Ciudad de México, México.– La Cámara de Diputados y el Senado de la República, coordinados con la sociedad civil, deberemos de trabajar a manera de parlamento abierto para cumplir con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió la vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
Ante la resolución de la Corte que mandata al Congreso de la Unión a cumplir a más tardar el 30 de abril de 2018 para establecer la ley secundaria en materia de publicidad oficial, la legisladora federal subrayó que el gasto en publicidad no es malo, pero debe haber criterios claros de asignación para proteger la libertad de expresión y la transparencia, evitando que se utilice como un mecanismo de censura y extorsión a los medios, el clásico -no te pago para que me pegues- debe quedar atrás.
Señaló que la actual legislatura tiene la responsabilidad y la oportunidad de establecer en la Ley, las herramientas para proteger la libertad de expresión de quienes se dedican a la tarea de informar y de salvaguardar el derecho a la información de la sociedad.
Existen, dijo, cerca de 15 iniciativas que se han presentado por diversos grupos parlamentarios, sin embargo es un tema que está en transitorios y no se ha alcanzado el consenso, sin embargo, ante el mandato de la corte, tenemos el catalizador para lograr de una vez por todas, que miles de millones de pesos que son utilizados anualmente de manera oficiosa y sin sentido para el bien común, quede erradicado en nuestro país.
Resaltó que se debe de privilegiar el gasto publicitario en lo útil para la sociedad como las campañas de salud, protección civil, seguridad, etc y evitar la promoción de las figuras personales.
No es posible que el presidente Peña haya destinado en éste año, 9 mil millones de pesos para su imagen, es una afrenta a las necesidades de la nación y no debe de suceder nunca más, señaló.
Talavera Hernández adelantó que las modificaciones al 134 constitucional deberán de cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos aprobados.
Recordó que el argumento de la SCJN sobre la resolución del amparo de artículo 19 señala que la omisión de expedir la ley, viola la libertad de expresión, de prensa y de información; este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.
Explicó además que los magistrados argumentaron que la ausencia de regulación en publicidad oficial, propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión y el derecho social de estar informados sin cortapisas.
Agregó que la legislación deberá establecer las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social.
Puntualizó que como nunca en la historia nacional, la transparencia en el uso de los recursos públicos debe ser pilar para abatir las viejas prácticas del poder en turno y transitar a una democracia participativa que permita la colaboración y participación de la sociedad en la construcción de una sociedad más equitativa.
