Ciudad de México, México.— Los constructores que realicen obras y asentamientos humanos en zonas de riesgo deberán de ser castigados con hasta 10 años de prisión al poner en situación difícil a la población por los sismos, sugirió la diputada pirísta Ana Lilia Herrera Anzaldo.
La legisladora impulsa materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y asentamientos humanos en zonas de riesgo, como medida de protección ante sismos similares al de septiembre del año pasado, donde hubo pérdidas humanas y materiales invaluables e incalculables.
La iniciativa, que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, plantea imponer de dos a 10 años de prisión, y de 300 a tres mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique o realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o zonas no aptas, conforme al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.
Asimismo, a quien lleve a cabo esas acciones sin la autorización de impacto y riesgo ambiental, análisis de riesgo o no cumpla las medidas técnicas, correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño, y a quien asiente datos falsos en documentos con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad federal.
Se impondrán las mismas penas, además de la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, al servidor púbico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice cualesquiera de las acciones señaladas.
Herrera Anzaldo destacó que es primordial proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad, reduciendo los asentamientos humanos irregulares, edificaciones e instalaciones de todo tipo de servicios en zonas que son propensas a amenazas o riesgos naturales.
Dijo que su iniciativa pretende dar fuerza normativa a la protección civil, consolidando un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos y garantice la estabilidad social, económica y ambiental, a partir de unificar, fortalecer y hacer aplicables las normas.
“Se deben implementar correctamente los procesos administrativos, erradicar la corrupción y sancionar a quienes permiten la construcción y el establecimiento de asentamientos humanos, centros de población y edificaciones que incumplan con los requerimientos técnicos y de seguridad”, subrayó.
Mencionó que la Ley General de Protección Civil, en su artículo 84, considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos sin elaborar análisis de riesgos, definir las medidas para su reducción y considerar la normatividad aplicable o no contar con la autorización correspondiente; sin embargo, “este precepto es letra muerta en nuestro país, porque no está sancionado en la legislación penal federal”.
Actualmente, señaló, sólo nueve estados de la República tienen una tipificación de alguno de estos supuestos y sólo 165 de los casi 2 mil 500 municipios, cuentan con un reglamento de construcción como lo informó el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres este 19 de septiembre.
Con la presente iniciativa, enfatizó, se le otorgará fuerza normativa a la protección civil y se brindará al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas bajo su jurisdicción, el cual se complementará con la obligación de los gobiernos federal y locales para garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano.
La diputada priista comentó que esta adición legislativa, también puede generar un gran cambio de atención gubernamental y mejor destino presupuestario en favor de la población, ya que actualmente se autorizan más recursos para el Fondo de Desastres Naturales (6 mil 8 millones 472 mil 100 pesos) que para el Fondo para Prevención (346 millones 587 mil 453 pesos), con una diferencia de 5 mil 661 millones 884 mil 647 pesos.
Los desastres naturales, agregó, constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, por lo que la ausencia de mecanismos eficientes de preparación, atención regulación y planeación provoca pérdidas humanas y económicas.
“La ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad matan” y la atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil, son materias que “nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos”, puntualizó.
