Ciudad de México, México.– El pleno de la ALDF exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación, y en su caso, sancionar a Ricardo Gallardo Vara, juez Decimosexto del Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, por haber otorgado un amparo a la empresa AKD contra la expropiación de Álvaro Obregón 175, en la Delegación Cuauhtémoc, donde estaba proyectado construir vivienda de interés social.
A través de un punto de acuerdo presentado por la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow Deloya, y suscrito por los diputados Alfonso Suárez del Real, Rebeca Peralta, Fernando Zárate, Margarita Martínez Fisher, Eloísa Eva Lescas y Mariana Moguel; se argumentó que el amparo otorgado viola derechos humanos y evidencia una actuación parcial del juzgador.
“Lo que nos parece totalmente inaceptable son los argumentos utilizados en esta sentencia para conceder dicho amparo. El juzgador señaló que este predio ‘no es apto para edificar viviendas de interés social, debido al valor del suelo de la zona’”, destacó en tribuna Luldow Deloya.
El 31 de enero de 2017, el gobierno capitalino publicó la declaratoria por la cual se determinó como causa de utilidad pública la edificación de vivienda de interés social y popular en el número 175 de Álvaro Obregón, en la colonia Roma.
Pero, el juez Gallardo Vara consideró injustificada la utilidad pública de la expropiación, al señalar que no tuvo como finalidad dotar a la colectividad en general de viviendas de interés social, sino a un determinado grupo, destacó Ludlow Deloya.
“Lo que está haciendo el juez es oponerse a lo que dicen los acuerdos internacionales y las leyes mexicanas sobre la protección del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad”, señaló la priista.
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo séptimo, establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, mientras que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala como principios de política pública el derecho a la ciudad y el acceso a la vivienda.
La legisladora subrayó que la nueva Ley de Vivienda menciona que por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica y social, y que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX define como discriminación a toda exclusión que impida el ejercicio de los derechos humanos.
“En los últimos lustros, en diversas zonas de esta capital, hemos observado que la reproducción inmobiliaria impide la inclusión social; hemos observado que el interés mercantil está por encima del bienestar de las personas”, acotó.
Por su parte, al respaldar el punto de acuerdo, el diputado Alfonso Suárez del Real explicó que la expropiación se impuso porque el inmueble estaba a punto de colapsar, debido al deterioro y abandono de sus dueños.
Pero, éstos aprovecharon la expropiación que obliga a demoler la construcción en riesgo porque lo que vale no es la edificación sino el metro cuadrado de suelo.
“No están tomando en cuenta que el acto de expropiación se hace a favor de un grupo de familias que llevan decenas de años viviendo allí y que, a pesar de haberle solicitado a las administraciones, a los propietarios, de qué forma adquirirlo o cómo podían mejorar las condiciones, el Gobierno de la Ciudad determinó expropiarlo para esa gente que quiere seguir en el barrio en donde nació o donde decidió vivir. Estamos denunciando una injusticia”, sostuvo el morenista.
