Ciudad de México, México.– El gobierno mexicano comprometió investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, en los términos establecidos en la ley y así, cerrar cualquier espacio de impunidad.
En esos termino, las autoridades respondieron al informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sobre “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación y la PGR, las autoridades mexicanas rechazan a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio.
Se comprometieron a impulsar investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a las garantías fundamentales de las personas.
También defendieron las labores de las fuerzas armadas de México en lo que hace a asistencia humanitaria y acciones en apoyo a las autoridades civiles en el combate al crimen organizado.
Las fuerzas armadas cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado Mexicano, añadió el comunicado conjunto de las autoridades mexicanas.
El marco jurídico que rige la jurisdicción militar, para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.
El gobierno de México insistió en que la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas.
Pidió que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde Estados Unidos hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.
También demandó establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.
En su informe, Wola señala que la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente.
Los soldados, agregó, que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.
