Ciudad de México, México.— La desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa quedó registrado en el libro rojo de la historia sangrienta del país que lastimó el tejido social con responsabilidad del gobierno federal, señalaron diputados de Morena, PRD, PT, PES, y exigieron una comisión especial que dé seguimiento a los actos y ayude a su esclarecimiento.
En su participación el PRI, aclaró que el caso Iguala no se ha cerrado, por el contrario, hay apertura para sumar todo lo que aporte en el objetivo, que es castigar a todos los implicados.
A cuatro años de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y como parte de la agenda política de la sesión del pleno, el diputado morenista Víctor Adolfo Mojica Wences dijo que el asesinato brutal de seis ciudadanos guerrerenses, 25 heridos y la desaparición de 43 estudiantes quedó registrada “en el libro rojo de la historia sangrienta de nuestro país y se suma a la larga cadena de crímenes de lesa humanidad, que se mantienen impunes en la era de los gobiernos autoritarios de ayer y hoy”.
Enfatizó que los resultados de la investigación presentados por el gobierno federal, muestran graves sospechas de colusión entre dependencias federales y los presuntos criminales. “Ha sido evidente que el gobierno federal ha tenido mucha prisa por cerrar el caso, de acuerdo a un final concebido desde el principio, el cual han defendido a capa y espada a pesar de la existencia de evidencias que muestras graves inconsistencias y violaciones al debido proceso e, incluso, contradicciones en los resultados presentados como “verdad histórica”.
La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes “fue permanentemente obstaculizada y saboteada y ellos hostigados y sometidos a un linchamiento mediático abrumador, impidiéndoles el acceso a instalaciones, informes y documentos recabados”. A pesar de ello, sus resultados marcaron conclusiones diferentes que obligan a una redirección de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, señaló.
“Exhortamos al presidente de la República a que instruya, a quien corresponda, reiniciar la investigación sobre la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, apegado a la verdad y a una comisión de ella, con amplia satisfacción de resultados y justicia para quienes fueron lastimados, de manera directa e indirecta, y para los mexicanos en general”, puntualizó.
El diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) manifestó que a 4 años de los acontecimientos de Iguala, es necesario hacer un análisis en materia de seguridad pública en el país. “Los sucesos en donde desaparecieron los 43 estudiantes nos obligan a ser enfáticos ante los retos que el gobierno debe afrontar”.
Apuntó que en las investigaciones del caso participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialistas internacionales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como familiares de personas afectadas, a fin de garantizar su derecho a ser escuchados e informados.
“Lo que debe ocuparnos es la colaboración para esclarecer y poner fin a los hechos de septiembre de 2014. Ante dicha realidad se deben impulsar acciones que aclaren éste y cualquier otro caso”, afirmó.
Se pronunció por diseñar políticas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos. “No somos indiferentes a este caso, pero no se debe usar la fecha para desviar atención del objetivo principal, que es trabajar para que no se repitan acontecimiento como ese.
Lilia Villafuerte Zavala, diputada del PRD, consideró que la desaparición de los 43 estudiantes es uno de los pasajes más negros de la historia, ya que el pasar de los días develó circunstancias peores de las auguradas, porque lo que se creía un delito cometido por el crimen organizado, terminó como el quebrantamiento del Estado de derecho.
“Esa noche se cumplieron todas las advertencias de que teníamos en el país un narcoestado. Se truncó la vida de nueve muchachos y más 43 desaparecidos con la colaboración de agencias policiales y autoridades locales, estatales y federales”, comentó.
La legisladora exhortó a la Junta de Coordinación Política para que conforme una Comisión Especial que dé seguimiento a los actos y ayude a su esclarecimiento. Recordó que el PRD solicitó juicio político en contra del entonces procurador, Jesús Murillo Karam por la falta de atención a muchas de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sostuvo que quedan muchos pendientes como conocer el grado de participación de Policía Federal, del Ejército y de corporaciones municipales y estatales. “También debe darse pronta resolución a las denuncias de quienes han sido detenidos y señalan hechos de tortura”.
La diputada Abigail Ku Escalante (MC) dijo que la desaparición de estudiantes oscureció aún más la ausencia de Estado de derecho, pues el gobierno ha sido incapaz de tutelar vida y derechos humanos en el país, dejando miles de muertos y decenas de desaparecidos.
Precisó que de 2007 a la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reporta 37 mil 435 personas cuyo paradero se desconoce y la mitad del total son jóvenes menores de 29 años. Además, 2017 y 2018 son años con cifras record en crímenes.
Aseguró que el caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado, porque las instituciones de procuración de justicia han sido incompetentes para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables y cómplices; sin embargo, subrayó, un crimen no se resuelve con más crímenes, y hay señalamientos de que las autoridades han torturado a decenas de personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes.
Estimó que el gobierno ha tenido insensibilidad sin precedentes ante el caso, y prueba de ello es que se buscó crear la llamada Comisión de la Verdad, por instrucciones de un Tribunal federal; no obstante, el gobierno ha interpuesto cerca de 200 recursos legales para evitar su conformación.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se pronunció por crear una Comisión de la Verdad, que llegue hasta las últimas consecuencias. “Los padres y las madres de los normalistas merecen saber qué paso; no puede haber ni perdón ni olvido”, señaló.
