Ciudad de México, México.– La manipulación de infraestructura hídrica para desestabilizar al Gobierno de la Ciudad de México, es una aberración social cercana al terrorismo. Así lo determinó hoy la diputada Wendy González Urrutia, Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa.
“Se está violando uno de los derechos humanos más preciados como es el agua, con mezquinos y perversos fines políticos”.
Explicó que cerrar las válvulas de agua para exaltar la crispación social en contra de instituciones, constituye un atentado a la dignidad humana y es un delito conforme a la actual Ley de Aguas CDMX.
“Toda vez que en el Artículo 110, Fracción V, se establece que se sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables, al alterar la infraestructura hidráulica sin permiso de la autoridad competente”.
Al referirse a los hechos del pasado 6 de marzo, cuando grupos no identificados cerraron de forma dolosa las válvulas hidráulicas en más de 50 puntos de la capital, la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, dijo que se tienen ubicados los siguientes puntos: zona 16 en Venustiano Carranza, 13 en Iztapalapa, 3 en Iztacalco, 11 en Azcapotzalco, 5 en Coyoacán y 2 en Benito Juárez.
Añadió que estos “inhumanos” hechos delictivos no deben quedar impunes, por ello exhortó a que la Secretaría de Seguridad Pública local realice las investigaciones necesarias para hacer valer todo el peso de la ley, contra quien o quienes resulten responsables de manipular la infraestructura hidráulica afectando a la ciudadanía.
“Es un grave delito de sabotaje, el cual está contemplado en el artículo 363, fracción III, e implica trastornar la vida económica, política, social o cultural o alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el orden público, como es este penoso caso, por lo cual, me permito exhortar al Procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, para hacer justicia a favor de la ciudadanía y se castigue a quien resulte responsable, con una pena que va de cinco a 15 años de cárcel, como lo marca nuestro Código Penal”.
Dijo que “nadie puede estar por encima de los intereses de la ciudadanía y del bien común, por ello las instituciones deben aplicar todo el peso de la ley, en contra de quien resulte responsable, hay que poner un alto a la manipulación social y al chantaje político, pues con el agua no se juega”
