Ciudad de México, México.— Ante los cientos de miles de franeleros en la Ciudad de México, el gobierno capitalino remitió solamente a 2 mil 37 personas a diversos juzgados cívicos en siete mes del año.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales, Vicente Lopantzi García, puntualizó que las delegaciones donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX) presentaron mayormente a los “franeleros” fueron Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco con 488, 439 y 369, respectivamente.
Venustiano Carranza e Iztapalapa registraron 286 y 164, mientras que Coyoacán y Tlalpan sumaron 166.
Indicó que conforme a la Ley de Cultura Cívica las multas oscilaron entre los 886 y mil 612 pesos o arrestos de 13 a 24 horas.
“Sujetándonos a la norma, la autoridad actuó ante denuncias de ciudadanos por estorbar la vía pública, obstruir la libertad de tránsito o apartar espacios comunes con botes o cubetas para impedir que estacionaran sus automóviles.Nadie puede adueñarse de la calle para afectar a terceros y sacar un beneficio económico”, aseveró.
Al respecto, el director Ejecutivo de Justicia Cívica, Juan Manuel Hernández Martínez, señaló que la sanción por apartar lugares, a fin de cobrarles a las personas para estacionar sus coches, la determina el Juez Cívico.
Expresó que los puntos de mayor incidencia se ubicaron en zonas de oficinas, plazas comerciales, hospitales, parques, mercados y centros de convivencia.
El funcionario mencionó que la población cuenta con los números telefónicos 5709-2315 y 5709-2316 de Supervisión de Juzgados Cívicos las 24 horas para denunciar este tipo de contravenciones a la Ley de Cultura Cívica, así como la cuenta @JusticiaCivica de Twitter.
“Además de cumplir la legislación, buscamos que la sociedad tome conciencia de que pueden ser víctimas de quienes perturban la buena convivencia en la Metrópoli con este tipo de acciones”, comentó Hernández Martínez.
Expresó que, en ocasiones, los “franeleros” obstruyen la circulación al dejar coches estacionados en doble y triple fila.
“Podemos empezar por una falta administrativa como las señaladas, pero hay que tener cuidado, pues puede derivar en extorsiones, agresiones, amenazas y daño a propiedad ajena que ya correspondería al Ministerio Público”, finalizó.
