Ciudad de México, México.– El diputado Édgar Romo García (PRI) impulsa una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que los proveedores de bienes, productos o servicios y sus trabajadores, en ningún caso exijan o coaccionen a los consumidores el otorgamiento de propinas.
La iniciativa que adiciona el artículo 58 Bis de dicha norma, remitida a la Comisión de Economía, establece también que en los presupuestos o recibos de pago que emita el proveedor no se deberá incluir o sugerir el concepto de gratificaciones.
El legislador sostuvo que existen establecimientos mercantiles que, independientemente del buen o mal servicio que proporcionan, en muchos de los casos incluyen la propina en la cuenta, sin avisar, y en otras más la exigen o sugieren de forma verbal o escrita entre un 10 y un 20 por ciento de la cuenta total a pagar.
“Restaurantes, bares, discotecas, gasolineras, supermercados, tiendas de autoservicios, valet parking, entre muchos más establecimientos, realizan esta mala práctica”, agregó.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) este hábito se puede denunciar “toda vez que es motivo de multa de hasta dos millones de pesos, pues se trata de un cobro injustificado, ya que el total de la cuenta debe corresponder únicamente al del consumo”, precisó.
Si el responsable del lugar pretende que se pague la propina, porque es una “política del establecimiento”, el consumidor puede recordarle que se trata de una gratificación voluntaria y que no existe disposición legal alguna que obligue a darla, indicó el diputado.
Agregó que si amenaza con no dejarle ir o intimida mediante el uso de la fuerza hasta que se pague la propina, el ciudadano puede advertirle que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores tienen prohibido aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni fijar cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios.
Romo García también refirió que en el Acuerdo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 2016 y 2017, donde se promueven los derechos del consumidor, se destaca la no obligatoriedad en el pago de propina y mucho menos establecer un monto específico, pues se trata de una acción voluntaria.
Además, no deberán existir preferencias o realizar actos discriminatorios respecto a los consumidores que deseen o no otorgar propinas, destacó.
El diputado comentó que en otros países, como Japón, esta práctica no es permisiva, ya que es considerada un insulto; dar propina en esa nación representa querer demostrar superioridad.
Con esta propuesta, dijo el legislador, se le daría más fuerza coercitiva al concepto de propina, por lo que los consumidores tendrían la certeza y seguridad jurídica de que se trata de una gratificación que, de manera voluntaria, espontánea y discrecional, el consumidor otorga al personal que directamente lo atendió como estímulo por las atenciones recibidas.
