Ciudad de México, México.– El principal reto de los Estados es garantizar la seguridad de las personas migrantes que se encuentran en sus territorios, sostuvo el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quien destacó el contexto de incertidumbre que ha generado el endurecimiento de la política migratoria por el gobierno del Presidente Donald Trump en los Estados Unidos.
Al inaugurar, en el Área de Murales del Alto Tribunal, el Tercer Foro Regional sobre Asuntos Migratorios, en el que se premiaron las mejores Sentencias sobre Acceso a la Justicia de Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, en su versión 2017, lamentó la situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes mexicanos y latinoamericanos en el vecino país, pero también reconoció las violaciones a derechos humanos de quienes llegan a México en esa condición.
“México queda ubicado como un país de tránsito, destino, salida y retorno de migrantes. Aquí debo señalar que con frecuencia miramos con agudeza al norte, pero sufrimos de ceguera ante los migrantes que vienen del sur, a quienes, o invisibilizamos o damos el mismo trato que reprobamos a los del norte, esto es, un trato indigno derivado de prejuicios y estereotipos”, enfatizó el Ministro Presidente.
Ante Eduardo Ferrer Mac Gregor, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Jan Jarab y Mark Manly, representantes de la Oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, respectivamente; Álvaro Botero, Representante del Comisionado Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Nancy Pérez García, Directora General de Sin Fronteras; citó los riesgos que enfrentan los migrantes en el trayecto a su lugar de destino.
“Son víctimas de robo, maltrato, extorsión, secuestro, se ven sometidos a abuso sexual, violencia de género, trata de personas e inclemencias climatológicas. Muchas de estas
personas pierden la vida, sin que su familia conozca el sitio en el que quedaron sus restos, e inalcanzables sus sueños”, señaló en su discurso ante Dolores Jiménez, Embajadora de México en Honduras y Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de la SCJN, presentes también en la ceremonia.
En el caso mexicano, es Centroamérica la que provoca el flujo mayor de personas que, en una minoría, buscan permanecer en México y, en su gran mayoría, van de tránsito hacia los Estados Unidos, en busca del otrora sueño, hoy pesadilla americana, manifestó.
El reto principal para los Estados, subrayó, es garantizar la seguridad de los migrantes que se encuentran, en determinado momento, en su territorio, mediante el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la justicia, a la alimentación, a la salud y a la educación. El reto de los Poderes Judiciales es garantizar el acceso a la justicia.
Los casos de violaciones a derechos de migrantes no llegan a juzgados
En México, la violación a los derechos humanos de las personas migrantes por algunas autoridades migratorias, por la delincuencia organizada o por quienes dolosamente se aprovechan de su estatus, coloca a este grupo en una situación de vulnerabilidad que pone en permanente riesgo su vida, su integridad, su seguridad, su libertad y su dignidad como seres humanos, precisó el Ministro Presidente.
Lamentó que, hasta ahora, la gran mayoría de estas violaciones no llegan al conocimiento de órganos jurisdiccionales que pudieran solucionarlas, porque el migrante va de paso y no cuenta con los medios para una defensa adecuada, lo que lo sitúa en seria desventaja.
“Muchos carecen de la documentación que acredite su legal estancia en el país; desconocen la cultura, el idioma y desde luego la legislación del Estado al que no pertenecen, cuando enfrentan procedimientos normativos, carecen de un domicilio para recibir notificaciones o de los recursos para solventar los gastos de un defensor, ni saben de instituciones de defensoría pública, por lo que no ejercen su derecho de acceso a la justicia”, detalló.
En este escenario, destacó la labor de organizaciones no gubernamentales, que han sido claves para la judicialización de algunos casos que se han vuelto paradigmáticos, así como el trabajo desarrollado por la Defensoría Pública dependiente del Poder Judicial, pues en la medida en que se conozcan y resuelvan más casos, habrá más posibilidades de inhibir las conductas vejatorias y violatorias de derechos humanos.
La política migratoria de Estados Unidos impacta a toda Latinoamérica
El Ministro Aguilar Morales se refirió también al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos que no solo impactan a México, ya que en ese país hay millones de migrantes de origen latinoamericano en situación irregular, que los expone a la detención y a la deportación, muchas veces violenta y vejatoria.
“La situación es delicada incluso para aquellos que fueron beneficiados con el denominado Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) creado desde 1990. Gracias a ese estatus, se otorgaron permisos de residencia y trabajo a personas afectadas por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales. Sin embargo, la administración actual de los Estados Unidos los está dando por concluidos en perjuicio de salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, y haitianos, principalmente.”, expuso.
Los inmigrantes beneficiados por el TPS fueron 440 mil y de ellos el 80% son centroamericanos. Una gran mayoría tienen hijos estadounidenses y han permanecido en Estados Unidos durante más de 20 años. Incluso, lejos del estereotipo de delincuentes con que se les ha querido calificar, más del 80 por ciento trabajan y el 30% tiene autorizadas hipotecas por el sistema financiero de ese país. Hoy, con la política gubernamental, está en riesgo su patrimonio y lo construido en décadas, lamentó.
Y por si esto fuera poco, se suma el fin, anunciado por Donald Trump en septiembre pasado, del DACA (Programa de Acción diferida para llegados en la infancia). A los beneficiados del DACA se les conoce como “dreamers” y son en total un millón 240 mil jóvenes. Se trata de personas que fueron llevados de niños a Estados Unidos y que han crecido y estudiado en escuelas de ese país, explicó.
Dentro de este marasmo de incertidumbre, destacó el Ministro Presidente, calificó de alentadora la noticia del 9 de enero pasado de que un juez de San Francisco, William Alsup, suspendió en todo el país la decisión de la administración Trump de poner fin al DACA, hasta que terminen los litigios iniciados después de adoptar la medida. Incluso se reanudó la recepción de solicitudes en las oficinas migratorias, indicó.
Como esta resolución, agregó, en toda Latinoamérica existen sentencias que están constituyendo precedentes muy relevantes, por lo que exhortó a que jueces latinoamericanos de diferentes materias presenten sus sentencias a concurso para que se difundan las más paradigmáticas.
El Ministro Aguilar Morales destacó que en los últimos años la migración se ha ubicado como un tema de suma importancia en las relaciones internacionales y un complejo desafío en la atención de los asuntos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales tanto en los países expulsores, como en los de tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
“Quienes habitamos este planeta vivimos hoy lo que muchos llaman la mayor crisis de personas desplazadas, migrantes, refugiadas y apátridas desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas, sin más opción, huyen de la violencia, de conflictos armados y de la creciente precariedad existencial”.
De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, señaló, el número de personas que viven fuera de su país de origen llegó a 244 millones en 2015, un aumento de 41% con respecto al año 2000. Hay alrededor de 40 millones en migración irregular, por carecer de documentos oficiales que acrediten su estancia en un país diferente al de su origen.
Los factores que motivan el incremento de la migración regional e internacional son diversos, y abarcan desde las crecientes disparidades socio–económicas, las necesidades de reunificación familiar, la reiterada violación a los derechos humanos, la negativa al reconocimiento de derechos laborales, el aumento de la violencia por conflictos armados, e incluso desastres naturales.
Mediante el reconocimiento al trabajo de los juzgadores, el certamen busca incentivar el dictado de más resoluciones judiciales y sentencias emblemáticas que contribuyan a la protección amplia de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a cumplir con los compromisos internacionales firmados por México, a lograr una mejor administración de la migración entre los Estados de la región y, finalmente, a derribar barreras que impiden a los migrantes participar en la construcción de un mundo menos desigual, puntualizó el Ministro Presidente.
