Ciudad de México, México.— Ante lo discriminatorio y violatorio de los derechos humanos el artículo 156 del Código Civil Federal, la Comisión de Justicia analiza una iniciativa del diputado Marco Antonio Gama Basarte (PAN) que plantea reformar el ese artículo civil federal, a fin de eliminar, como impedimento para celebrar el contrato matrimonial, al padecer impotencia para la cópula y enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, aunque se tenga previo conocimiento y libre consentimiento expreso de ambos contrayentes.
El legislador sostiene que si bien el matrimonio a nivel jurídico es un contrato civil entre dos personas que reúnen los requisitos legales para casarse establecidos por el Estado, resulta necesario puntualizar que el deseo de contraer nupcias no necesariamente se encuentra ligado a la posibilidad de reproducirse o formar una familia.
La actual legislación resulta altamente discriminatoria, toda vez que limita a las personas con alguna enfermedad o discapacidad, a unirse en matrimonio y es violatoria de los derechos humanos.
Aclaró que existen impedimentos legales y morales para celebrar el vínculo matrimonial, considerados como incapacidades absolutas o relativas, establecidas en la actual legislación que entrañan la nulidad del acto, como edad mínima requerida, salud mental y física, incapacidad jurídica, vínculos de parentesco directo o adopción, entre otros.
Es fundamental adecuar el marco normativo para que si las partes contrayentes tienen el conocimiento y manifiestan su voluntad de llevar a cabo el vínculo matrimonial, a pesar de las causales señaladas, éste les sea permitido, puesto que estas quedan rebasadas por los avances tecnológicos de la medicina actual.
Por ello, el diputado Gama Basarte manifiesta que ningún ordenamiento normativo debe impedir un matrimonio a personas con enfermedades de transmisión sexual, hereditaria o contagiosa, y aquellas que sea por impotencia, o alguna otra condición, involucra una evidente intromisión arbitraria por parte del Estado en la vida privada de los ciudadanos.
“Se debe atender esta modificación, ya que el resultado último es la negación del principio básico de igualdad y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, lo cual contraviene a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, concluyó.
