Ciudad de México, México.– El ex gobernador quintanarroense, Roberto Borge Angulo, quien fue extraditado formalmente a México a fin de que enfrente tres delitos entre, ellos lavado de dinero, fue recluido en el penal federal de Nezahuacóyotl para la audiencia inicial de su proceso.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que el día de hoy se formalizó la extradición del ex mandatario por su probable participación en hechos señalados por la ley como delitos; ante la federación por lavado de dinero, y por 3 causas locales por los ilícitos de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública (conforme se encuentran tipificados en la legislación del Estado de Quintana Roo).
El gobierno de México agradece cumplidamente al gobierno de Panamá su colaboración para hacer efectivos los compromisos asumidos por ambos países en el tratado de extradición celebrado en noviembre de 2004, al haber realizado las acciones para ejecutar de forma inmediata la orden de detención provisional correspondiente en contra del citado reclamado el pasado 5 de junio, y posteriormente, dar trámite y resolución a las solicitudes que fueron formuladas por nuestro país para obtener el día de hoy la entrega de quien era un fugitivo de la justicia mexicana.
El ahora extraditado, hizo valer diversos medios de impugnación en contra de su detención en Panamá y su eventual entrega a nuestro país, los cuales conoció la Corte Suprema de Justicia de Panamá, y de los que el reclamado no resultó favorecido, por lo que el procedimiento de extradición del que fue objeto se desarrolló con pleno respeto y observancia de sus derechos humanos y al debido proceso establecido en la normatividad aplicable.
Con estas acciones, el gobierno de México cumple sus compromisos de trabajar con objetividad e imparcialidad para el fortalecimiento de la procuración de justicia, a fin de que las fronteras no sean un obstáculo en lograr que los transgresores de la ley rindan cuentas a la justicia que los reclama.
