Ciudad de México, México.— Al someterse a votación la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública que pretende eliminar las policías municipales en el país, los opositores al PRI y sus aliados rompieron el quorum y se suspendieron los trabajos legislativo. El presidente de la Mesa Directiva, Carlos Ramírez Marín acusó a los integrantes “Por México al Frente” y Morena de darle más prioridad al interés electoral que a los legislativos.
Los diputados tienen pendiente elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación y terminar de votar la propuesta de consulta popular, a una sesión de concluyan los trabajos en la Cámara de Diputados.
Ramírez Marín dijo que los diputados de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y Morena mostraron que “tiene más peso el interés electoral que los intereses legislativos”, al romper el quórum de la sesión de este jueves, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Indicó que con esa actitud evitaron que se aprobara la consulta popular sobre el modelo policiaco en los estados.
“No amaga, sino qué consuma su amenaza, una vez más vemos que interés electoral tiene más peso que los intereses legislativos”, externó.
Ramírez Marín aseguró que la sesión de mañana jueves se reanudará “en el punto en el que se quedó (cuando se votaba el dictamen sobre la consulta popular), veremos pues hasta dónde llega la mayoría del otro bloque”, el del PRI y el PVEM, quienes propusieron dicha iniciativa.
Dijo que ve “imposible” que mañana jueves concluya el período de sesiones, como se tenía previsto; sin embargo, “los coordinadores tienen la última palabra”.
Lamentó que las posturas de algunos partidos pongan “al Congreso en esta dinámica de bloques y no de legisladores”.
Señaló que este dictamen, de aprobarse en la Cámara de Diputados, aún tiene que pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emita su opinión.
“Impedir que se vote es más que nada un gesto dramático (de la coalición Por México al Frente)… además de inútil, pues es solamente un juego superficial y frívolo, para decir aquí estamos”, añadió.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó previamente el orden del día de la sesión de este miércoles, “lo programó la Junta, en dónde están representados todos, llegaron a esta sesión con el acuerdo de votarlo y el capricho de quien sabe quién terminó reventando la sesión, habría que averiguar quiénes pesan más que los acuerdos de los coordinadores”.
También destacó que con esta situación se ponen “en riesgo todos” los asuntos legislativos pendientes, como el nombramiento del auditor Superior de la Federación (ASF), la instalación de la Comisión Permanente, la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” a la ex canciller Rosario Green Macías.
La terna para el nuevo auditor fue aprobada por unanimidad, “ya había un acuerdo para nombrarlo, así es que si no hay o no ocurre, lo que está pasando es que hay intereses electorales más importantes para algunos partidos que el cumplir con sus obligaciones en la Cámara de Diputados, prefieren sesgo electoral, el chantaje electoral, que cumplir con sus obligaciones en la Cámara”.
Antes de suspenderse los trabajos legislativos, diputados de diversas bancadas externaron sus posiciones sobre el dictamen que busca declarar procedente la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública, en el tema del modelo policiaco en los estados, y quedó pendiente su votación.
El documento argumenta que actuar de otra manera no sólo limita los derechos de los ciudadanos, sino además les resta corresponsabilidad en la toma de decisiones en materia de seguridad pública, negándoles el derecho a la consulta popular sobre un tema estratégico.
Considera como asunto de trascendencia nacional este tema y refiere que la petición de consulta fue suscrita por 203 diputados de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM, la cual se presentó el pasado 15 de septiembre y turnada a la Comisión de Gobernación, el 19 de ese mismo mes.
En ella, los legisladores proponen la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?
La Comisión de Gobernación llegó al acuerdo de que “es procedente la consulta popular planteada, como una posible solución a los problemas que persisten en las instituciones policiales, lo cual resulta positivo dentro del contexto de los procesos de modernización del sistema de seguridad pública, que han dotado a la población de instrumentos legítimos de participación, democratización y gobernanza, para ejercer en corresponsabilidad con el Estado la función de seguridad pública”.
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), expresó que durante los últimos años el estado de la seguridad pública en el país ha constituido una seria y justificada preocupación de la sociedad mexicana.
Mencionó que investigadores y especialistas en el tema han señalado que el Sistema de Seguridad Pública en México, por una diversidad de razones, tiene problemas serios de coordinación y eficacia. “La percepción de inseguridad es muy, muy alta”.
Seis de cada 10 mexicanos, expuso, consideran la seguridad pública como el principal problema que nos aqueja.
La participación de las y los mexicanos en la transformación de las instituciones ha sido clave y debe serlo también en la consolidación de un modelo de seguridad pública más democrático y horizontal, en el cual la toma de decisiones en torno a todo lo que le afecta involucre, precisamente, a los ciudadanos.
“Necesitamos que las personas puedan estar en el centro de la toma de decisiones, y sin duda, la inseguridad es una de esas cuestiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros en los aspectos de los más apremiantes”, añadió.
Guillén Vicente dijo que por ello se consideró procedente la petición de consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública, para generar mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma –de manera congruente– con los nuevos enfoques de seguridad democrática.
Argumentó que la participación ciudadana en la seguridad pública que provee el Estado, genera mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma y éstos son factores fundamentales para la construcción de consensos, así como a la preservación del orden y la paz social.
Ese, dijo, es el motivo “por el cual estimamos que someter a consulta popular el actual modelo de seguridad pública en los términos que señala el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, es una acción congruente con los nuevos enfoques de seguridad pública democrática impulsados por el Estado en corresponsabilidad con la sociedad”.
