Ciudad de México, México.– En materia electoral, el Estado tiene el deber de otorgar justicia pronta y expedita para garantizar la tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos, sostuvo la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez.
Al participar en el Foro Nacional Hacia un nuevo modelo de Justicia Penal Electoral realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), dijo que los órganos del Estado tienen el deber de procurar e impartir justicia.
“Hoy no podemos echar reversa a los derechos político-electorales reconocidos a cada uno de los ciudadanos mexicanos. El Estado debe dar respuesta desde lo penal y administrativo, así como en la impartición y procuración de justicia”.
Para ello -agregó- la procuración de justicia en materia electoral debe contar con los siguientes elementos: “independencia y autonomía para actuar; la cientificidad en la investigación y los peritos necesarios para dar una respuesta más inmediata”.
En compañía del Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González; del Encargado de la Fiscalía General del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal; del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Alfredo Orellana Moyao y el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, coincidió en definir nuevos tipos penales, es decir las acciones que son consideradas delito en el ámbito electoral.
En la mesa “Justicia expedita y efectiva” moderada por el Director Jurídico del INE, Gabriel Mendoza Elvira, la Consejera Zavala explicó que “hay muchos tipos penales que ya no corresponden a nuestra era y a lo que estamos viviendo en los procesos electorales”.
En este sentido, la Consejera subrayó que la ciudadanía espera respuesta de las autoridades desde las administrativas, hasta las penales, en un nuevo contexto donde priva también la tecnología, por lo que consideró necesario que se articulen como parte de un procedimiento para hacer uso de los medios que permite el nuevo sistema penal, como la justicia restaurativa y el uso de la ciencia.
