Ciudad de México, México.– A cinco años de reforma constitucional del sector energético no se ha logrado diversificar la participación de empresas, ya que Pemex es el mayor competidor que ha ganado contratos en las licitaciones, cuenta con el 99.9 por ciento de participación; es decir, es mayoritaria la producción nacional.
Así lo señaló Miriam Grunstein, experta en temas energéticos, durante el tercer día del foro “El Balance de las Reformas Estructurales”, en el que diversos especialistas coincidieron en la urgencia de transitar hacia un modelo de inversión privada y pública en proyectos de producción y exploración del sector.
También estuvieron de acuerdo, en la urgencia de impulsar un gradual cambio energético para sustituir y eliminar la dependencia de hidrocarburos para las finanzas públicas, que actualmente contribuyen en un 30 por ciento a los ingresos, así como su uso en la energía.
La especialista planteó que una medida para reducir la corrupción, la cual se plantea combatir durante la próxima administración, es que se cumplan las contraprestaciones adquiridas por las empresas ganadoras de contratos, de acuerdo a la ley, dichas contraprestaciones no se pueden renegociar, ni alegar baja en los precios del petróleo.
Jaime del Río Monges, investigador del Instituto Belisario Domínguez, señaló que se requiere fortalecer las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, generar electricidad con energías renovables, y que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo acumule e invierta a largo plazo.
Estimó que exploración y explotación nacional de hidrocarburos se recuperará en los próximos años, no obstante se requiere modificar los hábitos de consumo, ya que se espera que en los próximos 20 o 30 años se reduzca el consumo mundial de petrolíferos debido al cambio climático, cambios tecnológicos y costos de producción.
Laura Bolivar Meza, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, manifestó que la reforma energética no tiene como premisa el servicio público, por lo que desde su origen se buscó incentivar una mayor participación de operadores privados; es decir, se tiene un gobierno corporativo.
“Se vendió una idea de maximizar renta petrolera y la trasformación de México y del sector energético en modelos de mayor modernización”, agregó.
En otra mesa de análisis, se abordó el “Balance de la Reforma en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones”, en la que especialistas resaltaron avances en el sector, en el 2013, 9.6 millones de hogares tenían acceso a internet y, en 2017, llegó a casi 18 millones. En telefonía móvil aumentó de 87 suscripciones por cada 100 habitantes en 2013, a 92 en 2017.
El presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria Gutiérrez, consideró que se requiere fortalecer las facultades de supervisión y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
También participaron, los especialistas Javier Núñez Melgoza, Fernando Butler Silva, Lucía Ojeda Cárdena, de la consultoría SAI Derecho & Economía, y César Emiliano Hernández Ochoa.
