Ciudad de México, México.– El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reconoció que existe la discriminación de discapacitados sin garantizar su inclusión como personas.
Dijo que Es imperativo, añadió, que las bibliotecas encuentren la forma de allegar sus acervos a las personas con discapacidad para cumplir cabalmente, sin discriminación alguna, su papel en la transmisión de la cultura en general y con mayor razón de la especializada.
Al inaugurar en el Área de Murales del Alto Tribunal el 4º. Seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, destacó la importancia de espacios de discusión y de reflexión como el de este encuentro, organizado este año bajo el tema Bibliotecas e inclusión social: retos y perspectivas, que permitirá compartir experiencias y herramientas en materia de inclusión.
“La inclusión tiene una arista en particular, relativa a los sistemas que han de proveer acceso a las personas con discapacidad, para que participen en la sociedad en igualdad de condiciones”, sostuvo ante el Ministro Alberto Pérez Dayán; el Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Indalfer Infante Gonzales; Mario Alberto Torres López, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública y el Magistrado Wilfrido Castañón León, director General del Instituto de la Judicatura Federal.
Destacó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) trabaja en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y se trabaja en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas, con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de realizar una serie de trabajos en todas sus instalaciones para garantizar la accesibilidad a integrantes de este grupo vulnerable.
“La razón por la que nos interesa esa participación se fundamenta en los derechos humanos y en el principio de dignidad en que se sustenta. Por ello, debemos evitar y desterrar la discriminación, consistente en cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, económico social, cultural o de cualquier tipo”, enfatizó.
El Ministro Presidente destacó que, a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 6% del total de la población del país tiene alguna discapacidad. De ellos, más del 60% enfrenta alguna dificultad en cuanto a movilidad; 25%, problemas visuales, y 15% más se distribuye entre problemas auditivos, de comunicación oral o de discapacidad mental. Respecto de la edad, precisó, el 60% es mayor a los 60 años, y un poco más de 30% se encuentran entre los 30 y 59 años de edad.
Recordó que la reforma a la Carta Magna de 2011 elevó a rango constitucional los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y señaló a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
En cumplimiento de estas obligaciones, explicó el Ministro Aguilar Morales, el PJF participó el año pasado en más de 100 foros de análisis, círculos de derechos, seminarios y otro tipo de encuentros, así como en diversos cursos de capacitación, a fin de cumplir con la tarea de sensibilizar a la población en los temas de defensa de los derechos humanos, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
“En 2016, se elaboró programa integral de inclusión para las personas con discapacidad, que meses después redundó, entre otras acciones, en la creación de un área de asesoría en programas de inclusión para personas con discapacidad, con servidores públicos especialistas en la materia”, detalló.
Este equipo ha acompañado el proceso de integración de las primeras personas con discapacidad, contratadas especialmente como parte de ese programa. También, de forma gradual, se ha instrumentado la atención y el acompañamiento de trabajadoras y trabajadores con alguna discapacidad adquirida después de haber sido contratados, expuso.
“Con ese mismo interés hemos realizado tareas relacionadas con accesibilidad en los diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación en todo el país. En el edificio sede, por ejemplo, se llevó a cabo la instalación de rampas, junto con un sistema automatizado en las puertas de acceso a sanitarios, así como sillas salva escaleras y placas de identificación en sistema Braille.
Trabajos semejantes se realizan en las 46 Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN y en los más de 250 inmuebles propiedad del PJF, agregó, y resaltó que la Biblioteca Central de la SCJN
cuenta con un equipo de tiflo tecnología, que es el conjunto de teorías, conocimientos, recursos y técnicas, que permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a personas invidentes o con baja visión, diseñado para hacer posible el acceso de esas personas a prácticamente todo el acervo bibliotecario.
“Es imperativo que las bibliotecas encuentren la forma de allegar sus acervos a las personas con discapacidad para cumplir cabalmente, sin discriminación alguna, su papel en la transmisión de la cultura en general y con mayor razón a la especializada”, sostuvo.
Todos estos esfuerzos requieren difusión particularizada para traer a los destinatarios a las bibliotecas, pues hoy sabemos que la población con discapacidad desgraciadamente alcanza un menor nivel educativo y losa obstáculos a los que se enfrenta todavía son cuantitativamente difíciles de salvar”, consideró.
Durante su intervención en la ceremonia inaugural del encuentro, el Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Indalfer Infante González, afirmó que a través de los libros y particularmente de la cultura jurídica, el Poder Judicial no solamente es un guardián de la ley, sino también de la cultura.
La Red de Bibliotecas del PJF es una apuesta mayor para llevar conocimiento a todo el país, especialmente el jurídico a través de sus más de 120 bibliotecas. Es, agregó, un gran patrimonio al servicio de su personal y de la ciudadanía en su conjunto, agregó y afirmó que el Tribunal Electoral se congratula por participar en este esfuerzo en favor de la difusión y democratización del saber mediante los libros y las bibliotecas.
Subrayó que la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación “es una invitación permanente a seguir aprendiendo, a abrirnos camino por las veredas del conocimiento, para hacerlo con sencillez y humildad, y conscientes de lo que implica y significa el saber humano”.