En los posicionamientos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) calificó la propuesta como “absurda y ridícula”, además es “ilegal, imprudente y ofensiva”.
Subrayó: “Estamos ante una terrible y notoria contradicción, definitivamente la ley prohíbe ese tipo de consulta con ese tema. Además, prohíbe que se pregunten cosas, incluyendo juicios de valor”.
De Morena, el diputado Rene Cervera García expresó que las consultas no deben ocurrir en medio de los procesos electorales.
“Estamos en contra del dictamen, porque pone una boleta más en las urnas del próximo proceso electoral y eso solo contribuirá nuevamente a la confusión, y será un elemento que podría manipular la voluntad del pueblo. Estamos volviendo un eje de discusión electoral, un tema que tiene que ver con otras preocupaciones”.
El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) puntualizó que se requiere una clase política que tome decisiones, que garantice a la ciudadanía seguridad en sus vidas y bienes, que retire progresivamente a las Fuerzas Armadas de varias zonas del país y asuma de frente su responsabilidad de garantizarles seguridad pública, con mando civil. “Eso es lo que quieren ocultar con esta pretendida consulta popular”.
Jorge Ramos Hernández, diputado del PAN, resaltó que es inconstitucional esta medida, ya que la Carta Magna establece que en materia de seguridad nacional no puede haber consulta popular.
“Bonita cosa trivializar el debate entre si hay 32 mandos o mil 800 policías, cuando saben perfectamente que en la reforma el Mando Mixto policial profundiza mucho más que en la trivialidad de quién es el que manda. Al PAN le importa policías limpias, bien pagadas y que los criminales que se prestan para la complicidad estén en la cárcel”.
Por el PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado destacó que lo que se busca es que con mucha transparencia y claridad la sociedad aporte su punto de vista de lo que se propone.
“Estamos convencidos de que la voz de las y los ciudadanos es la máxima expresión de la soberanía popular. No vamos a permitir que una frustración individual o personal lastime más, lo que la sociedad demanda, que es una libre participación”.
Al hablar en contra, el diputado David Gerson García Calderón (PRD) señaló que su grupo no está en contra de las consultas populares, sino de este albazo legislativo.
“Lo que se pretende aprobar no es una iniciativa o no es un dictamen donde en verdad se le quiera consultar al pueblo algo que nos va a beneficiar. No, lo que el PRI quiere hacer hoy y sus aliados, es ocuparlo como un tema electoral y desde aquí les decimos que no lo vamos a permitir porque el tema de la seguridad nacional es muy delicado y lo tenemos que revisar de manera muy técnica”, añadió.
El diputado Francisco Escobedo Villegas (PRI) manifestó que de las mil 800 corporaciones de policía municipal que existen en el país, casi nueve de cada 10 funcionan con un cuerpo policiaco menor a 100 elementos, y muchas de ellas tienen cuatro o cinco elementos de policía, por lo que carecen de la capacidad humana para hacer frente a muchas de las amenazas.
“Aprobemos este dictamen porque esto asegura que este tema de mando provenga de un mandato de origen, aquél que sólo otorga el pueblo”, apuntó.
Jorge Álvarez Maynez, diputado de MC, resaltó que el PRI no ha dado resultados en materia de inseguridad, 2017 es el año con más muertes, inseguridad y violencia en la historia reciente del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que se cambie de estrategia de seguridad. “Si quieren consultar, ¿por qué no consultan a las organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones que se han pronunciado sobre este tema?”.
Del PVEM, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda indicó que es fundamental escuchar a la nación y a la ciudadanía, sobre su opinión de qué modelo de seguridad quiere y que a los siguientes diputados y el próximo Ejecutivo “no se le olvide que una de las prioridades es cambiar el modelo de seguridad”.
El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN) añadió que esta propuesta es una incongruencia legal y constitucional. “Venimos a defender el federalismo y hablar a favor de los municipios de México. En 200 ayuntamientos de este país se concentra el 85 por ciento de la población y quiero decirles que esos 200 tienen la suficiente capacidad para afrontar el problema de la seguridad si tuvieran las herramientas correctas. La discusión está errada”.
Braulio Guerra Urbiola, diputado del PRI, resaltó que no existe un ejercicio más democrático, que involucra a los Poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Congreso, a la Corte y al pueblo de México para tomar una decisión sobre su futuro. “Nosotros sí le hacemos frente y le damos la cara al pueblo para que podamos decidir democráticamente un asunto entre todos los mexicanos”.
Previamente a los posicionamientos, se rechazó una moción suspensiva impulsada por el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), para detener su discusión y devolverlo a la Comisión de Gobernación, al considerar que esta propuesta “es inconvencional, inconstitucional e ilegal”.
Luego de la discusión, se procedió a la votación del dictamen de la Comisión de Gobernación por cinco minutos.
Transcurrido el lapso, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín dijo: “Estimados amigos, no habiéndose alcanzado el quórum necesario, de conformidad con el numeral 3 del Reglamento de la Cámara se declara un receso de 15 minutos con objeto de verificar el quórum. Durante ese tiempo seguirá abierto el sistema electrónico de votación”.
El diputado Ramírez Marín levantó la sesión y citó a la que tendrá lugar este jueves 14 de diciembre, a las 10:00 horas, y comentó: “recordando a ustedes que continuaremos el procedimiento”.
