Ciudad de México, México.– El presidente Enrique Peña Nieto está obligado a dirigir a los legisladores de su partido, a revertir la minuta que originalmente envió el Senado a la Cámara Baja sobre la Ley de Biodiversidad, para que sean tomados en cuenta todos los sectores del país, incluidos los Pueblos Indígenas y evitar poner en riesgo cientos de miles de empleos, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
Explicó que Desde la Ley General de Biodiversidad (LGB), carece de un análisis legal e institucional que enfatice en las necesidades que la regulación sobre acceso a recursos genéticos impone sobre el sistema legal.
Además, dijo, de acuerdo con lo establecido en la LGB en el Título II, Diversidad Genética, sobre los recursos genéticos y su implementación, no describe las reglas para el acceso y distribución de beneficios a nivel nacional, carece de certeza funcional y operativa en los regímenes de acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios.
Agregó que no desarrolla más allá de lo establecido en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización, conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica.Talavera Hernández refirió que la Cámara Nacional de la Industria de Productos de Cosméticos (Canipec) que emplea a más de 180 mil personas en el país, que genera casi 14 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 1.2% del Producto Interno Bruto nacional que sería –gravemente- afectada con la actual minuta del Senado, apoya la necesidad de implementar un marco de ley, pero peo que debe contar con un marco legal, claro, preciso y que dé certeza donde se tengan en cuenta los intereses de todas las partes interesadas.
“La Canaipec exige que no se vea afectada la innovación de la industria de productos de cuidado personal y cosméticos, y que la aplicación de este marco legal incentive a formular y fabricar los productos en el país, no lo contrario como está planteado de manera irresponsable por el partido Verde y que busca ser apoyado por el PRI, es un tema que se debe evitar a toda costa” dijo.
La legisladora federal indicó que la LGB debe tener claridad de los conceptos, definiciones, alcance y exclusiones, así como ser el instrumento donde se especifiquen los requisitos para permitir el acceso a los recursos genéticos y debe proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia en su legislación.
Subrayó que actualmente la propuesta carece de un marco jurídico claro en la definición y en la descripción de beneficios monetarios y no monetarios y debe permitir que cada adquirente de recursos tutelados por la LGB o las personas que tengan acceso al conocimiento tradicional, puedan junto con las comunidades o con los dueños de los recursos, establecer convenios para la administración de los beneficios, detallando su uso y la repercusiones que tiene que tener sobre la comunidad, con el objetivo de lograr beneficios conjuntos a toda la cadena productiva.
Puntualizó que a toda costa debe de evitarse que el proceso sea difícil y costoso, lo que podría derivar en un elemento disuasivo para la investigación, el crecimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país además de que el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad, en específico a lo que se refiere el Título II de Diversidad Genética, sobre los recursos genéticos y la implementación del Protocolo de Nagoya, deja fuera información relevante y mecanismos de implementación para dar certeza funcional, jurídica y operativa a las empresas en lo que respecta al acceso y participación justa y equitativa en los beneficios.