Dijo que a 50 años del crimen del 2 de octubre, se repite uno en donde la autoridad que lo hizo se sigue protegiendo a sí misma; “tendrá que ser nuestro gobierno popular el que haga justicia”.
Indicó que México es el segundo país de periodistas asesinados del mundo, “más de 200 mil desaparecidos, matanzas a lo largo y ancho de la nación, pero el crimen de Ayotzinapa señala a Enrique Peña Nieto como el responsable central del mismo, que agravia a nuestro pueblo”.
“Que te maten una hija, un hijo es una prueba durísima y terrible; que te lo desaparezcan debe ser una tortura inaguantable, pero que sea una desaparición forzada; “imaginemos a esos padres y madres que durante cuatro años todos los días se levantan con el dolor exigiendo saber qué pasó con sus hijos y que los presenten con vida”. Por ello nosotros no exhortamos, exigimos justicia, porque no se aguanta más está herida abierta en el cuerpo de nuestra nación, enfatizó.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) afirmó que es indignante la indolencia y la opacidad del gobierno federal para dar respuesta, decir la verdad y castigar a los culpables con todo el rigor de la ley por éste que es uno de los más dolorosos acontecimientos del país.
Este hecho lamentable, demuestra la descomposición y fractura social que vive el país y la opacidad con que se realizan las investigaciones “que acabaron siendo insostenibles por la falta de sustento y veracidad jurídica y sólo muestran la falta de justicia, la corrupción y la más lacerante filtración del crimen organizado a los más altos niveles del gobierno federal”, sostuvo.
Dijo que a cuatro años, y sustentados en las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos, se muestra la falsa historia acerca de este crimen, cuya magnitud hace “insostenible” pensar que ninguna instancia de los tres órdenes de gobierno sabía lo que pasaba, cuando el Ejército, la PGR y la Policía Federal tienen cuarteles en esa ciudad”.
Ni perdón ni olvido a esta barbarie, subrayó, y exigió la verdad, “que se diga lo que pasó realmente, quién dio la orden de disparar a sangre fría a los jóvenes, por qué no han regresado, por qué no hay respuestas a las interrogantes y por qué tanto silencio e injusticia que lacera a los padres”, enfatizó.
Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán dijo que el caso Iguala no se ha cerrado, por el contrario, hay apertura para sumar todo lo que aporte en el objetivo, que es castigar a todos los implicados. Además, lo sucedido corresponsabiliza a todos los órdenes de gobierno y a los tres Poderes de la Unión, porque “la reconciliación y la paz del país pasa necesariamente por Ayotzinapa”.
Afirmó que la investigación del caso constituye un esfuerzo sin precedente del Estado; por ello, informó que se abrieron las puertas de la investigación a la sociedad y se utilizaron todos los medios posibles para esclarecer la desaparición de los normalistas.
Añadió que la PGR se manifestó por una investigación abierta y transparente y desplegó recursos humanos, técnicos, científicos y materiales. Las investigaciones han tomado en cuenta las declaraciones vertidas por los detenidos, mismas que han sido confirmadas por dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones.
Al mostrar su solidaridad y compromiso para esclarecer los hechos, Mier y Terán puntualizó que es indignante y doloroso para todos, “no solo los mexicanos exigimos con urgencia el esclarecimiento total de esto y el castigo a los culpables, también organismos internacionales han dado puntual seguimiento a lo ocurrido en Guerreo y compartimos el deseo de que aparezcan con vida los 43 estudiantes”.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdés (PAN) afirmó que la desaparición y asesinato de los jóvenes proyecta al país a nivel mundial como una nación con crisis severa en materia de derechos humanos y demuestra el fracaso rotundo del gobierno federal en materia de seguridad y protección. “No hay justicia sin verdad, no hay paz sin justicia. Este gobierno no pudo o no quiso, el siguiente gobierno tiene que poder; ni perdón, ni olvido”.
“Es evidente que el gobierno no actuó para resolver el caso, solo se dedicó a administrarlo bajo la perspectiva de que el paso del tiempo y la difusión de una versión increíble disminuirán la indignación social”.
Subrayó que después de cuatro años, ha quedado demostrado que la política del gobierno priista es equivocada; al día de hoy, no han encontrado a los estudiantes ni la verdad, aún existen dudas sobre la actuación de las fuerzas de Seguridad Pública federal y local, también sobre la reacción violenta de las policías municipales.
Además, agregó, la PGR no ha ofrecido una respuesta o razones de fondo y sólo infiere sobre la probable intervención del narcotráfico como detonante de la violencia.
La diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) señaló que a cuatro años del “aberrante ataque” y desaparición forzada de los estudiantes normalistas, el dolor de la ausencia continúa vigente. La amarga noche del 26 de septiembre de 2014 “es un episodio abierto en la historia del país, marcado por la incapacidad, falta de voluntad y complicidad del gobierno, cuya pretensión de fondo es el silencio, acallar las voces con la (llamada) verdad histórica”.
