Ciudad de México, México.– La Secretaría de Educación Pública (SEP) acepta la recomendación 63/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el derecho a la educación y al principio superior del menor, con motivo de la infraestructura física educativa de 29 planteles escolares ubicados en la Ciudad de México, derivado de diversas quejas que fueron acumuladas.
Asimismo, se informa que se remitirán oportunamente las pruebas que acrediten el cumplimiento de la recomendación.
En la respuesta, firmada por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, Miguel Augusto Castañeda Fernández, en nombre y representación del secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, se manifiesta la coincidencia de la SEP con la CNDH respecto de que parte fundamental del derecho a la educación también se compone de brindar una infraestructura educativa que garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Asimismo, se indica que esto es un componente primordial para la educación, debido a que los espacios escolares son también lugares de convivencia, donde se expresan y desarrollan las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar, lo que incide finalmente en poder brindar una educación de calidad.
En la respuesta dirigida al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se precisa que en lo que corresponde al gobierno federal, en esta administración se han realizado inversiones en la infraestructura física educativa por 66 mil 832 millones de pesos, que han beneficiado a más de 16.1 millones de alumnos, a través de los siguientes programas: Escuelas al CIEN, 33 mil 962 millones de pesos; de la Reforma Educativa, 15 mil 716 millones de pesos; Escuelas Dignas, 8 mil 254 millones de pesos; Inifed SEMS, 2 mil 200 millones de pesos, y Fondos de Infraestructura Física SEMS, 2 mil 200 millones de pesos.
En la respuesta se destaca que en materia de infraestructura educativa y derivado del Federalismo que impera en el país, hay concurrencia de competencias y facultades para atender, proveer y vigilar dicha infraestructura, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Se plantea que en ese sentido, es claro que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas leyes federales y de la Ciudad de México se destinan presupuestos en los tres niveles de gobierno que participan en la infraestructura educativa, por lo que se estima que resulta necesario celebrar acuerdos y convenios para canalizar los esfuerzos y recursos, con la finalidad de que la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
En razón de lo anterior, la SEP, consciente de la responsabilidad que la ley le confiere y asumiendo plenamente el compromiso de brindar a los educandos instalaciones con infraestructura adecuada para la prestación de los servicios educativos a los que tienen derecho, ya ha firmado convenios de coordinación con diversas autoridades, entre las cuales se encuentran las de la Ciudad de México, e incluso el pasado 11 de diciembre de 2017, se creó el Comité de Revisión y Fortalecimiento Periódico y Permanente del Estado Físico y de Necesidades de Conservación, Prevención y Mejoramiento de todas las instalaciones educativas públicas en la Ciudad de México, lo cual evidencia el ánimo para actuar y canalizar esfuerzos como atinadamente lo señala la CNDH.
En cuanto a los 29 planteles de los que derivaron los expedientes de quejas y que dieron origen a la Recomendación recibida, y a fin de poder brindar una infraestructura educativa que garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos, se precisa que la SEP ya ha realizado diversas acciones de coordinación tanto con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, como con las autoridades educativas de la Ciudad de México, lo que se ha materializado en el hecho de que la mayoría de esos planteles ya se encuentran siendo beneficiados con anterioridad a la emisión de la Recomendación, con algún programa que impacta en la canalización de recursos y esfuerzos por parte de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno antes señaladas.
