Ciudad de México, México.– La Cámara de Diputados aprobó y envió al Ejecutivo federal el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Archivos, ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la organización y administración homogénea de registros en los diversos órdenes de gobierno.
La nueva ley determinará las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos; considera sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, institutos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
El documento, avalado en lo general y particular por 357 votos a favor, 1 abstención y uno en contra, garantiza el principio de transparencia al establecer que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona.
El dictamen, consensado por la Comisión de Gobernación, actualiza el Sistema Institucional de Archivos para que los sujetos obligados implementen procesos de gestión documental y con ello crear sistemas de información eficientes que favorezcan la toma de decisiones, coadyuven con la garantía de acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas y contribuyan a enriquecer la memoria colectiva.
Otro punto relevante es que plantea el diseño de instrumentos de planeación y programación en materia archivística a través de programas anuales, a efecto de que los entes públicos en materia de archivos analicen los factores internos y externos.
De igual manera, incluye regulación más puntual en cuanto a las obligaciones de particulares respecto a los documentos de interés nacional que posean, mismos que deberán ser asentados en el Registro Nacional de Archivos. Deberán ser conservados, preservados y se permitirá el acceso a ellos por ser considerados de interés público.
Además, se adicionan disposiciones en materia de protección, salida y restitución del patrimonio documental de la nación, a fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental, al establecer un catálogo de delitos en la materia que podrían castigarse con multa o cárcel.
La ley surgió de la necesidad de una ley de archivos que contribuyera a conservar en el tiempo el patrimonio documental de México como fuente de una identidad colectiva, y que a la vez le permitiera a la población acceder a esa historia documental de manera sencilla.
En lo particular se reservaron los artículos 4, 36, 38, 65, 77 y 88, posteriormente aceptados en términos del dictamen, con 229 votos.
