Ciudad de México, México.—En México hace falta un marco jurídico para regular y democratizar la participación ciudadana, aseguró la diputada Claudia Corichi García (MC), quien se reunió con representantes de la sociedad civil que le presentaron un proyecto de Ley de Participación Ciudadana, a fin de construir una ruta de empoderamiento de la población y proteger sus actividades.
La legisladora destacó la importancia de contar con un marco jurídico que regule la participación ciudadana, pero “no para hacerla cada vez más compleja ni constreñirla a que sólo algunos tengan acceso a ella, sino para democratizarla”.
Refirió que, de acuerdo con especialistas, existen cuatro condiciones básicas que permiten la participación ciudadana: derecho a la información, respeto a los derechos fundamentales, confianza hacia las instituciones y marcos jurídicos que la regulen.
Corichi García explicó que recibió una iniciativa ciudadana impulsada por las organizaciones civiles, la cual tiene algunas cosas que perfeccionar y temas por incluir como la diversidad y los derechos de las mujeres, además de garantizar que sea una ley que impida a cualquier persona ejercer el poder de manera autoritaria.
Precisó que se trabajará esta propuesta con integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, para integrar las diferentes visiones y perspectivas.
La esencia, indicó, es que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar y los ciudadanos evitar esquemas autoritarios para debatir sus intereses e inquietudes.
Aclaró que esta iniciativa se presentará ante la Comisión Permanente o hasta la próxima Legislatura, para que tenga una amplia discusión. “Yo la seguiré impulsando desde la ciudadanía, pero es importante que la tomen todos los partidos y que los políticos se vayan ciudadanizando”.
En tanto, Amalia García Medina, exsecretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la CDMX, refirió que la Constitución Política fundamenta la participación de la ciudadanía, en su artículo 39, señala que la soberanía nacional radica en el pueblo y establece que todo poder público dimana de él.
Consideró pertinente plantear una ley de participación ciudadana, porque los derechos reconocidos en la Constitución no sólo se deben defender, sino hacerse realidad.
Destacó la importancia de la participación ciudadana, porque la mayoría del pueblo tiene este derecho y no lo ejerce. Subrayó que este proyecto de ley contiene temas y causas que tendrían que servir para que México sea incluyente, sin desigualdad y con la posibilidad de tener paz y desarrollo para la mayoría de sus habitantes.
Al presentar el proyecto, Carlos Sorroza Polo, exdirector del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, explicó que su objetivo es construir una ley que articule procedimientos, vínculos interinstitucionales y objetivos sociales que tendría las organizaciones civiles, así como su participación e intervención en un Estado con democracia ampliada, con cumplimiento de derechos humanos, con fortalecimiento de la economía popular y con intervención en las políticas públicas.
Comentó que en México existen leyes de participación social a nivel de estatal, pero se carece de una norma general. Comentó que existe una ley de organizaciones sociales, pero “reproduce la vigencia del Estado democrático autoritario y otorga un papel subordinado a la sociedad civil”.
Por ello, estimó que se debe impulsar una ley que se focalice en los grupos vulnerables, comunidades campesinas e indígenas, colonias populares y asentamientos marginados.
Enfatizó que se requiere de voluntad política para crear patrones de organización innovadores, transformar la cultura burocrática autoritaria, reconocer la diversidad de los pueblos y promover la participación, solidaridad y equidad entre todos los actores de la sociedad.
