Ciudad de México, México.– Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) ha instrumentado varios mecanismos y suma esfuerzos con otras instituciones para garantizar el voto libre y secreto, existen maquinarias muy eficaces de todos los colores, que compran y coaccionan el voto, coincidieron analistas que participaron en el Seminario Internacional Política y Dinero: Democracias Vs Corrupción, organizado por el INE.
Al moderar el panel titulado “Clientelismo, compra y coacción de voto”, la consejera Adriana Favela, señaló que el clientelismo electoral fue el segundo delito más denunciado en las elecciones presidenciales de los últimos años.
“Como INE hemos instrumentado varios mecanismos, hemos firmado distintos convenios con autoridades como la Auditoría Superior de la Federación, con el IMSS, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT y otras, para sumar esfuerzos para garantizar el voto libre y secreto”, aseguró.
Agregó que en lo que va del año y tomando en cuenta el informe mensual de actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a octubre de 2017, se abrieron mil 290 carpetas de investigación, donde el clientelismo, compra y coacción del voto sumó 449 carpetas o denuncias iniciadas.
Ante los panelistas Jesús Cantú, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey; Kenneth F. Greene, profesor asociado de la Universidad de Texas en Austin; Clara Jusidman, presidenta fundadora de Incide Social; Jorge Javier Romero, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); la consejera electoral mostró su extrañeza porque un acuerdo del Consejo General del INE, aprobado de manera recurrente para ejercer la facultad de atracción y garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos de equidad en la contienda de los Procesos Electorales 2017-2018, el TEPJF lo impugnó y revocó.
Jesús Cantú, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, dejó en claro que “no basta que el voto sea secreto; la población tiene que percibir que el voto es secreto porque de lo contrario se vuelve totalmente susceptible a la compra y coacción el voto”.
Citó un estudio que revela que alrededor de un 20 por ciento de la población es susceptible de que se le compre el voto y el 52 por ciento de la ciudadanía considera que su voto no es secreto.
“La compra y coacción del voto es una realidad; hoy ya no es una estrategia generalizada, es muy focalizada en secciones en donde el voto es más volátil, los bastiones, los no bastiones y creo que será una de las principales estrategias de campaña del 2018”, sostuvo, al tiempo que externó su confianza en que autoridades electorales y la sociedad pueden evitar el impacto de estas prácticas.
En su intervención, Kenneth F. Greene, profesor asociado de la Universidad de Texas en Austin, subrayó que las maquinarias políticas han demostrado ser “muy eficaces porque pueden violar la libre expresión del voto mediante los beneficios electivos”.
Sin embargo, puso en duda su efectividad, pues las campañas pueden hacer fallar el intento de comprar votos, porque el tipo de votante puede cambiar entre el comienzo de las campañas y el día de las elecciones, además de que influyen factores como las redes sociales, medios de comunicación y otros.
“Ignorar la compra de votos, no estudiarlo, comprender si tiene o no una influencia en los resultados electorales, llevaría a una tierra de sospechas y de teorías de conspiración”, estableció.
A pesar de que se han aprobado diversas leyes en la materia “hay una compleja institucionalidad” y el asunto más difícil de controlar para lograr una verdadera equidad en las contiendas electorales es el flujo de recursos privados en las campañas y el uso de los programas sociales para comprar o condicionar el voto, dijo Clara Jusidman, presidenta fundadora de la organización Incide Social.
La opacidad priva en el manejo y uso de los programas sociales, afirmó. Añadió que en las últimas administraciones federales “la apuesta de los programas sociales y sus recursos al servicio de los partidos y de los políticos con aspiraciones a puestos de elección popular se prepara con mucha antelación a los procesos electorales”, en suma, afirmó, se administra la pobreza.
Ello, con el objetivo de asegurar que se mantengan en el poder quienes derraman beneficios a sus clientelas. “Los programas al final están al servicio de los que los crean y los operan para allegarse un patrimonio propio y una clientela personal que les permita mantenerse en posiciones de poder político, para continuar incrementando su patrimonio y clientela, ocurre en administraciones públicas de todos los partidos”, agregó.
Jorge Javier Romero, profesor-investigador de la UAM, fue claro y afirmó que “no hay duda de que en México todos los partidos políticos utilizan estrategias de intento, de compra del voto, ya sea a través de beneficios electivos durante la campaña o desviando los programas sociales”.
Coincidió con Kenneth F. Greene en asegurar que la eficacia de la estrategia es muy baja como mecanismo para ganar una elección, “es una estrategia extremadamente cara y extremadamente ineficiente, pero la usan porque tienen recursos”.
Sin embargo, consideró que esta práctica mina la legitimidad de los procesos electorales, porque si bien, no necesariamente definen la elección, sí definen la protesta post electoral y da herramientas a quienes se sienten agraviados para cuestionar la elección.
