Ciudad de México, México.— Al participante de planear un secuestro, si lo denuncia ante la autoridad, podría protegerse, de acuerdo a la propuesta de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) de una iniciativa que reforma la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
“El objetivo es proteger a los agentes delatores de un secuestro, para que cuando develen datos o información, contribuyan a que la autoridad persecutora actúe de manera plena, eficaz y oportuna en su tarea de rescate y/o salvaguarda de la vida de aquellas personas víctimas de este delito”, indicó en un comunicado.
La también secretaria de la Mesa Directiva explicó que su propuesta plantea reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 12 de dicha legislación, que actualmente señalan que se aplicarán penas a aquel que habiendo participado en la planeación de un secuestro dé noticia e información a la autoridad para liberar o localizar a la víctima.
Ocampo Bedolla expuso que la privación de la libertad es un delito que regularmente no se denuncia, ya que las víctimas ceden para llegar a una negociación que implica el pago de un rescate; sin embargo, lamentó que, independientemente del carácter y medios con los que se busque la liberación de la víctima, los resultados sean funestos.
“Quienes son privados ilegalmente de su libertad, así como sus familiares y conocidos, son sometidos a constantes estados de zozobra, causando un daño que perdura por tiempo indefinido”, comentó.
La diputada de NA refirió que, de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil, se calcula que aproximadamente seis personas son secuestradas al día.
Añadió que, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, elaborada por el INEGI, se estima que a nivel nacional se presentaron casi 70 mil secuestros durante 2016, de los cuales el 93.6 por ciento no fue denunciado o no derivó en averiguación previa.
Sostuvo que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, pues un 33.1 por ciento considera que es una pérdida de tiempo y un 16.5 desconfía de la autoridad.
Ocampo Bedolla insistió en la necesidad de “no ser indiferentes ante estos datos, toda vez que el secuestro se ha convertido en una industria que genera a la delincuencia enormes ganancias, ya que pese a los esfuerzos de las autoridades para abatir el fenómeno, no se ha conseguido mermar significativamente su incidencia”.
