudos de corrupción institucional, endémica y sistémica en todos los aparatos, oficinas, comisiones, juzgados, ministerios, magistraturas y procuradurías de justicia han dado al traste con la confianza ciudadana. No hay en quien confiar, porque la justicia en México se ofrece al mejor postor.
Normalmente, al peor de los postores y se confía a lo peorcito de nosotros mismos. Se ha convertido en la fotografía de la descomposición estructural del sistema, o si se quiere, en el espejo negro de Tezcatlipoca. Así de nocivo, así de dañino, así de decadente y podrido hasta la médula. Los juzgadores, comisionados, procuradores y ministros de la ley son una sucia bacinica inmunda y corruptora.
INEGI: 7 de cada 10 ciudadanos, víctimas de la violencia
De que debe haber excepciones, o en este caso prietitos en el arroz de la corrupción, los hay. México es semillero de grandes, honestos y prestigiados juristas. Pero son desafortunadamente contados con los dedos de una mano, y son realmente disfuncionales para el sistema actual de cosas en ese aparato depredador y vergonzoso.
Así lo demuestran las estadísticas del crimen, del secuestro y de los variados ilícitos que se cometen, perpetrados por las mismas autoridades en las calles de la capital nacional y en todos los rumbos del país, en todas las poblaciones y rancherías. El objetivo central de los mandarines de la ley es sólo enriquecerse, y mientras más pronto, mejor.
No es casual sino causal el hecho de que 7 de cada 10 ciudadanos mexicanos hayan sido violentados, ultrajados, vejados, masacrados y borrados del mapa, según las estadísticas oficiales del mismo INEGI, que se ha visto obligado a reconocer que efectivamente somos el país más violento de la Tierra, en medio de una guerra civil no declarada, inmediatamente después de la atribulada Siria.
Coincidentemente, es la misma cantidad de mexicanos, el 70% de la población que el primero de julio votó por desterrar del país el método pripanista de solucionar las controversias en el seno de una sociedad agobiada por el crimen, el secuestro y la complicidad del aparato gubernamental con la delincuencia organizada.
El pueblo decidió el 1 de julio: Urge una limpia total
Y como el que pone, quita, ya ahora no tienen la menor justificación para seguir medrando a costillas de la población. México ha decidido en contra de la violencia institucional y de la justicia a modo. Es hora de que se vayan a la… china Hilaria estos impostores y delincuentes que han hecho fortunas a base del descaro, el cinismo y la gesticulación hipócrita dizque en favor del imperio de la ley.
Urge una limpia total. Así lo decidió el pueblo de México. Aunque crean los favoritos de la tolucopachucracia que le nueva opción es irrealizable, por algún lado hay que empezar. Está en juego no sólo el futuro, sino la dignidad ciudadana y la identidad nacional.
¡Fuera máscaras!
¿No cree usted?
Índice Flamígero: “Se deben ir todos”, dice enfático un ex director de la desaparecida Policía Judicial. Señala que quienes hasta ahora se han encargado de la dizque seguridad pública desconocen el oficio policiaco –militares y marinos incluidos–, y “para poder sacar su chamba” se han aliado con los malandrines a cambio de migajas económicas. Y, lo peor, que por esas cantidades mínimas se ponen al servicio de los delincuentes, quienes los tratan como empleados. Si el próximo gobierno quiere de verdad hacer las cosas bien, me subraya, no debe quedar ni uno solo. Nadie que haya “trabajado” en las áreas de seguridad pública en los sexenios de Fox, Calderón y Peña. ¡Nadie! + + + En la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada ayer por el coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, se lee por qué puede señalarse sin rubor que el fallidos régimen pripanista de los últimos tres sexenios abrió la puerta al cambio: “De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país durante 2016 existían 53.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza; 21.3 millones con rezago educativo; 19.1 millones que no contaban con acceso a servicios de salud; 68.4 millones que no recibieron servicios de seguridad social; 14.8 millones que habitaban en casas con espacios reducidos y construidas con materiales no adecuados de construcción; 23.7 millones de personas que no contaban con servicios básicos de vivienda y 24.6 millones que no contaban con acceso a una alimentación adecuada en términos de nutrientes mínimos para la salud”.
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