Ciudad de México, México.– El diputado de Morena en la Asamblea Legislativa, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera manifestó que el reto de las autoridades capitalinas, rumbo a las nuevas administraciones, es buscar cómo armonizar los derechos de todas y de todos en los espacios públicos.
En el conversatorio sobre Comercio Informal, el legislador sostuvo que las autoridades deben ser las intermediarias para generar nuevas reglas de convivencia entre los comerciantes informales, los vecinos y transeúntes, a efecto de que todos ellos disfruten de su derecho al espacio público.
Lo anterior, dijo, es necesario sobre todo ahora que se prepara un cambio de gobierno. La Ciudad de México, señaló, tendrá alcaldías, un Congreso local y un gobierno central que debe sujetarse a las disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México.
La norma local, precisó Suárez del Real, reconoce al comercio informal como trabajo digno, así como la facultad de los comerciantes de poseer una identidad formal para asociarse y para defender sus intereses, para recibir capacitación, entre otros.
Por lo tanto, agregó, las nuevas administraciones deberán actualizarse para dar cumplimiento a la Constitución, como ya lo está haciendo la Comisión de Derechos Humanos local que se está capacitando de cara a las nuevas disposiciones.
El diputado de Morena dijo que a las autoridades de la ciudad les debería quedar claro que el único enemigo que atenta contra la seguridad de los capitalinos es el crimen organizado, no los comerciantes, ni los manifestantes, ni ningún otro sector de la población.
Respecto de la Comisión de Derechos Humanos, Suárez del Real expuso que su papel no debería ser sancionar, pues los derechos humanos no se imponen, todos los habitantes y residentes de esta ciudad deberían actuar de manera armónica para generar convivencia y paz social.
Al respecto, Roberto Reyes Mondragón de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos local, manifestó que la CDHDF no busca criminalizar el comercio informal, sino establecer vínculos entre los comerciantes y las autoridades.
Lo que se pretende, señaló, es generar condiciones de equidad y justicia respecto de los beneficios que se pueden obtener del espacio público.
Actualmente, manifestó Reyes Mondragón, no existe una adecuada intervención de las delegaciones y del gobierno central para regular el espacio público, razón por la cual se generan conflictos.
En ese sentido, Talía Mejía Hernández, visitadora de la CDHDF, destacó que en el organismo existe la recomendación 10/2016 para el comercio informal, derivada de la queja de vecinos por la colocación de 20 tianguis que afectan el tránsito donde se ubican.
Sin embargo, puntualizó que la recomendación no pretende sólo señalar a los responsables, sino buscar canales para que el comercio informal se formalice y dar algunas líneas de solución, como contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe y apoye para mejorar los impactos viales que se generan por la colocación de tianguis.
Por su parte, los integrantes de Estudios Sociales de la UAM-Iztapalapa, Marlu Sánchez y Moisés Gallo, manifestaron que hace falta en la Ciudad de México, estudios actuales sobre el comercio informal, que lo describan y estudien para conocer de fondo la problemática.
Destacaron que dos de los problemas más graves por el comercio informal son los residuos sólidos que se generan y la obstaculización de calles y entradas a domicilio, situaciones que se deben resolver de la mano de las autoridades delegacionales.
Pero también, agregaron que los comerciantes informales pueden ser parte activa de esa regulación, en la que sean promotores de políticas públicas que busquen llegar a la Asamblea o al Congreso para poder ser discutidas y aprobadas.
Al hacer uso de la palabra, Alejandra Barrios, líder de comerciantes, denunció que los policías capitalinos amedrentan de manera constante a los comerciantes informales, les arrebatan sus pertenencias e incluso, los remiten al reclusorio.
Las delegaciones, dijo, también abusan de los comerciantes de manera económica, pues les cobran derecho de piso y después de tres meses los desalojan.
Por lo que propuso que los pagos sean directos a la Tesorería, como pequeños empresarios y, de esta manera, garantizar que el pago sea legal y por un tiempo específico.
Durante su participación, Diana Sánchez Barrios destacó la importancia de los comerciantes informales como generadores de empleo y su participación en la economía local.
Además, señaló que dentro del comercio informal se encuentran diversos sectores de la población con necesidades específicas, que no encuentran trabajo en otras áreas, como por ejemplo, débiles visuales, transexuales, personas de la tercera edad, madres solteras, entre otros.
Por lo que solicitó dejar de criminalizar el comercio informal, combatir el abuso de autoridad e incluir al comercio informal en políticas públicas que se generen mediante el diálogo y el consenso.
Por último, Miguel Ángel Huerta, líder de comerciantes, lamentó que el gobierno de la Ciudad de México desconozca la presencia de la delincuencia y del crimen organizado en las calles de la capital, pero sí reconozca que hay comerciantes en la vía pública y que pueden ir a la cárcel por el hecho de trabajar en las calles.
