Ciudad de México, México.– La Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Permanente avaló exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que continúe campañas de verificación e inspección en las casas de empeño del país y aplique las sanciones correspondientes, con el fin de prevenir posibles prácticas de abusos y engaños a la población, ante el incremento en la demanda de crédito en el mes de enero.
En un dictamen con punto de acuerdo avalado en su reunión de trabajo, se acordó solicitar a las entidades federativas realizar también campañas para verificar estas casas de empeño y, en su caso, aplicar las respectivas sanciones ante eventuales irregularidades.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen más de 8 mil casas de empeño y la Profeco solo tiene registro de 6 mil 861, de las cuales hay más de 5 mil 400 reguladas en el país, de las cuales 40 por ciento se sitúa en 5 entidades federativas: Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato.
El documento resalta que las casas de empeño han cobrado gran relevancia entre la población, derivada de los problemas económicos de los hogares y más cuando acaban de pasar las fiestas decembrinas; sin embargo, en fechas recientes se ha podido constatar que estas empresas no son la mejor opción para la búsqueda de un préstamo, debido a los excesivos intereses que cobran.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Casas de Empeño, las tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento. Se ha observado que los contratos que ofrecen no cumplen con los mínimos requeridos por la ley para poder darles certeza jurídica a las personas que los suscriben y solo beneficia a las otorgantes de préstamos prendarios, vulnerando la estabilidad económica de las familias.
Inhibir incrementos en materiales para la reconstrucción
La Tercera Comisión también aprobó un dictamen con punto de acuerdo, para que la Profeco fortalezca los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para la reconstrucción en las entidades que resultaron severamente afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a que sancione cualquier práctica que atente contra la libre concurrencia y competencia en el sector.
De acuerdo con el documento, en Oaxaca los precios de arena y grava se han disparado. Tan sólo en octubre se recibieron 81 quejas por alza de precios en productos básicos en las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos. La cifra más alta fue en la Ciudad de México, donde se reportaron 60 inconformidades.
Por ello, consideró esencial contar con estudios que permitan conocer las causas del aumento de los precios de materiales de construcción en los estados dañados donde la industria registró un importante incremento en la demanda de sus servicios y de los insumos para la reconstrucción.
Reforzar políticas relacionadas con creación de empleos
Además, se avaló exhortar a los gobiernos estatales para que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, refuercen las políticas públicas relacionadas con la creación de empleos de calidad.
Los legisladores subrayan que en la actualidad el desempleo figura como uno de los principales problemas de la sociedad, sobre todo cuando el empleo es el medio por el que cualquier ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas, sostener a su familia y vivir de forma digna, además constituye un requisito indispensable para el desarrollo económico y social de un país.
El acceso a un empleo seguro, productivo y remunerado de manera justa es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias. Por ello, es fundamental que la Secretaría del Trabajo y los gobiernos estatales consideren que una fuente de empleo permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza.
Desarrollo económico de la región sur-sureste
De igual modo, se acordó exhortar a las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a asistir al gobierno del estado de Quintana Roo en la elaboración de un estudio sobre la viabilidad para establecer un parque industrial con un régimen fiscal diferenciado, que permita acelerar el desarrollo económico de la región sur-sureste del país.
Los legisladores exponen lo esencial de elaborar un estudio sobre la viabilidad del establecimiento del parque industrial, incluyendo los posibles costos ocultos que éste tendría para el erario y el medio ambiente. Este recinto fiscal sería un mecanismo para mejorar la atracción de inversiones y detonar el desarrollo de la región.
Patrones de pesca actuales
Asimismo, la Tercera Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), considere realizar una evaluación de los principales recursos pesqueros en las zonas marítimas del país, así como el impacto que se tendría en tales recursos de continuar los patrones de pesca actuales.
Se menciona que en México, algunas de las principales especies pesqueras se encuentran sobreexplotadas o en camino a ello. Especies como el robalo, el huachinango y el atún aleta amarilla han sido reportadas con altos índices de explotación. De continuar la política actual, se pronostica que en 20 años la actividad pesquera producirá menos de la mitad de lo que obtiene hoy en día, destruyendo prácticamente todas las ganancias actuales y reduciendo el número de especies en casi 40 por ciento.
Informes sobre obras
Se avaló el dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, rinda un informe, en un plazo no mayor a 15 días hábiles sobre el avance en el cumplimiento de las obras realizadas en los estados de Jalisco, Campeche, Nuevo León y Veracruz con relación a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0313 313-DE, realizada por la Auditoria Superior de la Federación.
También, se le pide supervise y evalúe las áreas encargadas de gestión y operación del Programa de Caminos Rurales, con la finalidad de evitar una inadecuada aplicación de los recursos destinados para su operatividad.
