Ciudad de México, México.– La Comisión de Transportes analiza un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales a que adecúen su legislación sobre la guarda y custodia de vehículos que ingresan a los depósitos por la comisión de infracciones, a fin de disminuir de tres meses a 45 días naturales los tiempos de venta de automotores en situación de abandono.
En un punto de acuerdo, su promotora, diputada María Verónica Agundis Estrada (PAN), expuso que por el proceso burocrático, los lapsos para la enajenación de vehículos abandonados en los llamados corralones en ocasiones superan los 365 días.
La modificación a la normatividad podría traer beneficios como la reducción de costos administrativos y por almacenamiento, desalojo de los depósitos, reutilización de unidades para el bien común de la localidad y/o subasta pública avalada por un consejo ciudadano, entre otros.
“Esta propuesta sería aplicable sólo en los casos en los que el dueño o representante legal no se presente o que en 45 días naturales no logre comprobar la propiedad del vehículo o que se encuentre en algún proceso legal o administrativo para su retiro”, detalló.
Sugirió la clasificación de las unidades por vehículos aptos para circular y chatarras, con el objeto de obtener las mejores condiciones económicas de valor estimado, que aporten al erario público en favor de las localidades. Los fondos recaudados podrían ser utilizados para la adquisición de camiones recolectores de basura, patrullas, ambulancias o carros de bomberos.
Con los automotores considerados chatarra, se podrían realizar convenios, a través de empresas recicladoras debidamente certificadas, de comercialización de fierros, plásticos, aluminio, baterías, piezas automotrices y llantas, para evitar conflictos en ventas directas de posibles vehículos robados.
Aseguró que los depósitos vehiculares enfrentan grandes problemas de hacinamiento, deterioro de sus instalaciones, pésima infraestructura, personal insuficiente, inseguridad, condiciones insalubres, saturación de espacios y apilamiento de automotores.
Tal circunstancia, abundó, “también tiene que ver con la corrupción existente en las policías locales, en las que, en algunos casos, los altos mandos de las corporaciones obligan a los oficiales a remitir e ingresar a los “corralones” de dos a seis vehículos por día”.
La diputada refirió que en la Ciudad de México existen 32 depósitos vehiculares, también llamados corralones, en los cuales entra un promedio de 80 unidades diarias y salen 30 en un plazo mínimo, lo que “puede suponer que el abandono puede llegar a ser de un promedio de 40 a 50 por ciento o más por distintas causas”.
Resaltó que en el Código Administrativo del Estado de México, el abandono es declarado a los tres meses de la notificación, a excepción de los que se encuentren en proceso judicial; el mismo caso aplica para el municipio de Puebla, en el artículo 162 Bis del Código Fiscal y presupuestario, y así sucesivamente en diferentes órdenes jurídicos de muchos ayuntamientos del país.
La sobresaturación de los corralones, relató, trae consigo varios factores negativos como costos administrativos de entre 40 y 50 pesos diarios por unidad, contaminación ambiental y visual, riesgos sanitarios por acumulación de basura y agua estancada que crean mosquitos, roedores y otras especies dañinas para la salud.
Además, podrían darse posibles siniestros al contener gasolinas y aceites flamables, sin dejar de lado el deterioro de los vehículos por el paso del tiempo y la rapiña ilegal que genera cuantiosas ganancias; a pesar de que al entrar a las instalaciones de los depósitos se realiza un inventario, por encontrarse muchas veces estos lugares sin protección limítrofe, individuos externos e internos aprovechan la oportunidad en beneficio propio o grupal.
Agundis Estrada mencionó que con frecuencia los propietarios o representantes no logran acreditar la propiedad, o cuando sí lo hacen, son tan elevadas las multas que superan el valor del vehículo y prefieren perderlo o no reclamarlo.
“Esta situación hace que se mantenga el carro en el depósito hasta por 10 años, y cuando las autoridades tienen la facultad de adjudicarlo y venderlo, ya sólo es una chatarra inservible que pierde su valor hasta en un 95 por ciento”.
