Ciudad de México, México.— El fiscal especializado para la atención en delitos electorales, Héctor Díaz Santana Castaños afirmó que nadie tiene el derecho de condicionar el voto a un ciudadanos al firmar un convenio con dependencias federales para evitar probable desvío de programas sociales con fines electorales.
Con la finalidad de evitar el probable desvío de programas sociales hacia fines electorales y partidistas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) firmó el día de hoy con las Secretarías de Desarrollo Social y de la Función Pública, un adendum al convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana.
Este adendum, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación para el combate de los delitos electores, vigilar y supervisar que no se condicione la entrega de recursos y apoyos de programas sociales a cambio del voto, así como brindar capacitación en materia de blindaje electoral a los servidores públicos de ambas instancias del Gobierno de la República.
Dicho instrumento legal fue firmado por la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González; el Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña y el Fiscal Héctor Díaz – Santana Castaños.
Atestiguaron la firma de este compromiso el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, y el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.
En su mensaje, el titular de la FEPADE indicó que desde la firma del primer convenio, la colaboración interinstitucional ha sido constante entre el autoridad responsable de organizar el desarrollo del proceso electoral federal, la Secretaría a cargo de la política social, la Secretaría que promueve la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas de los funcionarios de la administración pública federal, y la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales.
Asimismo reconoció el compromiso y la sensibilidad de los titulares de las instituciones participantes destacando que “condicionar programas sociales además de violentar los derechos políticos de las personas, genera el empobrecimiento del orden político, de las instituciones democráticas y de la democracia misma”.
“Nuestro compromiso es coadyuvar para que las elecciones federales y locales sean limpias, imparciales y legítimas, y desde aquí le decimos a cada persona en el país, que nadie tiene derecho a condicionarle su voto”, finalizó.
