Ciudad de México, México.– La presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), dio a conocer la “Guía para la protección de los periodistas, el derecho a la información y a la libertad de expresión en el marco del proceso electoral 2018”.
Este manual, dijo, se realiza con el objetivo de conjuntar la información necesaria para conocer, documentar y/o denunciar delitos electorales, así como ofrecer un directorio de las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los periodistas.
Destacó que el papel de los comunicadores en la cobertura del proceso comicial es fundamental para garantizar el derecho a la información del electorado, por lo que resulta necesario prestar particular atención a su seguridad.
De acuerdo con la Unesco, un objetivo específico de cualquier estrategia de seguridad debe consistir en compartir información en la materia a los periodistas locales, los más vulnerable, “ya que los que trabajan para medios internacionales están casi siempre muy bien equipados y protegidos”.
Mencionó que la promoción de normas internacionales relativas a la formación y el equipamiento en materia de seguridad, así como la ampliación del acceso a la capacitación sobre la conciencia del riesgo para los profesionales de la comunicación, es otra manera de abordar la cuestión.
La guía hace referencia a las acciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y establece que es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos contra quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información.
Indica que sus objetivos son: brindar atención a las víctimas del delito; realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y proceso; promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información; proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.
Refiere que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, tiene el fin de que el Estado atienda esta responsabilidad fundamental.
Resalta que la defensa por medio de este mecanismo, depende de la decisión conjunta de las autoridades y personas de la sociedad civil que conforman su Junta de Gobierno, procurando la pluralidad en la toma de decisiones y el diseño de planes de protección conforme al perfil de cada persona beneficiada.
Hace mención del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles Derechos Humanos que impulsa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de los procedimientos de denuncia sobre violaciones a las garantías individuales que emprende la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Derechos Humanos.
Además, da a conocer los manuales de Seguridad para Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras y del Comité para la Protección de los Periodistas; los Consejos para una cobertura electoral segura y los Tips para documentar de manera segura, de la organización Artículo 19, así como la asesoría legal en línea que emprende CIC/Propuesta Cívica.
Sobre los delitos electorales, resalta las acciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de Instituto Nacional Electoral (INE).
