Ciudad de México, México.– La Comisión Especial de Participación Ciudadana, que preside el diputado Tristán Manuel Canales Najjar (PRI), impulsa diversas reformas sobre transparencia y acceso a la información; deporte y prevención de enfermedades, adicciones y el delito, y para la formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana.
La primera, busca establecer los requisitos que deberán contar los titulares de las Unidades de Transparencia, toda vez que en los últimos años este tema se ha vuelto fundamental para los servidores públicos y los ciudadanos, quienes exigen mayor acceso a la información pública.
Con la adición del artículo 45 bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se plantea que quienes desempeñen este cargo deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, con pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal por más de un año de prisión.
Además, tener 25 años cumplidos el día de la designación y contar con experiencia de 3 años en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personas; con nivel de licenciatura como mínimo así como título profesional relacionado con las actividades y no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
En el documento, los integrantes de la Comisión Especial resaltan que México atraviesa un momento económico, político y social de total incertidumbre, con diversos matices y tipos de crisis, pero sobre todo con un alto nivel de corrupción y desconfianza en los gobernantes e instituciones. En 2016, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, vía trasparencia internacional, México cae 28 posiciones.
Argumentan que en el país, la evaluación de la ciudadanía hacia los funcionarios que integran las instituciones “es que existe carencia de honestidad, obteniendo una opinión negativa respecto de los funcionarios públicos”.
Por ello, considera indispensable mejorarla a través de la preparación y capacitación necesarias para el pleno desarrollo de las funciones como servidores públicos.
Mencionan que si bien se han tenido grandes avances en la materia, se debe exigir que quienes son los encargados directos y enlaces entre las instituciones y sociedad, cuenten con todos los requisitos indispensables para lograr que este derecho humano se cumpla en su totalidad y se respete el principio de máxima publicidad.
El beneficio que se obtendrá será el determinar el perfil adecuado, con el que deberán contar quienes ejerzan la labor de titulares de las Unidades de Trasparencia de los sujetos obligados del país, para poder ejercer sus funciones, toda vez que actualmente no existe legislación al respecto.
Incluir el deporte como forma de brindar asistencia social
Para que la práctica del deporte se incluya como una forma de brindar asistencia social, y con ello, proporcionar alternativas de solución a las adicciones, padecimientos crónicos degenerativos y de delincuencia, la Comisión Especial de Participación Ciudadana impulsa reformas a las leyes de Asistencia Social y General de Salud.
En el documento, los legisladores subrayan que en los últimos años, México se ha enfrentado a la obesidad y sobrepeso que afecta de manera alarmante a la población, máxime al convertirse en el detonante para otros problemas de salud pública e incrementar los índices de mortalidad, sin importar la edad o el estrato social al que pertenezcan las personas.
Actualmente existe preocupación en el gobierno ante el alza en los índices de tales padecimientos, debido a que el país está entre los primeros lugares a nivel mundial en obesidad y sobrepeso infantil y de personas adultas, solo superado por Estados Unidos.
Consideran que se debe entender a la obesidad como una paulatina pérdida de salud, por ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y osteoarticulares, deficiencia renal, así como algunos tipos de cáncer (mama, esófago, próstata o colón).
Dichas enfermedades, afirman, merman la salud de las y los mexicanos y elevan el índice de mortalidad. El deporte es el mejor método para prevenir y combatir este tipo de padecimientos, fortalecido con una dieta balanceada.
El deporte, añaden, también puede convertirse en un imán para evitar que las personas caigan en algún tipo de adicción; actualmente en el país permea un problema de adhesión a las drogas, tabaco o alcohol, agudizado en los últimos años al surgir a edades más cortas, amenazando el sano desarrollo físico y mental de la población
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, reveló que entre ese año y 2017, el consumo de drogas inició entre los 12 y 17 años, aumentando en un 125 por ciento en relación con los datos de 2011.
En México, 8.4 millones de personas de 12 a 65 años de edad han consumido al menos una vez drogas ilegales, “lo que no quiere decir que sean adictos, pero sí es un indicador sobre el consumo experimental, que puede quedar ahí o convertirse en adicción”.
Formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana
Además, la Comisión Especial plantea reformas a la fracción IX del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer que la Secretaría de Educación Pública creará programas de formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana.
Lo anterior, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la participación de organizaciones de la sociedad civil, quienes diseñarán, actualizarán e implementarán, de forma semestral y gratuita, programas de formación y certificación de intérpretes, por medio de convocatorias públicas abiertas y transparentes.
Además, impulsarán en las entidades federativas el incremento y certificación en el mismo tema considerando las variantes lingüísticas de cada entidad federativa. Dicha certificación tendrá que ser renovada cada tres años.
Refieren que actualmente no existen programas de formación y certificación de manera gratuita de intérpretes, y los que existen están polarizados y sin estructura, “porque no hay instituciones oficiales que formen desde la educación básica y profesional a los intérpretes”.
Los cursos que se ofrecen son básicos, se realizan de manera aislada y sin revisión oficial; por lo tanto, pueden ser impartidos por asociaciones civiles, dependencias públicas y particulares que conozcan la lengua de señas mexicanas.
Tal situación, afirman los diputados, ha generado un estado de indefensión de la comunidad sorda al no poder ser incluidos de manera integral en la sociedad, sobre todo en el ejercicio de su capacidad jurídica y de su acceso a la justicia en procedimientos administrativos y judiciales.