La desaparición forzada de los estudiantes, indicó, no es un hecho aislado, “es complacencia por acción propia de las autoridades civiles y militares”. Este hecho “se ha generalizado por los grupos delincuenciales que existen en el país y que para beneficio del gobierno han cimbrado a la población con el terror de los levantones, los ajusticiamientos y la violencia generalizada que horroriza y doblega a la sociedad”.
En México, en los últimos años hay más de 35 mil desapariciones registradas y miles más que no han sido reportadas. “No sabemos cuántas de éstas pueden considerarse como tales, porque muchas se manejan como secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad”, refirió la legisladora.
Consideró que la verdad y justicia como principios supremos deben orientar las acciones para el caso Ayotzinapa, así como el castigo a los verdaderos responsables que garantice la no repetición y se termine con el espectro de impunidad que ha prevalecido en el pueblo de México. Estimó que es urgente dar respuesta y adoptar políticas claras coherentes.
Para hechos y desde su curul, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) dijo no sólo comprender la exigencia de los familiares de los 43 normalistas, sino sentir su angustia, coraje e impunidad. Añadió que esto ha puesto la historia del país en la vergüenza internacional. “La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Nunca más un crimen de Estado. El baño de sangre debe parar”.
Carlos Sánchez Barrios, diputado de Morena, expresó que entre los 43 desparecidos se encuentra un sobrino suyo; exigió, el esclarecimiento y pidió justicia. Añadió que la sociedad sufre el agravio de la impunidad. “Hoy reitero al actual gobierno la exigencia de justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Por el PRI, el diputado Benito Medina Herrera cuestionó a quién y por qué le interesaba desaparecer a 43 estudiantes que esa noche realizaban una actividad recurrente. Aclaró que el Ejército no participó en esas detenciones y su actuar fue esencial, “no hay indicadores de que hayan detenido o desaparecido alguno de estos estudiantes”.
El diputado Rubén Cayetano García (Morena) sostuvo que si en el país hubiera justicia, ya se sabría en dónde están los 43 jóvenes de Ayotzinapa. “Hoy expreso el dolor, el horror y la rabia de familiares y amigos de una de las regiones más pobres de Guerrero y de gente buena y trabajadora que no merece la omisión indolente de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales que se burlan de la justicia en la entidad”.
Desde tribuna, la diputada de Morena, Abelina López Rodríguez, puntualizó que de las actividades ilícitas que ocurrían en Iguala tenían conocimiento las secretarías de Gobernación, de la Defensa y de la Marina, así como la PGR, la Policía Federal, el Cisen, y sin duda, “el Presidente de la República sabia; ahí la mentira cuando tratan de evadir la responsabilidad. Por eso decimos que es responsable el Estado mexicano, porque eso se llama delito de lesa humanidad. Guerrero exige justicia, nunca más un crimen de Estado”.
El diputado Luis Enrique Miranda Nava (PRI) indicó que la noche del 26 de septiembre de 2014 quedará en la memoria de México como un episodio trágico. Los involucrados señalaron a la policía municipal de Iguala como los autores del crimen; asimismo se dieron todas las libertades para la investigación “nadie nunca quedará satisfecho con los resultados por más alejados o apegados a la verdad; por ello, está en las manos de este Congreso y del próximo fiscal, encontrar la verdad”.
La diputada Ana Lucía Riojas Martínez (Sin Partido) manifestó que este recinto le debe mucho al país y esta legislatura no debe de ser como las otras; ajenas, opacas, y sobre todo sordas al reclamo histórico de un país que quiere paz; “por ello, lo primero que se tiene que hacer es abrogar la Ley de Seguridad Interior, demos la cara por este país”.
Desde su curul la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) conminó a quienes son expertos en la simulación, “a dejar de defender lo indefendible, y a quienes claman justicia que sepan que la exigencia de ésta no se puede quedar solamente en una consigna, porque la paz no se construye con perdón y olvido”.
La diputada Lizeth Sánchez García (PT) resaltó que se debe actuar en congruencia con las demandas sociales, acorde al sentir de la población. “Debemos alzar las voces por todo aquello que ha lastimado y sigue lastimando el tejido social, abrazar la lucha de los estudiantes y hacer justicia por aquellas voces que se callaron”.
De la misma bancada, la diputada Margarita García García cuestionó que “si hoy se conoce quiénes fueron los responsables, por qué no lo esclarecen, y las autoridades responsables de impartir justicia por qué no dan a conocer qué sucedió con los 43 estudiantes cuyos padres de familia claman justicia”.
La diputada María Chávez Pérez (Morena) sostuvo que este fue un crimen de lesa humanidad, cometido por los gobiernos de Guerrero “y eso es en lo que debemos quedar, que quede escrito en esta historia. “No podemos seguir callando voces, limpiando sangre ni lágrimas; que se haga justicia, es lo que pide el pueblo con ellos y con tantas mujeres desaparecidas”.
