Análisis a Fondo
El secuestro de una niña
Sara, 100 horas de angustia
Por Francisco Gómez Maza
Sara, de 12 años de edad, es una niña estudiosa que cursa el sexto año de primaria, pero el pasado miércoles 3 de octubre no se presentó a clases porque un comando armado la secuestró pasadas las seis de mañana, cuando se disponía a salir de su casa en compañía de su padre. Cien horas después –hasta el amanecer del domingo– solamente habló unos segundos con su padre implorándole que pagaran el rescate para liberarla. Los secuestradores exigen un pago de 2 millones de pesos por su liberación. El problema es que su familia es de clase media y lo único de valor que poseen es un auto Jetta de modelo reciente que la familia aún no acaba de pagar, pero que ya han puesto a remate para reunir la mayor cantidad de dinero posible y ofrecerla en la negociación.
La vida de Sara pende de un hilo. Está merced de sus secuestradores, quienes la tienen amarrada y con los ojos vendados. Su familia vive en la unidad habitacional Erasmo Castellanos, en Peñuela, en Amatlán de los Reyes, en las cercanías de Córdoba en Veracruz.
Los padres de Sara y sus hermanos están enfermos de terror; no comen, no duermen. Viven una pesadilla que los tiene angustiados en espera de una milagrosa llamada. ¿Cuántas familias más estarán sufriendo las mismas pesadillas?
César “N”, de 53 años, padre de Sara, se disponía a manejar su Jetta azul con matrícula YGY-90-64 de Veracruz cuando cuatro sujetos cubiertos del rostro y con sudaderas, le salieron al paso antes de tomar su vehículo y lo golpearon, después le quitaron las llaves del Jetta y se llevaron por la fuerza a su hija. Después del secuestro los criminales devolvieron el vehículo al informar a donde lo habían abandonado.
Según trascendió, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) tomó el caso, pero nadie confía en las autoridades de Veracruz, pues esa entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de secuestros; tan sólo el año pasado el Sistema Nacional de Seguridad Pública recibió información de 38 casos de secuestro, la mitad de ellos de menores de edad, empresarios y familiares de políticos.
En la zona centro de Veracruz, los municipios con mayores índices de secuestros son Amatlán de los Reyes, Camerino Z. Mendoza, Chocamán, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Nogales y Río Blanco; corredor que no rebasa los 60 kilómetros de amplitud.
El resto de municipios con reporte de secuestros son: Acayucan, Banderilla, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan de Morelos, La Antigua, Medellín de Bravo, Noalinco y Perote.
Lo malo es que la gran mayoría de las policías (municipales y estatales forman parte del crimen organizado.
En marzo pasado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue severamente cuestionado por los veracruzanos, porque seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detenidos, entre ellos el subdelegado del mando único en el municipio de Córdoba, fueron vinculados a proceso, acusados de la desaparición forzada y el homicidio de un joven de 25 años de edad.
Este caso se ha ventilado en la sala de juicios orales de Amatlán, Veracruz, donde la juez les impuso prisión preventiva por un año. De acuerdo con la investigación 6328/2018, el pasado 21 de febrero Juan Arturo Méndez Alcántara, oriundo de Cuautlapan, municipio de Ixtaczoquitlán, transitaba por la colonia Nuevo Córdoba, cuando fue detenido por una patrulla de la SSP.
Después de una semana de desaparecido, sus restos fueron localizados en las márgenes del río Blanco, cerca del ingenio San Nicolás, en el municipio de Omealca. Los familiares de la víctima responsabilizaron a los agentes de la SSP.
El subdelegado del mando único en Córdoba, Patricio Lagunes, y cinco policías de la SSP fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado la madrugada del domingo.
Hay que recordar que actualmente están vinculados a proceso 16 policías y tres ex mandos de la SSP que, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, (2010-2016), participaron en la desaparición forzada de 15 personas en la capital del estado en 2013.
Lo lamentable es que ahora la niña Sara, de 12 años de edad, ha pasado a formar parte de las estadísticas del secuestro, mientras el gobierno federal permanece de brazos cruzados y nadie hace nada. Ni siquiera los medios de información en el estado de Veracruz se han ocupado de la noticia de este abominable secuestro.
El 5 de septiembre del año pasado se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro como la instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con este delito.
Dicha unidad operaría bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación y estaría adscrita a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Para el efecto se han gastado millones de pesos en publicidad para anunciar que en caso de ser víctima o testigo de secuestro y extorsión telefónica, las denominadas UECS te atienden las 24 horas del día, los 365 días del año.
Para “reforzar” a la Unidad Antisecuestro de la PGR, se crearon 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) y 15 subsedes en los estados del país.
Lo cierto es que en Veracruz, como en muchas otras partes del país, todo ha resultado un engaño, mera publicidad y, lo que es peor, la PGR y sus pomposas representaciones en los estados están presuntamente infiltradas y al servicio del crimen organizado como la gran mayoría de las policías en todo el país.
Será justo que el próximo gobierno otorgue el perdón a estos criminales.
Como los padres de la niña Sara, hay millones de mexicanos que han sido víctimas del crimen: secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos en masa, narcoejecuciones, etc… etc..
Los Foros de Pacificación propuestos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se han convertido en una farsa.
Lo peor está por venir.
